La vida de Yajaira en España ya estaba encaminada. No fue fácil alquilar una casa, encontrar un empleo estable y dejar de trabajar de manera irregular en el servicio doméstico. Ya veía lejos los días de ansiedad e incertidumbre después del asesinato de su marido en Honduras, la razón por la que asegura haber huido de su país junto a su familia, amenazada por negarse a ceder a la extorsión de las pandillas en su negocio familiar, según su relato.

Pero tras la aprobación del nuevo reglamento de extranjería, que complica la regularización de los solicitantes de protección internacional, Yajaira se ha visto empujada a renunciar a su proceso de asilo, por lo que ha perdido sus papeles y ha sido despedida de su empleo en una cafetería de Barcelona tras dos años de contrato. Si no lo hacía, se arriesgaba a ser penalizada y no tener otra opción que sobrevivir sin documentación durante al menos dos años. 

Como ella, decenas de solicitantes de asilo han caído en la irregularidad como consecuencia de los nuevos requisitos impuestos por la futura normativa en caso de que su petición de protección sea rechazada. El Gobierno anunció que este reglamento permitiría regularizar a más de 300.000 personas, pero la norma ha empezado a tener el efecto contrario para decenas de solicitantes de asilo. Desde la aprobación del texto, abogados de extranjería, ONG y expertos en migraciones comenzaron a advertirlo: la regulación, tal y como estaba redactada, iba a empujar a miles de demandantes de protección internacional a la clandestinidad. Su preocupación les llevó a presentar dos recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo. Cuatro meses después, han empezado a llegar parte de las consecuencias de las que alertaban.

Aunque no hay cifras oficiales, los casos de afectados por el nuevo reglamento se acumulan en los despachos de abogados y en las oficinas de las ONG que atienden a solicitantes de asilo, incluso antes del 20 de mayo, fecha en la que entra en vigor la normativa. La razón se encuentra en la penalización que sufrirán los demandantes de protección a partir de entonces si reciben una respuesta negativa a su petición, pues todo el tiempo que hayan vivido y trabajado en España mientras se estudia su caso no servirá para nada, no computará para demostrar su arraigo en el país, y tendrán que sobrevivir sin papeles durante al menos dos años hasta poder solicitar un permiso de residencia. 

Conscientes de las futuras trabas, el Ministerio de Inclusión incluyó en la norma una vía extraordinaria que permitiese a los afectados solicitar algún tipo de arraigo durante un tiempo limitado. Sin embargo, algunos de sus requisitos -haber recibido ya una denegación firme y estar seis meses en España de manera irregular justo antes de solicitar la nueva autorización-, excluyen a miles de demandantes de protección que aún esperan una respuesta a su petición ante los constantes retrasos del Ministerio de Interior. A su vez, en la práctica, el texto empuja a retirar el recurso a muchas personas que habían recurrido la denegación de su petición, lo que en la práctica les deja en situación irregular y provoca la pérdida de sus trabajos para cumplir con el requisito de estar sin papeles durante los seis meses anteriores. 

Ante las consecuencias que ya están afectando a este colectivo, el Gobierno está estudiando “vías dotadas de seguridad jurídica” para dar respuesta a personas que se encuentran en España “pero cuya solicitud de asilo ha sido denegada porque no cumplen con los requisitos de la Protección Internacional”, según confirman fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “En estos momentos los equipos técnicos se encuentran trabajando sobre las mismas”, añaden.

Yajaira: de un contrato a la economía sumergida

Mientras, solicitantes de protección como Yajaira no encuentran más solución que caer en la clandestinidad. La hondureña pidió asilo junto a sus dos hijos menores en abril de 2022. Tras la admisión a trámite de su solicitud, la mujer, que está siendo asistida jurídicamente por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esperó la respuesta de Interior durante más de un año, pese a que la ley obliga a responder en seis meses. En ese tiempo, cursó varias formaciones, consiguió un empleo en una cafetería de Barcelona y escolarizó a sus hijos. En febrero de 2024, Interior denegó su solicitud, pero Yajaira recurrió la negativa ante la Audiencia Nacional, que le concedió las medidas cautelares para continuar como solicitante de asilo en España mientras estudiaba el detalle de su solicitud.

Tras la aprobación del nuevo reglamento y trasladar sus dudas a sus abogados de CEAR, Yajaira decidió retirar el recurso judicial, con lo que de facto ha desistido de su proceso de protección internacional y ha perdido su empleo de dos años de antigüedad. “Cuando me enteré de la nueva norma, no sabía qué hacer. Pero si seguía con el recurso y me volvían a rechazar la petición, aunque yo crea que deberían dármelo, no puedo acceder a ningún permiso por arraigo en dos años. Así que me ha tocado desistir del recurso. ¿Qué iba a hacer si no? No podía arriesgarme”, dice la hondureña. “Lastimosamente, ahora quedo desempleada. La ley me obliga a estar seis meses sin papeles, y sin poder obtener un empleo legal, para poder hacer el trámite. ¿Qué sentido tiene?”, se pregunta la mujer, que lleva más de un mes en situación irregular. 

Tuvo que dejar su empleo estable, pero durante ese mínimo de seis meses exigidos por la ley, tiene que pagar el alquiler y los gastos como cualquier ciudadano. ¿Cómo sobrevive? “Ahora intento buscar trabajos de limpieza por horas, sin contrato, claro”. Vive en una casa con sus hijos y otros familiares también involucrados en el negocio familiar y, actualmente, todos se encuentran en la misma situación. “Todos hemos tenido que desistir. No sé ni cómo logramos pagar el alquiler el mes pasado. Cada uno aporta lo que puede”, explica Yajaira. “Tenemos que ajustar todo mucho. Hay días que se puede comer como siempre y otras nos tenemos que ajustar”. 

Ella, en principio, podrá acogerse a la vía extraordinaria habilitada en el nuevo reglamento, por lo que en seis meses, podrá regularizarse de nuevo a través de alguno de los tipos de arraigo. Pero pasar seis meses en esas circunstancias no es fácil. Hasta los trámites más básicos se le complican: “Tengo miedo de que me cancelen la cuenta bancaria y, por eso, solo meto el dinero justo para pagar los recibos que sé que me van a ir enviando. Por si acaso me cierran la cuenta, no perderlo”, detalla. “Y tocará volver a buscar trabajo, ¿qué empresa te guarda un empleo seis meses?”. 

Su caso no es aislado. “Mucha gente está optando por renunciar al asilo, pese a que pierdan sus empleos y se queden sin papeles. Incluso casos que jurídicamente creemos que son viables, pero con recursos que les obligan a esperar meses o años hasta que nos den la razón, prefieren no arriesgarse”, denuncia Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “Ha subido muchísimo el nivel de consultas, la gente está desesperada. Hay solicitantes de asilo que se ven obligados a renunciar y estar en una situación muy precaria y dejan de un empleo estable para, con suerte, pasar a la economía sumergida”, añade Diana Castillo, letrada de Red Acoge.

Los sindicatos UGT y CCOO también han mostrado su rechazo a la disposición transitoria quinta del reglamento en sus periódicas reuniones de la comisión tripartita de inmigración. Hace unas semanas, UGT exigió al Gobierno en un comunicado soluciones para las personas solicitantes de asilo que “puedan perder la habilitación para trabajar con el nuevo reglamento de extranjería”.

La espera de los jefes de Mario

No es habitual, pero Mario (nombre ficticio) sí ha conseguido que sus jefes se comprometan a conservar su puesto de trabajo durante los meses que tenga que permanecer sin papeles. Él también ha renunciado a su proceso de asilo y ha tenido que abandonar sus dos empleos, pero su caso es distinto al de Yajaira. Aunque el colombiano aún no había recibido ninguna respuesta de Interior, temía perder todo lo construido durante los más de tres años que lleva en España. Aunque cree que merece protección por la persecución que denuncia haber sufrido en Colombia como activista LGTBI, sabe que ese tipo de perfiles no siempre tiene garantizado el asilo en España. Menos aún siendo colombiano (una de las nacionalidades con más contestaciones negativas del Gobierno, pese al conflicto que aún viven algunas zonas del país). Y no quiere arriesgarse. 

“Ha sido muy fuerte. Me ha afectado mucho. He tenido que quedarme sin papeles y perder dos trabajos estables para poder conseguir la residencia”, lamenta el hombre. “Hace un mes me reuní con mis jefes y les dije que por cuestiones de documentación tenía que dejar el trabajo. También fue muy duro para ellos, les afectó mucho, pero obviamente no me podían tener ilegal. Pero han aceptado hacerme una nueva oferta de trabajo para pedir el permiso en base a la ley actual -uno de los requisitos para poder solicitar la autorización por arraigo-”. 

A Mario le queda esperar, mano sobre mano, la respuesta a su trámite de extranjería. “Tenía un poquito ahorrado, pero si se retrasa mucho y veo que se me acaba el dinero, tendré que buscar algo en negro”, se queja el solicitante de asilo. “Me da mucha rabia e impotencia estar así. Me ha afectado muchísimo emocionalmente y económicamente. Con la petición de asilo, tenía una esperanza de traer a mi familia, y ahora todo se detiene. Esos nervios y ansiedad de ver que podía perder todo me ha hecho renunciar al refugio”, reconoce el hombre. Aunque su caso tenía alguna opción de recibir la protección, al tratarse de un activista LGTBI, el riesgo de recibir una respuesta negativa era alto.

El Ministerio de Migraciones defiende la medida como un mecanismo evitar la utilización de la vía de asilo como un puente para conseguir la regularización, algo que es posible por culpa de los retrasos constantes de Interior en el estudio de las solicitudes.

“Se quiere dar respuesta a quienes realmente necesitan que la vía de la protección internacional sea rápida y eficaz, y que esté despejada para las personas cuya vida corre peligro”, indican fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz.

No obstante, no siempre los solicitantes de asilo con razones fundadas para huir de sus países encuentran una respuesta positiva de Interior, según ONG especializadas. Un ejemplo es el criterio generalizado del Gobierno en el estudio de las peticiones de los nacionales ciertos Estados latinoamericanos, como Colombia, Honduras o Perú, que pese a los importantes índices de violencia en ciertas regiones y presentar casos justificados de persecución, se suelen tomar con el rechazo de Interior.

El riesgo de Dylan

Ese es el miedo de Dylan (nombre ficticio), líder comunitario peruano que asegura haber sufrido extorsión, amenazas y un intento de asesinato en su país. Interior aún no le ha dado ninguna respuesta, pese a que lleva más de tres años en España, por lo que no puede acogerse a la normativa actual. Se queda en un limbo. Solo le queda esperar. 

“Después de establecerme aquí, de conseguir cubrir las necesidades de los niños, encontrar una vivienda, con todo lo que ha costado… Y vemos que, después de todo, el retraso en la respuesta de la solicitud y la nueva ley amenazan la estabilidad que hemos logrado”, se queja Dylan. “Si me niegan el asilo, ¿qué hago? Con el nuevo reglamento, tendría que esperar dos años sin poder trabajar para poder pedir la autorización por arraigo. ¿No es una locura? ¿Qué trabajo me va a esperar dos años?”. 

Emmanuel sí tenía la opción de encontrar una fórmula para renunciar al proceso de asilo, pese a no haber recibido una respuesta negativa, para acogerse a la actual Ley de Extranjería antes de que entrase en vigor el nuevo reglamento. Pero, tras dos años en España y una familia que sacar adelanto, no se podía permitir perder los papeles y estar meses sin trabajar. Como líder social en Colombia y participante de movimientos estudiantiles, las amenazas de muerte le empujaron a salir de su país. Su petición, dice, está muy argumentada con documentación que prueba la situación de la que huyó. Pero siempre queda la duda. 

Desde que tomó la decisión, sufre una gran ansiedad ante el temor de perder todo lo construido durante los últimos años. “Si me dan una negativa, no podría quedarme indocumentado durante dos años: ¿cómo trabajo y mantengo a mi hijo? Me quedaría en la intemperie. No tendría otra posibilidad que volver a Colombia, incorporarme a una guerrilla y luchar en la montaña contra el narco. Como líder social, opté por la paz, por protegerme, pero si no tengo nada más… solo me quedaría eso”, concluye roto en lágrimas.