Venecia recibe cada año más de 30 millones de viajeros, casi el doble que Barcelona. Las dos urbes mediterráneas ya tienen en marcha una tasa, impuesto o un recargo turístico que recae sobre quien las visita. Unas figuras pensadas, principalmente, para financiar medidas que contrarresten los efectos negativos del turismo descontrolado o desincentivar este último y que suelen ser motivo de críticas por parte del sector privado. Sin embargo, este tipo de recargos también se está aprovechando por algunos gobiernos para financiar campañas de promoción sobre los propios destinos, con lo se aumenta aún más la afluencia de viajeros.

Ahora, a las puertas de la temporada alta de verano, las tasas turísticas vuelven a ser noticia. En Catalunya se ha planteado su subida de ese recargo que pagan quienes pernoctan. Mientras, Venecia ha decidido ampliar las fechas en las que aplica una tarifa de acceso a aquellos “visitantes ocasionales” que acceden a la ciudad de los canales y la saturan. Esta la va a aplicar durante 54 días, frente a los 29 del año pasado. Se trata de un recargo pensado para frenar la afluencia diaria de aquellos que no se alojan en la ciudad, pero sí disfrutan de ella, como los cruceristas. 

Afectará a los viajeros que lleguen a la ciudad italiana en fechas concretas –básicamente de viernes a domingo– de los meses con más turismo. Tendrán que abonar cinco euros diarios al ayuntamiento. Sin embargo, si pagan al consistorio cuando queden menos de cuatro días para su llegada, ese importe se eleva hasta los 10 euros. “Pretendemos definir un nuevo sistema de gestión de los flujos turísticos y desincentivar el turismo diario en Venecia en determinados periodos”, ha reconocido su alcalde Luigi Brugnaro. Para comprobar que se paga, pondrá en marcha controles y multará a quienes no certifiquen con un código QR que han pagado la tarifa.

El caso de Venecia, que busca controlar la afluencia de quienes llegan, ven, saturan y se van –algo similar a lo que pasa con los cruceros en Palma– adelanta a otros grandes destinos europeos, que llevan años aplicando tasas, impuestos o recargos para quienes se alojan en un hotel. Sin embargo, en España, que presenta datos de pernoctaciones récord en los últimos años, solo hay dos territorios que aplican este tipo de medidas. Por un lado, la citada Catalunya. Por otro, Illes Balears, que han regulado y permitido a los ayuntamientos plantearse su puesta en marcha. Hay otros territorios que la bajaran, pero de momento sigue sin ser una figura fiscal que levante consensos. En gran medida, porque su utilidad depende de para qué se utilicen los ingresos. 

La clave, qué se hace con los ingresos

La tasa o el impuesto turístico es algo extendido y habitual, solo en Europa está en marcha en más de 130 ciudades, aunque los importes son muy diferentes. Por ejemplo, en Roma es de cuatro euros por noche, mientras que en Ámsterdam puede llegar a superar los 21 euros, en función de la categoría de los hoteles. Más allá del importe, la clave es qué se busca con la tasa y a qué se van a destinar los fondos que se obtengan. “Tiene sentido en momentos y lugares donde hay una explosión turística, donde está abierto el debate sobre los beneficios y perjuicios que causa el turismo”, indica Alfonso Fernández Tabales, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla, que codirige un proyecto de investigación sobre los efectos de la turistificación en los ámbitos urbanos. “Contra ella se mencionan argumentos, como que ha fracasado a la hora de reducir la afluencia, pero es que no ha estado pensada para eso, sino como financiación adicional para dotar mejor los servicios públicos”, añade.

Asunción Blanco-Romero, profesora de Geografía en la Universitat Autònoma de Barcelona, señala el caso de Catalunya, donde la Generalitat aprobó una tasa para todo el territorio –que ahora se plantea subir– mientras Barcelona tiene en marcha un impuesto, por pernoctación, que puede ir de cuatro a 12 euros en función de la categoría de los hoteles. “En el caso de la tasa de la Generalitat, la recauda y la reparte a las ciudades y una gran parte tiene que ir a la promoción de estas como destinos. En el caso de Barcelona, es una ciudad que no necesita más promoción”, añade Blanco-Romero, que también coordina el Grupo de Investigación Tudistar, de turismo y dinámicas socioterritoriales. “El problema es cómo se utiliza ese dinero, qué se hace con él, porque la población local tiene que ver que la tasa tiene un efecto. Por ejemplo, si sirve para financiar una línea de autobús en un barrio que necesita más transporte público, que se diga, porque los residentes perciben que el turismo tiene consecuencias, pero también puede derivar en beneficios”.

Esa misma necesidad de que los ingresos sirvan a la población residente la apunta Ricardo Urrestarazu, profesor de Política Económica en la Universidad Málaga y doctor en Turismo. “La actividad turística genera beneficios y costes sociales, que no se reparten por igual. Y cualquier tasa o impuesto nos recuerda la necesidad de reequilibrar a los que ganan con los que pierden”, argumenta. “¿Y a qué se destina? Ahí hay un debate, si es a infraestructuras, a la promoción turística, a servicios públicos o a ayudar a la gente que está perdiendo en esta carrera por ejemplo, a la vivienda social”, enumera.

“Las tasas no han tenido un efecto disuasorio sobre los flujos turísticos”, afirma Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el lobby que agrupa a las 30 mayores empresas del sector turístico en España, desde Renfe a Iberia, pasando por las grandes hoteleras. “El debate sobre si ‘tasa sí o no’ es limitado, hay improvisación porque no se han gestionado bien los flujos turísticos”, añade. “Ibiza, por ejemplo, se plantea limitar los coches que llegan por barco o los vehículos de alquiler, cuando no hay medidas como un parque disuasorio o infraestructuras”.

Perelli también indica la necesidad de financiación por parte de las administraciones locales. “Ley autonómica tiene que abrir la puerta a una tasa y los municipios quieren tener más recursos. De fondo hay un problema de financiación local. Hay un nivel de sensación de que los turistas no generan suficientes ingresos, como si no pagaran, cuando pagan la restauración, los alojamientos o los museos. ¿Pero por qué se grava a los alojamientos y no a otros servicios?”, se pregunta el responsable de la asociación empresarial. 

El caso de Illes Balears

Illes Balears es uno de los territorios que más vive la presión del turismo, del que pernocta y de los miles de cruceristas que solo pasan unas horas. A eso se suma la presión que ejercen las viviendas de uso turístico en la subida de precio del alquiler para los residentes. Y es uno de los territorios que sí aplica un impuesto, pero el uso de los ingresos que aporta depende mucho de quién esté en el Ejecutivo regional. Desde 2016, el Govern balear ya ha ingresado más de 800 millones de euros a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). “Con él se buscó reequilibrar los impactos negativos derivados de una economía hiperturistificada, para compensar los efectos negativos”, explica Marc Fuster, contratado predoctoral en el Departamento de Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde desarrolla su tesis sobre  la huella de carbono del sector turístico.

Varios de los cruceristas en Palma

“Hemos visto que, según qué Govern, los fondos se han destinado a un sentido u otro. En uno progresista, los fondos fueron a reducir la huella hídrica, mejorar infraestructuras o saneamiento del agua o depuradoras. También, a la protección y conservación del entorno y, durante un periodo corto de tiempo, a medidas relacionadas con la vivienda, para aumentar el parque de vivienda social”. Sin embargo, con el cambio de color del Ejecutivo, “se van a sufragar medidas de diversificación de la oferta turística o de desestacionalización, por ejemplo, a la promoción del turismo gastronómico”. Es decir, “un impuesto pensado para paliar los efectos negativos, en realidad, está perpetuando que la actividad turística se siga desarrollando, porque el número de turistas y de pernoctaciones no hace más que subir”, añade. 

En este mismo sentido, Macià Blázquez-Salom, catedrático de Geografía en la Universitat de les Illes Balears, incide en que el Govern conservador ha cambiado la ley y, pese a la retórica liberal que prioriza la bajada de impuestos, mantiene el turístico porque “son 100 millones de euros que ingresan cada año, no pasan por Presupuestos, por el Parlament, y son finalistas, van a lo que quiere”. También incide en que el sector privado ve con buenos ojos que la administración destine fondos a cuestiones que también benefician a sus huéspedes. “Las empresas invierten en sus hoteles, pero para el paseo marítimo, las aguas pluviales, los autobuses, ahí los inversores necesitan dinero público”. Mientras, “las plataformas sociales están reclamando que los fondos del impuesto frenen la promoción turística, que haya más política de vivienda y se invierta en favor de la población local”, resume.

“El sector turístico, a pesar del discurso del mercado y del desarrollo empresarial, le debe mucho al sector público”, apunta en la misma dirección Ricardo Urrestarazu. “Para que Málaga tenga la posición actual se suma que tiene un clima estupendo, un sector empresarial y décadas de inversión en infraestructuras públicas: puerto, aeropuerto, carreteras, alta velocidad, infraestructuras turísticas como los museos, limpieza de la ciudad, rehabilitación urbana. Desde ahí se puede justificar la existencia de la tasa porque el sector público hace un gran esfuerzo para fomentar el turismo. Esa tiene que ser la orientación, vamos a compensar el esfuerzo que se ha puesto en impulsar la actividad turística”, concluye.

Precios que no frenan la demanda

Finalmente, está la cuestión de si una tasa o un impuesto impacta en la demanda, si resulta un elemento clave para que un turista se decante por uno u otro destino. “En Andalucía se ha planteado una tasa de entre uno o dos euros. No van a dejar de venir por eso y, si lo hacen, pues mejor. ¿Para qué queremos turistas con un nivel de gasto tan ínfimo”, se pregunta Alfonso Fernández Tabales.

“Las tasas no reducen el turismo”, ahonda Urrestarazu. “Pones tasas y la gente sigue viajando”, porque la demanda del turismo, al menos de momento, parece ser inmune a una subida de precios, como se ha visto en los últimos años, con tarifas récord de los hoteles que, sin embargo, no han frenado la llegada de viajeros, sino al contrario. “Hablamos de un tipo de tasa, pero también se pueden plantear otras, por ejemplo, a las empresas de alquiler de coche, que puede ser una suma u otra en función de si el vehículo es de gasolina o eléctrico”, cita. 

“Quien quiere venir a Barcelona viene, no depende del impuesto”, indica Asunción Blanco-Romero. “Cuando hablamos de la tasa, hablamos de destinos que son muy maduros, que están saturados y de cifras que son bajas” en relación con el precio de los hoteles. “La gente no deja de viajar a uno u otro destino por eso”, concluye la profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona.