La sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Concello de Santiago en su disputa con los Franco por la propiedad de dos estatuas atribuidas al Mestre Mateo y pertenecientes a la Catedral desató la euforia del gobierno de la ciudad, pero también de quienes, hace ya ocho años, decidieron iniciar una pelea jurídica que antes de este giro, “casi inesperado”, dejó frustración, humillaciones y un par de sentencias incomprensibles. Por eso, según el abogado que lideró todo el proceso, Xaquín Monteagudo, la alegría este jueves era “cuádruple, porque los fracasos fueron muy amargos”. Visto en perspectiva, la historia de esta cruzada pionera contra los herederos del dictador les parece una “antesala” de los comportamientos judiciales que amparan causas iniciadas desde la ultraderecha. O, al menos, es así como lo entiende quien tomó la decisión política de internarse en aquella senda tan poco transitada, el exalcalde compostelano Martiño Noriega.

El origen de esta guerra hay que buscarlo en 2016, cuando al ayuntamiento de Santiago se le pide que colabore en una gran exposición sobre el creador del Pórtico de la Gloria que se inauguraría en noviembre en el Museo del Prado. Noriega llevaba apenas un año en el cargo. El gobierno de Compostela Aberta era una de las alcaldías rebeldes que tomaron las tres ciudades de la provincia de A Coruña con la subida de las mareas municipalistas. Pero no es el consistorio el único que se sube al carro. También lo hacen los Franco, que ceden para la muestra dos figuras procedentes del Pazo de Meirás: las representaciones de los profetas Isaac y Abraham —o, según otras fuentes, Jeremías y Ezequiel—, que formaron parte del conjunto escultórico original, antes de la construcción de la actual fachada de la catedral, la que deja la vista icónica desde la Praza do Obradoiro.

Es entonces cuando el regidor escucha por primera vez que esas piezas pertenecen al ayuntamiento. Tras ser retiradas de su ubicación inicial, acabaron en el pazo del conde de Ximonde, en el concello vecino de Vedra. En 1948, un documento notarial atestigua que la ciudad de Santiago las adquirió por 60.000 pesetas a un propietario que sólo puso una condición para la venta: que nunca podrían salir del término municipal. Seis años después, ese compromiso se rompió. Según los denunciantes, por un capricho de la esposa de Franco, Carmen Polo, y un alcalde que quiso satisfacerlo.

La versión de los historiadores recogida en la demanda fue que, en 1954, el entonces regidor Enrique Otero quiso “satisfacer el deseo” de la mujer del dictador de poseer ambas estatuas, tras descubrirlas en una visita oficial al Pazo de Raxoi, la sede del consistorio. De forma unilateral “y casi clandestina”, sin ningún documento que atestigue la operación, Isaac y Abraham fueron trasladados a Meirás, la residencia de verano de los Franco. Allí siguen hoy, entre muchos otros bienes en litigio.

Estatuas de Isaac y Abraham, obras del Maestro Mateo

Noriega depositó el peso de la demanda en su hombre de confianza en temas legales. Xaquín Monteagudo, abogado de gran prestigio y apellido ilustre: su hermano Henrique es el actual presidente de la Real Academia Galega; su hermana María fue alcaldesa de Muros, su localidad natal, por el PP. Secretario municipal por oposición, Quin, que ya había asesorado a Noriega cuando este gobernó Teo —el concello de 20.000 habitantes desde el que dio el salto a la capital—, dejó su plaza en Outes para hacerse cargo de la asesoría jurídica del ayuntamiento de la capital gallega cuando el líder de Compostela Aberta empuñó el bastón de mando.

En esa batalla, el veterano abogado no iba a estar solo. Lo acompañaba otro letrado curtido en las luchas contra gigantes: Pedro Trepat, uno de los representantes de Nunca Máis en la causa del Prestige. El asesoramiento histórico corría a cargo de Ricardo Gurriarán. A él le tocó reconstruir el expediente y demostrar que nunca había existido un documento que amparase “la fuga” de los profetas pétreos. Entre los que lo ayudaron, el catedrático de Historia Contemporánea que dirigió su tesis: Lourenzo Fernández Prieto. Con este respaldo se plantaron en 2019 en el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, convencidos de tener el caso atado y bien atado. No podían estar más equivocados.

Xaquín Monteagudo, a la derecha, durante la vista en Primera Instancia

La primera humillación

“Nunca me atracaron como aquel día”. Noriega recuerda la frustración que sintió en aquella sala, a la que acudieron con un expediente “perfectamente armado”. Tanto él como Monteagudo hablan, sin ambages, de humillación. “En el ayuntamiento teníamos documentación clara y exhaustiva y ellos carecían de todo, por eso nos parecía una cuestión fácil y simple. Claro, una vez llegas al juicio y te tratan tan mal dudas si fuiste demasiado optimista o es que la administración puede funcionar de manera tan terrible”.

“La hostilidad del juzgado era palpable. Ni siquiera se guardó esa apariencia de imparcialidad que se procura mantener”. Los dos coinciden en ejemplificarla en el acoso sufrido en el interrogatorio a uno de los peritos, el historiador Ramón Yzquierdo Perrín, “en aquel momento, el mayor experto sobre la Catedral”. Un profesor universitario, de conocido perfil conservador, al que no le importó embarcarse en una aventura “con aquella panda de rojos”, como recuerda el exalcalde.

“Lo humillaron. Sólo les faltó llamarle viejo chocho”. “Le denegaron pruebas e interrumpieron continuamente su declaración”. Hubo momentos de auténtico surrealismo, como cuando Yzquierdo recordó que las primeras noticias de las estatuas en el siglo XX las dio el arqueólogo Xesús Carro en un artículo, con fotografías, en la revista Nós. El abogado le pregunta si vio las fotos y él enarbola un ejemplar de la revista. “Las tengo aquí”. La jueza —después volveremos a la jueza— no permite que esa afirmación conste en acta porque, aunque el perito tiene las fotos, ella “no las vio”.

“Nunca en mi vida había palpado un ambiente tan poco imparcial en Galicia. Después de más de treinta años en la abogacía, fue un despertar”, rememora Monteagudo. “Recuerdo salir y decir ‘no hay nada que hacer’ y Trepat me insistía en que jurídicamente teníamos razón”. Pero el pálpito del alcalde no fallaba. “Dictaron la sentencia por lo que la dictaron”, asegura, sin demasiado cripticismo, Monteagudo.

Copia de la escritura de venta de las estatuas al Ayuntamiento de Santiago

Interludio: la jueza

Días después de esa sentencia, Fernández Prieto se refiere al caso en uno de sus artículos en La Voz de Galicia. En él, desvelaba los antecedentes familiares de la jueza Adelaida Medrano Aranguren, tras una investigación “en las colecciones del ABC, el ¡Hola! y el BOE” que le permitió encontrar como testigos de la boda de sus padres —el capitán Medrano y la señorita Aranguren— “al secretario particular y primo del dictador Francisco Franco, Salgado Araújo, Pacón, además de Luis Carrero Blanco, Camilo Alonso Vega o Agustín Muñoz Grandes, entre otros jerarcas de la dictadura”.

“Estaban allí porque Carmelo Medrano, padre del novio, subsecretario del Ministerio del Ejército en aquel momento, era uno de los suyos. Golpista de primera hora en Melilla, el 17 de julio de 1936, firmará justo debajo del propio Franco el parte de guerra de la victoria en abril de 1939”. Tras ese retrato, el historiador concluye: “Cuando valoramos el pasado, la memoria y la afectividad entran en juego inconscientemente, pero también las relaciones sociales y eso que llamamos pautas culturales, construidas históricamente. De todo parece haber en esta sentencia, analizado con ojos de historiador el relato del pasado que contiene.

“Si en Madrid hay ochenta jueces de primera instancia y teóricamente van por sorteo, ¿cómo pudo caerle la causa a esta señora, siendo nieta de un general del ejército que trabajó con Franco, que el padrino de sus padres fue primo de Franco, que tras su boda fueron recibidos en el Pazo de Meirás…?”. A día de hoy, Monteagudo aún se lo pregunta.

La fractura de la Audiencia

Pero antes del final feliz, todavía habría que encajar una segunda derrota, igual de dolorosa: la de la Audiencia Provincial de Madrid, la que el Supremo tumbó en una sentencia tan clara y sencilla que, leyéndola, parece imposible que el caso hubiese tenido que llegar hasta allí. “Las cosas son simples, pero el enemigo las convierte en complejas”, razona el abogado. “Las dos sentencias previas son de auténtica vergüenza. Si las lees, te preguntas cómo es posible que, por lo menos, no les abran un expediente disciplinario. Claro, esto, afortunadamente, podemos decirlo ahora…”.

El rechazo de la Audiencia a las demandas del ayuntamiento se basó en un único punto: que los bienes reivindicados no estaban “adecuadamente identificados”. La Sala de lo Civil, sin embargo, fue contundente: se cometió un “error patente” en la valoración de la prueba porque la identificación es “clara” y no tiene “posibilidad de duda”. “Había un documento público de adquisición, un expediente que identifica las estatuas, un informe pericial de un catedrático, un expediente de la Xunta que las identifica como Bien de Interés Cultural (BIC)…”, repasa Monteagudo, “¿Cómo pudo ser?”. Noriega completa: “Sentí que la ciudad fue maltratada y que no hubo objetividad”.

“El problema es que el recurso de casación es extraordinario, de un formalismo extremo y muy difícil de que lo admitan a trámite. Cuando se trata de un problema de valoración de la prueba, el Supremo no entra: lo suyo son cuestiones de derecho, no de hecho. La única vía es cuando se le demuestra que esa valoración de los hechos fue irrazonable, patente, incontrovertible, arbitraria…” al abogado no se le agotan los adjetivos. Pero fue lo que sucedió.

En la audiencia, negaron la identificación de las estatuas porque la documentación recogía que una de ellas estaba rota: “La que identifica como ‘fig. 2’ presenta una fractura que la divide en dos fragmentos”. La Audiencia aseguró que ninguna de las piezas presentaba tal fractura. “La habían pegado, pero mirabas las fotos y veías la grieta”, señala Monteagudo. Fue lo que hizo el Supremo: “Del examen de las fotografías, se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente diagonal”. A simple vista.

El abogado recuerda que los propios documentos presentados por la defensa de los Franco —ejercida por el hoy diputado de Vox, Juan José Aizcorbe— respaldaban esa identificación. Cuando se interpuso la demanda, la Xunta inició la declaración como BIC de nueve antiguas estatuas del Pórtico, entre ellas las de Isaac y Abraham. Los herederos del dictador aportaron ese expediente, en el que los técnicos de Patrimonio nombraban y definían con claridad las dos piezas en litigio. “¿Cómo se puede dudar de la identificación cuando lo aportan ellos y entre los documentos viene identificada cada estatua con su historia? No es que lo haga la Consellería, es que la propia parte demandada aporta el documento lo que le da validez. Era un escándalo”.

Noriega apunta otra anécdota. Al inicio de la causa, uno de los descendientes de Franco traspasó su parte a una sociedad mercantil, en lo que Monteagudo ve “una maniobra dilatoria”. Como se había empezado la declaración de BIC, la Xunta abrió un procedimiento para recoger la transmisión de la propiedad. Cuando el ayuntamiento solicitó esa información a la Consellería de Cultura, entonces dirigida por Román Rodríguez, se le negó. “Alegaron que lo hacían por protección de datos”, recuerda Noriega. Tras conocer el fallo del Supremo, el departamento, hoy dirigido por José López Campos, remarcó que la Xunta “está y estuvo siempre a disposición” del consistorio compostelano para “sumar esfuerzos a la hora de defender el patrimonio de los gallegos”.

Escrito enviado por el Ayuntamiento de Santiago a los Franco para solicitar la devolución de las esculturas, antes de iniciar la vía judicial

El último recurso

Tras el incomprensible revés en la Audiencia, al proceso judicial sólo le restaba una última bala, la que acabaría dando en el blanco: el Tribunal Supremo. Pero, por aquel entonces, había muy pocas esperanzas de conseguirlo. “Cuando presentamos el recurso, yo estaba amargado, desanimado y convencido de que no lo iban a admitir”. Tanto fue así que, al mismo tiempo que se redactaba, en 2019, se diseñó un Plan B. El Consorcio de Santiago —una institución tripartita participada por Estado, Xunta y Ayuntamiento— impulsó una comisión de estudio para buscar “una salida legal alternativa”. Bajo la coordinación de otro experto en Historia Contemporánea, Emilio Grandío, allí se juntaron, entre otros, Francisco Prado-Vilar —el investigador que identificó a Isaac y Abraham como Jeremías y Ezequiel—; el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, o el abogado del Estado que llevó el caso del Pazo de Meirás.

