El Tribunal de Cuentas acaba de imponer la segunda multa por financiación irregular al partido de Abascal que ingresó donativos anónimos en cajeros atribuyéndolos a ventas de merchandising de las que no se ha podido acreditar existencia. El partido que vino a luchar contra la corrupción está también siendo investigado por la Fiscalía por las mismas prácticas
El Tribunal de Cuentas multa a Vox con 862.000 euros por recibir donaciones irregulares
El Tribunal de Cuentas es el mayor auditor de los ingresos y gastos del sector público español y de los partidos políticos, cuyas cuentas revisa pormenorizadamente ya que se nutren sobre todo de dinero público. El nivel de análisis es tan profundo y detallado, con informes de centenares de páginas para los que luego permite alegaciones de los propios partidos, que hay un importante decalaje en el tiempo: por eso se ha conocido este miércoles que el organismo fiscalizador ha decidido multar a Vox con 862.000 euros por ingresar donaciones anónimas en los ejercicios 2018, 2019 y 2020. La ley establece que las donaciones deben siempre ir acompañadas del nombre y DNI de las personas que las hicieron, un elemento esencial para prevenir el fraude, el blanqueo o la financiación irregular.
No es la primera infracción que comete el partido de Abascal respecto a sus ingresos de afiliados o simpatizantes: en julio de 2024 el tribunal fiscalizador le multó con 233.324,22 euros. En este caso por promover donaciones finalistas, es decir, pedir dinero para acciones concretas, algo que también es ilegal. Los dos casos, ambos considerados infracciones “muy graves” según la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP), han agotado la vía del Tribunal de Cuentas y ahora Vox solo puede apelar al Tribunal Supremo, algo que ya ha anunciado que va a hacer.
El Tribunal de Cuentas ya había informado en su informe de 2018 y 2019 de un crecimiento exponencial de los ingresos del partido de extrema derecha por merchandising y venta de pines, llaveros o bolígrafos (22.000 euros recaudó en 2018, frente a los 354.000 en 2019). En su mayoría el dinero se ingresó en las cuentas bancarias en cantidades inferiores a 300 euros, lo cual hizo saltar las alarmas. ¿Por qué? Porque a partir de 300 euros, el comprador de merchandising también tiene que ser identificado, según la ley. Las donaciones anónimas (por ejemplo, dinero depositado en efectivo en una hucha recaudatoria de cuyo donante no se registra nombre) están prohibidas, sin excepciones, desde 2007, en el artículo 5 de la ley de financiación –“los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables”–, y son consideradas delito desde 2015 tras la reforma ese año del Código Penal.
La sospecha era que se estuvieran ingresando donaciones sin identificar, más que dinero de merchandising. El tribunal intentó esclarecer el asunto pidiendo más información, pero en el mismo informe –que también incluía las alegaciones del partido de Abascal– apuntó a que no había sido aportada suficiente documentación por parte de Vox. Por ejemplo, no le habían dado facturas o justificantes de la venta de esos productos que se pudiera cotejar con los ingresos, no había lista de precios fijados y el tribunal fiscalizador tampoco pudo tener acceso al inventario, que además no se había registrado en la contabilidad. Además, el tribunal alertaba sobre cuantías totales que no cuadraban o facturas presentadas que son posteriores al ejercicio en cuestión, como describía en algunas notas al pie. Con estas dudas, abrió un expediente sancionador que acaba de concluir con la multa de más de 800.000 euros.
Según la documentación analizada, no solo se hizo de una manera rudimentaria la regularización de efectivo sin identificar, sino que Vox dio las órdenes para hacerlo y las dejó por escrito en mails masivos a sus mandos nacionales y autonómicos. Como publicó en exclusiva elDiario.es, el partido envió un correo electrónico en mayo de 2019 con instrucciones precisas a sus departamentos de contabilidad y la palabra “URGENTE” en el asunto. La orden era “regularizar de manera urgente todo el dinero que tengáis por merchandising. (…). Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación”, decía el correo electrónico. Daba dos opciones para ingresarlo: en la cuenta provincial del partido o en una cuenta específica. Con ello, el partido ponía por escrito una práctica considerada ilegal, que es recaudar sin identificar, mezclando donaciones o merchandising y repartiendo el dinero en cajeros con el objetivo de no tener que poner ningún nombre, motivo por el cual la formación especificaba que se hiciese en cantidades inferiores a 300 euros. Fuentes internas de Vox que tenían peso en el partido en el momento de estas prácticas aseguran que ya alertaron de que se estaban haciendo las cosas mal, sin que la tesorería llevara a cabo ningún cambio.
La circular interna de Vox, de mayo de 2019, sobre la regularización de merchandising
Pero el partido tiene más frentes abiertos, como la posible financiación que recibió de un banco húngaro vinculado con el presidente Orbán para las elecciones de 2023, algo que también ha investigado el Tribunal de Cuentas, ya que la ley que prohíbe a los partidos recibir financiación de entidades públicas extranjeras. En su informe de fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos en las últimas elecciones generales, el órgano fiscalizador confirmaba que Vox recibió un crédito de 6,5 millones de euros de la entidad financiera de Hungría del que utilizó un total de 6 millones en la campaña electoral.
Pero no solo en el ámbito de este tribunal administrativo ha encontrado objeciones el partido de Santiago Abascal. La Fiscalía Anticorrupción también investiga si Vox ha utilizado sus puestos callejeros para disfrazar algún tipo de financiación ilegal tras la denuncia presentada por el PSOE en la que se aportan fotografías de las casetas del partido en la que aparecen “huchas” o “cajas de caudales”, el mismo caso por el que acaba de recibir la multa del Tribunal de Cuentas.
Dentro del propio partido, Abascal ha enfrentado críticas también por cómo gasta el dinero, ya que ha traspasado más de 9 millones de euros a su fundación, Disenso, cuyos gastos son mucho más opacos y que cada año aumenta su presupuesto para salarios y proveedores. De hecho, su gerente dimitió seis días después de que elDiario.es publicara las cifras globales y el secretario general del partido tuvo que enviar una carta a todos los afiliados para tratar de justificar los traspasos de dinero.
