Esta vez sí. El Congreso ha aprobado en el segundo intento la Agencia Estatal de Salud Pública. La Comisión de Sanidad ha dado luz verde a la ley que da paraguas a este nuevo organismo para “mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias” con los votos en contra de PP, Junts y Vox en la que probablemente está siendo una de las semanas políticamente más convulsas para el Gobierno por el caso Santos Cerdán.

En esta ocasión, el proyecto de ley no pasará por el Pleno de la Cámara Baja, de manera que ya está listo para continuar con su andadura en el Senado, donde será aprobado definitivamente. Este jueves el equilibrio de votos ha estado muy ajustado: 19 a favor –entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Grupo Mixto– frente a 18 en contra.

Sacar adelante la norma, la primera de la fracción de Sumar en el Gobierno, ha sido un camino de obstáculos. La norma se vino abajo inesperadamente en marzo. PP y Junts rechazaron a última hora el proyecto. Viraron repentinamente su postura–unos días antes habían apoyado el texto en la Comisión de Sanidad tras pactar varias enmiendas– como un modo de castigar al Gobierno por un choque con otra ley que se debatía en esa misma jornada, la de desperdicio alimentario.

El Ejecutivo tuvo que volver a empezar de nuevo en abril: el proyecto se aprobó otra vez en el Consejo de Ministros por la vía de urgencia para reducir al máximo los plazos y con un texto idéntico dado que no había ninguna discrepancia con el contenido.

En la nueva negociación parlamentaria, sin embargo, se han incorporado diferentes enmiendas pactadas con los grupos que no están directamente relacionadas con la agencia para conseguir sacar adelante la ley. Por ejemplo, Junts y ERC demandaban cambios en la prescripción veterinaria tras las protestas de los especialistas por una nueva regulación europea que les obliga a comunicar qué antibiótico prescriben a los animales que atienden como un modo de luchar contras las resistencias antimicrobianas.

Finalmente, el Ministerio de Sanidad, tras negociar con Agricultura, ha hecho a través de los grupos de Sumar y PSOE una propuesta de enmienda transaccional para “promover la revisión y eventual modificación de la regulación vigente” en un plazo de seis meses que ha salido adelante.

También se ha incluido en el texto la exclusión del sistema de precios de referencia de la innovación incremental de medicamentos, es decir, aquellas mejoras o cambios en fármacos que pueden suponer una ventaja para el sistema o para el paciente. Según fuentes parlamentarias, este punto se recoge en la nueva ley de los medicamentos propuesta por el Ministerio de Sanidad, pero su aprobación se ha adelantado a la norma a través de esta otro proyecto, pese a que no está relacionado con la agencia.

Para qué sirve esta agencia

La creación de un organismo para mejorar la vigilancia del estado de salud de la población y protegerla ante presentes y futuras amenazas se plasmó por primera vez en una ley en el año 2011. Entonces gobernaba el PSOE pero nunca se hizo realidad. La pandemia convenció a la fuerza al Ejecutivo, una década después, de que había que retomar el proyecto con urgencia.

Muchas de las recomendaciones de actuación que siguió el Gobierno salían del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), un departamento pequeño del Ministerio de Sanidad con escasos recursos. El director de organismo, Fernando Simón, fue la persona que durante meses se encargó de comunicar día a día a la ciudadanía cómo evolucionaba la situación.

Precisamente la nueva ley quería solucionar esto a través de un organismo autónomo con una estructura más reforzada. Aunque los detalles de la agencia se debían haber desarrollado en un reglamento posterior a cargo del Ministerio de Sanidad, el proyecto de ley busca “mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias”.

La redacción deja incógnitas como el lugar donde se ubicará –varias ciudades se han postulado– o la dirección. El PP quería que se garantizara que el nombramiento del director o directora se haga “respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, entre funcionarios de carrera” de “reconocida competencia”, como planteaba el texto inicial, pero que se someta “a consulta previa y debate” del Consejo Interterritorial, extremo que no se ha aceptado, según fuentes parlamentarias.

Respecto a las funciones, al nuevo organismo le corresponde la tarea de “vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población y sus determinantes, así como los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública”. También coordinar la “preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias” y encargarse de una comunicación clara sobre las amenazas. Forma parte, igualmente, de su misión colaborar con la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud.