Una jueza federal bloqueó temporalmente este jueves un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal.

La jueza de Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly se pone del lado de una coalición de organizaciones que impugnaron la orden ejecutiva argumentando que es “inconstitucional y arrebata el poder a los estados” otorgado por la ley y el Congreso para regular las elecciones.

Trump dio el mes pasado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a “millones” de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.

“Nuestra Constitución confía al Congreso y a los estados —no al presidente— la autoridad para regular las elecciones federales”, escribe Kollar-Kotelly en su dictamen de 120 páginas.

La jueza también se refiere a una ley que el Congreso está debatiendo actualmente sobre este mismo tema, y advirtió que ningún estatuto da poder al Ejecutivo de EE.UU. eludir el proceso deliberativo del Legislativo mediante una orden ejecutiva.

Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país, advierte la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las organizaciones demandantes.

El mandatario ha dicho en numerosas ocasiones y falsamente que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden, y, en concreto, ha asegurado que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.

Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos del Voto en ACLU, dijo este miércoles en un comunicado que la orden ejecutiva de Trump forma parte de un ataque más amplio contra las elecciones democráticas al promover teorías conspirativas infundadas. “El tribunal bloqueó hoy una estrategia clave de este ataque. Y seguiremos luchando para garantizar que todos los votantes elegibles puedan hacer oír su voz sin interferencias ni intimidación”, puntualizó la abogada.

Además de la prueba de ciudadanía, la orden exige a los estados dejar de contar las boletas electorales enviados por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.

También requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen, el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.