El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, ha sido escenario este jueves de un hecho inusual. La ciudad vive desde hace años en una espiral alcista de precios que está generando graves problemas de acceso a la vivienda para la población local. Esto ya no lo niega nadie, pero la oposición y el equipo de gobierno del PP discrepan en las posibles soluciones, sobre las que no llegan a acuerdo: más límites a las viviendas turísticas, construir minipisos, declarar la zona tensionada, dar seguridad al alquiler…

Y este jueves, extrañamente, unanimidad: con el apoyo de todos los grupos (PP, PSOE, Vox y Con Málaga) el Consistorio reclamará a la Junta de Andalucía que la próxima Ley de Vivienda autonómica, actualmente en elaboración, “garantice la protección permanente de la calificación de la vivienda de protección oficial [VPO]”.

La moción, propuesta por el PSOE y transaccionada con una enmienda del PP, es relevante porque alinea al Consistorio malagueño, liderado por uno de los alcaldes de referencia de los populares (el veterano Francisco de la Torre) con la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en la reciente Conferencia de Presidentes. Y a su vez, lo enfrenta con la mantenida hasta ahora por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, el resto de comunidades autónomas del PP, promotores y muchos propietarios, que prefieren que las viviendas protegidas puedan venderse en algún momento sin límite de precio.

No es la primera vez que el alcalde de Málaga se desmarca de la posición ortodoxa de su partido en Andalucía. Lo hace, por ejemplo, reclamando insistentemente que se estudie una “tasa” turística que permita a los municipios con mayor afluencia de visitantes contar con una aportación para sufragar el gasto extra que asumen.

Rectificación en el borrador del proyecto de ley andaluza

Los defensores de una protección ampliada indefinidamente o a muchos años argumentan que sólo así las VPO pueden ayudar a contener los precios en un mercado desbocado, evitando de paso contribuir a la espiral inflacionaria por la expectativa de su venta a precio libre.

El Gobierno andaluz del PP ha dado muestras recientes de duda, pero nunca ha puesto sobre la mesa el bloqueo indefinido del precio de estos inmuebles: así, el primer borrador del anteproyecto de ley de vivienda, prevista para finales de año, permitía que una vivienda protegida pudiese venderse libre a los diez años. Pero hace apenas una semana el Ejecutivo andaluz entregó una nueva versión al Consejo Económico y Social (el órgano consultivo que ahora debe analizarlo) donde corrige el paso y deja las cosas como están: es decir, que sean los planes de vivienda los que fijen cuándo una VPO puede dejar de serlo.

Desde la Consejería de Fomento sostienen que usar estos planes para modificar los plazos mínimos en que la vivienda pública debe permanecer en el mercado regulado es “más útil y práctico” que fijarlo por ley. Actualmente, el Plan Vive 2020-2030 estipula tres ventanas temporales para desclasificar una VPO: 15 años (las de régimen especial y alojamientos protegidos), diez (las de régimen general) y siete (las de precio limitado).

La única excepción a esto en el último borrador del proyecto son las VPO que se construyan en suelos dotacionales (una posibilidad también novedosa), que sí mantendrán su carácter protegido de manera “permanente”.

Crisis de la vivienda en Málaga

Hasta ahora, ningún municipio había pedido al Gobierno autonómico que reconsiderara su postura. La vivienda es el asunto central del debate público en Málaga, donde se han vivido dos manifestaciones masivas en menos de un año. Hace tiempo que cada mes se superan las referencias históricas máximas en los principales portales inmobiliarios, que reflejan un incremento de los precios de venta y alquiler del 120% en la última década.

Estas estadísticas trasladan datos de oferta en portales, generalmente inflados al alza respecto a la transacción final. Pero el reciente Índice de Precios de Vivienda en Alquiler, elaborado por el INE a partir de las declaraciones del IRPF, también apunta a Málaga como la ciudad española donde más se han encarecido los arrendamientos, un 26% desde 2018. Detrás del fenómeno está la escasez endémica de vivienda en alquiler, la afluencia de trabajadores extranjeros de todo tipo y el boom de las viviendas turísticas, que rondan las 13.000 registradas, la segunda capital (tras Cádiz) con mayor densidad.

El reverso es la dificultad creciente, casi imposibilidad, de encontrar vivienda a precio asequible. El salario medio en la ciudad es de los más bajos entre las capitales de provincia (21.314 euros, según el IECA), y muchos jóvenes se marchan al área metropolitana o más allá en busca de una casa.

El alcalde, que ha minimizado en alguna ocasión el problema, ha dado muestras de una preocupación creciente por el problema, anunciando soluciones de urgencia antes de cada manifestación. La falta de vivienda asequible monopoliza los debates de Pleno desde hace dos años, y el regidor ha ido perdiendo suelo a la par que aumenta el malestar ciudadano. En los últimos años, el PSOE le ha acusado de favorecer deliberadamente el rentismo y la especulación, de despreciar las inquietudes de los ciudadanos y, en definitiva, de “expulsar” a 21.000 malagueños de la ciudad con su política de vivienda.

Este miércoles se celebró en Málaga un foro auspiciado por Prensa Ibérica en el que los alcaldes y alcaldesas de Palma, Valencia, Barcelona, Cartagena y Málaga, todos del PP a excepción del socialista Jaume Collboni (Barcelona), contaron sus planes en materia de vivienda. “Todos son más proactivos que el alcalde de Málaga, cuya figura quedó muy desdibujada”, interpreta Mariano Ruiz Araújo, que ha defendido la moción del PSOE.

Ahora su propuesta estrella es lo que la oposición llama “minipisos”: 1.500 unidades de entre 35 y 50 metros cuadrados. El Ayuntamiento cederá suelo durante 75 años a promotores privados, que podrán alquilarlos a 500 euros al mes.

Rechazo a la declaración de zona tensionada

La moción que pide ahora la VPO para siempre ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Vivienda, lo que significa que irá a Pleno como dictamen y sin debate. Los socialistas lo interpretan como una victoria, que se explicaría por la debilidad discursiva de Francisco de la Torre en la materia, y por la actitud más propositiva de los propios socialistas.

La apuesta por la protección indefinida de las VPO no es el único trofeo que han arrancado los socialistas con su moción. El Ayuntamiento también va a solicitar a la Junta a que incremente “significativamente” la construcción de viviendas públicas y protegidas priorizando las destinadas a alquiler asequible con criterios de “permanencia, fiscalidad social y localización en barrios con riesgo de despoblamiento”.

Además, le instará a aceptar la propuesta de financiación del Plan Estatal de Vivienda, “aumentando su aportación” al 40%. Por último, pedirá la creación conjunta de una base de datos pública actualizada que supla las lagunas que existen hasta ahora, cuando hay que recurrir a portales inmobiliarios, con los problemas de metodología o conflictos de interés que pueden conllevar. En relación a las viviendas turísticas, pedirá a la Junta un refuerzo de la inspección.

En cambio, el PP ha vuelto a rechazar una petición recurrente de los socialistas que los populares tumban sistemáticamente por, según dicen, las dudas sobre sus efectos: la declaración de zona tensionada en aplicación de la ley de vivienda estatal.

Los grupos han acordado “dar traslado” de estos acuerdos no sólo a la Junta de Andalucía, sino también al Gobierno de España y a las federaciones andaluza y española de municipios y provincias.