Monteagudo recuerda que ya habían alcanzado unas conclusiones —que, oportunamente, se guarda— cuando, tres años después, el Supremo decidió admitir a trámite las siete causas del discurso. Entonces, la comisión suspendió su trabajo y Monteagudo sacó de un cajón aquel documento que redactara con el ánimo por los suelos. “Me puse a leerlo otra vez y ya lo vi con otros ojos. Me pareció que me había quedado bordado”, cuenta hoy con satisfacción. “Todo era tan simple y tan claro y lo convirtieron en tan oscuro y enrevesado…”.

La casualidad quiso que aquel recurso fuese su último servicio al ayuntamiento. El abogado cumplía 65 años y dirigir la asesoría jurídica de un gobierno acosado por tierra, mar y aire “era un combate de alto voltaje” en el que los disparos llegaban, en muchas ocasiones, “desde dentro” de una administración hostil con los cambios que propugnaba aquella marea municipalista. Un par de meses después, en mayo de 2019, Noriega era derrotado en las elecciones por el exalcalde socialista Sánchez Bugallo, quien volvió al cargo ocho años después aupado en buena medida por el voto de la derecha. Cuando la causa resucitó, con la admisión del recurso, Bugallo siguió confiándosela a Monteagudo.

El abogado recibe la victoria final con los 70 años cumplidos y todavía defendiendo casos quijotescos, como el que obligó a la Xunta a eliminar una línea de alta tensión prevista sobre un castro histórico, el Lupario, clave en la leyenda del Apóstol Santiago. Noriega, por su parte, aunque continúa como portavoz nacional de Anova, está apartado de la primera línea política. Recibió la noticia mientras atendía a un paciente, en su consulta de primaria en el barrio de Fontiñas. Bugallo tampoco es alcalde y ni siquiera militante del PSOE tras el desencuentro con la dirección por la expulsión de cuatro concejales.

El bastón de mando lo empuña la nacionalista Goretti Sanmartín, que cogobierna con los compañeros de Noriega en Compostela Aberta. Sanmartín, otra que tampoco ocultaba su enorme alegría, también puede presentar un historial de lucha contra los herederos de Franco. Cuando presidió la Deputación de A Coruña fue la impulsora del estudio jurídico que sentó las bases para la recuperación del Pazo de Meirás. Ahora, anuncia que analizará con expertos el lugar más adecuado para instalar las estatuas, para que “la gente pueda verlas”. “Es la manera de hacer memoria histórica y recordar lo que pasó para que nunca más vuelva a ocurrir”, concluyó.

Los tiempos

Como todas las grandes historias, esta también tiene una precuela. Monteagudo fue secretario municipal de Santiago en la segunda mitad de la década de los 80, justo cuando el casco antiguo de la ciudad era declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquel logro se conmemoró con una exposición en el Pazo de San Xerome, la sede del rectorado de la universidad, en uno de los laterales del Obradoiro, entre el ayuntamiento y la catedral. Y allí estuvieron, también, Isaac y Abraham. “Por aquel entonces, ya se habló de que aquellas estatuas no eran de los Franco”. Sin embargo, en aquel momento, nadie prestaba atención a aquellas cuestiones. “Está claro que cada generación tiene sus prioridades”.

Los tiempos fueron también protagonistas de la demanda. La sentencia de Medrano había llegado a cuestionar la “pasividad” del ayuntamiento por reclamar las estatuas 63 años después de que pasasen a manos del dictador. Monteagudo cita a Paul Preston y la “desmemoria de la transición” para recordar que los tiempos jurídicos y los históricos son diferentes. Con este final, además, se marca otro hito: demostrar que no hay prescripción posible cuando se habla de bienes propiedad del patrimonio público. El abogado cierra así con enorme satisfacción un capítulo que empezó cuesta arriba. Lo hace con la alegría por los que trabajaron para evitar algo que él quería impedir por todos los medios: que la “humillación” que supuso la apropiación de las esculturas, “se actualizase” en los juzgados. Y lo evitó con su último —y bordado— recurso.