En el tercero del número 19 de la calle Javier de Burgos de Cádiz viven más ratas que personas. Un matrimonio, con cuatro hijos menores de edad, reparten sus pesos por habitaciones para evitar que el suelo se hunda cualquier noche. Khaoula, la madre, no duerme muchas veces espantando las cucarachas que saltan a las caras de sus hijos. Y cuenta, entre la emoción y el dolor, que su vecino ha decidido hacer sus necesidades en una bolsa para que no vuelva a caerles en su casa por el estado de las cañerías. Lorena Peña está durmiendo con su pareja estos días en un trastero. Ha tenido que dejar a sus hijos en casa de una hermana. Tampoco Tamara Manzano duerme con sus hijas. Desde que la echaron del albergue donde se refugiaba, no tiene casa fija.

La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía ejemplifica en los casos de Khaoula, Lorena y Tamara el drama real de la vivienda en Cádiz. La imposibilidad de que madres como ellas puedan encontrar una forma de vivir dignamente con sus hijos menores de edad. Cada uno de sus casos, y el de otras, son diferentes, pero convergen en una misma situación. Son madres con hijos, pero sin casas, y la administración no es capaz de encontrar para ellas una solución.

Khaoula se ha prometido a sí misma que no va a derramar ya ni una lágrima más en su lucha por reivindicar una salida a la insoportable angustia de residir en una vivienda que no reúne las condiciones mínimas de salubridad y seguridad. Estos días que su vivienda ha salido en los periódicos y las televisiones ha podido ver cómo la llamaban “el edificio del terror” o “la casa del infierno”. Están hablando de su casa. Es su hogar desde hace unos 15 años y allí vive con su marido y sus pequeños de 13, 12, siete y cinco años. “Mi marido llegó primero de Marruecos y se alquiló una habitación. Estaba estudiando. Cuando yo vine el dueño entendió que, como ya éramos una familia, nos tenía que hacer un contrato de alquiler de una casa entera y de 150 euros pasamos a pagar 450”, detalla la mujer.

Khaoula Ben Kassem

Su casa de Javier de Burgos nunca estuvo bien, pero se ha ido deteriorando sin que el casero hiciera nada por arreglarla. “Si se caía un trozo de techo, me bajaba un poco la renta, y lo arreglaba yo”, recuerda. En 2018 empezaron a llegar las cartas. Aquel edificio estaba embargado por los impagos de los dueños y sus vecinos comenzaron a recibir requerimientos, que llevaron a que el dinero de sus alquileres terminara en Hacienda. El Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, se hizo con el inmueble y, lejos de ayudar, los problemas crecieron. Los bajos se vaciaron y se llenaron de suciedad, no había nadie para solventar los daños estructurales del edificio ni el deterioro progresivo de cada vivienda. Los técnicos municipales del Ayuntamiento certificaban en informes periódicos que ese edificio no estaba en condiciones para vivir, pero nadie hacía nada. “He quitado cucarachas de la cara de mis hijos mientras duermen. Hemos tenido que cazar ratas porque no es que hubiera un nido de ellas, había una ciudad. No podemos dormir juntos porque tenemos miedo de que se hunda el suelo. Creo que el techo de verdad es más falso que los falsos techos que tiene la casa”. Khaoula con enorme entereza va soltando frases que describen el horror de una familia.

Lorena Peña ha malvivido todos estos años de casa en casa. Durante el anterior mandato de José María González la desahuciaron y entonces la empresa municipal de vivienda Procasa le buscó un alquiler, por el que el Ayuntamiento pagaba una parte y ella tenía que abonar otra parte. Al empezar a trabajar su marido, le quitaron esa ayuda, pero, al separarse, la manutención que le llegaba no fue suficiente para pagar los gastos de sus hijos y la casa. Comenzó una deuda que no podía resolver. “El dueño me dijo: Lorena, si te vas de la vivienda, te perdono la deuda. Y me fui. ¿Qué iba a hacer?”. Eso fue en mayo. Desde entonces duerme en un trastero. Todas las noches hace hueco en él para posar en un hueco un colchón. Sus enseres los guarda en el maletero de un coche. Sus dos hijos menores, de ocho y 13 años, no caben ahí. Todas las enfermedades que sufre Lorena se han acrecentado en este mes. “No tengo donde vivir con ellos”.

Lorena Peña

El relato de Tamara Manzano está plagado de huidas. Huyendo de un horror se plantó con sus dos hijas en casa de su madre, donde ya vivía su hermano con tres niños. La trabajadora social lo tuvo claro cuando fue a hacer un informe de una casa tan pequeña donde vivía tanta gente. “O salen adultos, o sacamos niños”, soltó. Se marchó Tamara a una casa en la calle Feduchy. Entonces no lo sabía, pero era un edificio okupado. Uno de los responsables la acosaba. “Dormía con un cuchillo cerca, por si aparecía por la noche”. Volvió a escapar. Su madre la avisó de que justo encima de su casa había una vivienda de Procasa vacía. No lo dudó. Entró en ella con sus hijas. “No tenía luz ni agua. Tiré un cable y era mi madre la que me daba el suministro eléctrico”. Hace uno meses que un juzgado ordenó su desahucio tras denunciarla Procasa por la vía penal. El Ayuntamiento asumió la gravedad de su caso, porque, además de sus dos hijas menores, tenía que operarse de cáncer. Le buscó un sitio en un albergue. El albergue del que ha tenido que irse hace unos días. “Me han dicho que tenía que dejar hueco para otras familias. Y me han echado. Pedí que se esperaran a que terminara el colegio, pero ni eso”. Sus hijas están con parientes. Ella sigue buscando. La casa de la que la echaron, a la que pusieron una puerta antidesahucios, sigue vacía desde el 1 de abril.

Tamara Manzano

Proderechos Humanos clama a las administraciones para que solventen los dramas reales que representan estos tres casos, aunque hay muchos más. Su demanda más inmediata al Ayuntamiento es que resuelven desde asuntos sociales la urgencia de unos niños que o viven lejos de sus madres, o tienen que compartir casas que no cumplen las mínimas condiciones. A medio y largo plazo, piden más casas. Pero no como las que se construyen o anuncian en Cádiz, imposibles de asumir por la mayoría. Reclaman casas para alquileres sociales.

Su denuncia sobre la situación del edificio de Javier de Burgos, donde vive Khaoula, ha tenido consecuencias positivas. La enorme difusión del caso ha propiciado que la Sareb, ausente durante años, haya llevado técnicos esta semana al inmueble que han certificado que necesita importantes obras y ha propuesto una salida pactada con “soluciones habitacionales inmediatas” y la inscripción de las familias vulnerables en un programa de alquiler social.

La solución para Lorena y Tamara todavía no se atisba tan clara. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, contó en su día que Tamara había ido a un albergue, a pesar de que le habían ofrecido varios pisos. “No es cierto. Me dijeron que había un piso detrás del hospital y cuando fui a verlo resulta que era un garaje que lo habían tapiado y le habían puesto una cocina y un baño. Pero era un garaje, sin ventilación ni nada. Y tenía que pagar 465 euros al mes. ¿Eso es un lugar para vivir con mis hijas?”, responde indignada.

La última actualización de Procasa ha revelado que a 1 de junio de 2025 en el registro de demandantes de viviendas protegidas de Cádiz había 6.602 personas. 4.761 son mujeres. Lorena no está ni entre las 100 primeras. Khaoula ocupa el puesto 18. Y Tamara, el 16. Es decir, que según este baremo técnico aún hay en Cádiz 15 personas en peor situación que ellas.