La Comisión Europea lleva tiempo preocupada por los procesos de licitación pública en España. En los últimos informes sobre la situación del estado de derecho, los técnicos comunitarios han apuntado directamente a “la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos” como sectores “con un riesgo elevado de corrupción”. Y la implicación de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en el reparto de mordidas procedentes de empresas adjudicatarias de multimillonarias obras públicas evidencia la grieta en la legislación y los controles españoles de ese tipo de situaciones.

“La contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos se consideran sectores con un riesgo elevado de corrupción”, advirtió el gobierno comunitario en el informe sobre el estado de derecho correspondiente a 2023. La advertencia, que ya se había lanzado en términos similares en ejercicios anteriores, pasó desapercibida entonces, cuando el interés estaba centrado en lo que diría Bruselas sobre la amnistía al procés –un asunto por el que pasó de puntillas–. Antes el foco de ese informe se centraba en los tirones de orejas por el bloqueo del PP a la renovación del Poder Judicial.

El informe aludía al porcentaje de empresas españolas (21%) que consideran que la corrupción les ha impedido ganar una licitación o contrato público, aunque en la edición anterior del Eurobarómetro la cifra era del 39%. La media europea se sitúa en el 27%.

Uno de los parámetros que utiliza la Comisión Europea para analizar el grado de limpieza de los procesos de adjudicación de contratos públicos es la diversidad y la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de acceder a los mismos, dado que la falta de competencia da alas a la aparición de corrupción. Y ahí aplaudía que desde enero de 2024 se publique en el Portal de Transparencia información sobre el “grado” de participación de esas compañías “con el fin de aumentar la transparencia de la contratación pública y de evitar los riesgos de corrupción”.

Según los datos correspondientes al segundo semestre de 2024, el 56,99% de los contratos fueron a parar a pymes frente al 43,01% que se llevaron las grandes compañías. Sin embargo, en términos absolutos estas arrasan: las grandes se llevaron el 75,94% del importe total frente al 24,06% de ingresos públicos que fueron a parar a las pequeñas y medianas por licitaciones.

“La contratación pública en España es especialmente vulnerable a la corrupción, en gran parte debido al enorme volumen de recursos públicos que involucra, a la complejidad del sistema de contratación pública, así como la específica distribución territorial y los distintos niveles de control”, recoge el informe citando a Transparencia Internacional.

También el informe de 2023 recogía una alerta sobre las licitaciones públicas, aunque menos agravada: “La contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos se consideran sectores con riesgo potencial de corrupción”. Un año después subió a “riesgo elevado”.

¿Y por qué? Algunas explicaciones vienen en las notas al pie: “A pesar del llamamiento del Tribunal de Cuentas en 2022, no se ha llevado a cabo ninguna actuación relativa a la reforma de la legislación que regula la financiación de los partidos políticos”. También recoge la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales el mínimo de las sanciones a los partidos políticos por exceder su límite de gasto. “En este momento, el Gobierno no prevé nuevas medidas a este respecto, ya que ha señalado la necesidad de un debate más amplio en las Cortes”, recogía el texto.

Pero los “principales sectores de riesgo” que señala el informe de Bruselas son las donaciones privadas, el crowdfunding o microdonaciones y los microcréditos, así como la financiación de intermediarios.

El proceso de adjudicaciones públicas lleva, no obstante, mucho tiempo bajo la lupa de la Comisión Europea, que ha llevado a España ante la justicia europea por no transponer correctamente la directiva de contratación pública. En 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, España comunicó a Bruselas cambios que para el ejecutivo comunitario eran insuficientes. En 2021, abrió un expediente y, en diciembre del pasado año, elevó el asunto al TJUE.

“Las normas, que los Estados miembros debían transponer a su ordenamiento jurídico nacional a más tardar el 18 de abril de 2016, obligan a los Estados miembros a aplicar procedimientos imparciales y transparentes y tienen por objeto abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre las empresas de toda la UE para garantizar la mejor relación calidad-precio en las contrataciones públicas”, recogía la Comisión Europea en un comunicado. Y es que otro de los problemas que tiene el club comunitario, aún más acuciado en España, es el bajísimo porcentaje (5%) de adjudicaciones transfronterizas, es decir, los contratos adjudicados a empresas de otros estados miembros. Esa situación supone, hasta cierto punto, una distorsión del mercado único ya que las adjudicaciones públicas representan un 14% del PIB de la UE.

En cuanto al ‘caso Koldo’, que afectaba inicialmente a contratos sin concurso de mascarillas, la Comisión Europea abrió una investigación para determinar si afectaba a los fondos europeos. Ante la escalada del caso, en Bruselas recuerdan que tanto la Fiscalía Europea como la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) pueden investigar las sospechas de fraude y acabar recuperando los fondos malversados si procedían del presupuesto comunitario. Así, puede llegar a interrumpir o suspender los pagos a los Estados miembros, imponer correcciones financieras, adoptar medidas administrativas y recuperar el dinero ya pagado.