España lleva 24 años sin actualizar la orden ministerial de Hacienda que regula la ayuda a la educación para los hijos de funcionarios destinados en el extranjero. Se trata de una ayuda de 3.906 euros al año que lleva intacta desde 2001 y que los funcionarios no solo denuncian como insuficiente, sino que aseguran que está provocando graves discriminaciones tanto de género como entre aquellos que tienen familia y los que no la tienen. 

Una diplomática que prefiere no dar su nombre cuenta a elDiario.es que pasó su embarazo destinada en Nueva York representando los intereses de España en la ONU, pero no agotó su tiempo en lo que sería el destino más deseado de muchos colegas por las jornadas laborales de más de diez horas y porque la ayuda a la educación, además, no cubre el primer ciclo de infantil. “Las guarderías costaban 3.000 dólares al mes. La suma del alquiler de la casa y el primer ciclo era superior a lo que cobraba”, recuerda. “En lugar de aprovechar el talento allí donde es útil, nosotros elegimos los puestos allí donde podemos sobrevivir”.

Por cantidad, los funcionarios del cuerpo diplomático son los más afectados. “Acabará siendo una carrera de solteros y divorciados, principalmente hombres”, denuncia esta diplomática destinada en el exterior. Sin embargo, la orden ministerial también afecta a otros trabajadores públicos destinados fuera de España con menor rango —y salario— como policías, cancilleres u oficiales de comunicación, entre otros.

El primer destino de Mercedes Sánchez Pedrosa como diplomática fue Tanzania. “A mi hija mayor le diagnosticaron autismo severo con dos años y medio, y allí no había nada, por lo que me volví a los dos años. Luego fui a Portugal, donde hay un instituto español, y por suerte a la mayor la admitieron en un colegio público para sordomudos”, cuenta a elDiario.es. 

Su siguiente destino fue Costa Rica, pero sus hijas no fueron admitidas en el sistema público. “Hice la petición a España para ver si me daban la ayuda para la escolarización de mi hija la mayor, pero me dijeron que, como Costa Rica no está en la orden ministerial y como el lenguaje de signos no se considera lengua extranjera, no me la dieron”, recuerda. “A mis otras dos hijas las metí en un colegio americano porque no sabía cómo seguiría mi carrera. En su caso sí me dieron la ayuda, pero no alcanzaba el 40% del coste”.

La orden ministerial en cuestión garantiza la ayuda a aquellos funcionarios que estén destinados en uno de los países incluidos en el anexo del reglamento o, en su defecto, que la enseñanza oficial en el sistema educativo público sea impartida en un idioma distinto de aquel en que hasta el momento se haya desarrollado la educación del hijo. Además, la orden ministerial no contempla el primer ciclo de infantil ni las necesidades especiales de alumnos con algún tipo de discapacidad, como el caso de la hija de Sánchez Pedrosa.

Cuando ella explica que en Costa Rica matriculó a sus hijas en el colegio americano es porque los diplomáticos no conocen su próximo destino y normalmente eligen entre el modelo francés (liceo) o anglosajón (británico o americano) por su red de colegios en todo el mundo, de forma que pueden desarrollar su carrera profesional sin alterar la educación de sus hijos. “Nosotros tenemos movilidad forzosa. Nuestra carrera dura aproximadamente 40 años, de los cuales pasamos fuera alrededor del 65%, es decir, una media de 26 años. Esto significa que mínimo nuestros hijos van a pasar por cinco colegios en cinco países distintos. Además, lo normal no es que se den cinco puestos en Europa, eso casi no existe”, añade la diplomática. 

“Supongamos el caso de hijos de funcionarios destinados en Irán ¿A qué sistema educativo pueden ir? ¿Al sistema público iraní? ¿Una escuela privada religiosa? ¿Liceo francés? Si va a un modelo internacional, tampoco puede cambiar a lo largo de su infancia de sistema educativo. ¿Qué opción habría en Níger, por ejemplo?”, dice Alberto Virella, diplomático y presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. “Muchos países no tienen instituto español y el hecho de estar cambiando de destino hace que tengan que buscarse una alternativa de sistema educativo. La mayor parte de los gobiernos de nuestro entorno garantizan esa continuidad educativa en términos económicos. No así España”, añade.

El Ministerio de Hacienda ha respondido a elDiario.es que no tiene planes de modificar esa asignación, “en gran parte por la prórroga presupuestaria”.

Virella explica que en Portugal el Gobierno cubre el 85% de los gastos educativos en el exterior y que en la mayor parte de la UE se cubre el 100%. “Es más, Portugal cubre el 100% del coste de los hijos de diplomáticos en centros educativos privados extranjeros en Lisboa para que puedan continuar en esa misma lengua y sistema porque tendrán que volver a salir al extranjero más tarde”, dice. Cuando están trabajando en España, el sueldo de los diplomáticos suele ser menor, por lo que el esfuerzo por mantener el sistema educativo de los hijos en ocasiones es incluso mayor que cuando están destinados en el exterior. Eso explica la medida portuguesa.

“Más allá de lo económico, nos preocupa profundamente el impacto emocional y educativo en los hijos e hijas del servicio exterior, que enfrentan constantes mudanzas, cambios culturales, adaptación a nuevos sistemas escolares y rupturas sociales. Esto se traduce en índices elevados de dislexia, TDAH y otros desafíos del neurodesarrollo, así como una mayor incidencia de inestabilidad emocional y rupturas familiares”, señala en una carta difundida la semana pasada la Asociación de Familias del Servicio Exterior. “Sin mencionar la falta de actualización de las ayudas escolares, que ya no reflejan la realidad educativa y económica que viven hoy muchas familias del Servicio Exterior”.

Emilia Pérez es canciller en el Consulado General de España en Buenos Aires, categoría inferior al diplomático y encargado de la gestión técnica del servicio exterior. Pérez estuvo destinada en Canadá con una niña de seis meses. “La guardería no te la pagan y en Canadá no había guarderías públicas. Después fue a un colegio público”. Más tarde llegó a Argentina. “Mi hija venía totalmente hablando inglés y la única opción que tenía era un colegio inglés o americano. El único que nos coincide es carísimo: pagando en pesos y teniendo una beca del 25% del colegio pagamos 24.000 dólares al año. Me lo puedo permitir porque tengo una hija. Con dos ya sería imposible. Es un colegio al que van muchos hijos de funcionarios de otros países y a todo el mundo se lo pagan menos a nosotros”. 

“Nosotros no somos diplomáticos y no cobramos lo mismo”, dice. “Cuando elegí el inglés como lengua para la educación de mis hijos, uno de mis antiguos embajadores me dijo que me iba a salir carísimo. Muchos acaban escogiendo el francés para poder utilizar los liceos, que tienen un precio bastante más reducido, pero mi idea era elegir destinos anglos para poder ir a la escuela pública, pero eso no me ha tocado”, recuerda Pérez.

“Hace más de 20 años, recibir 3.900 euros a lo mejor estaba bien, pero ahora mismo, con los precios actuales, es imposible. Una vez que sales de determinados países del círculo europeo o Canadá, Australia… es muy difícil que tus hijos vayan a ir a un colegio público. Aunque quisiera ir a Nueva York, por ejemplo, sería imposible. Al fin y al cabo, es muy raro que te encuentres a gente con hijos entre funcionarios destinados en el exterior. Te encuentras con mujeres y hombres solteros o divorciados. En personal diplomático te lo encuentras algo más, pero no demasiado”, añade.

Parejas sin actividad económica

La educación no es la única reivindicación de los funcionarios en el exterior. Cuando tienen familia, es habitual que la pareja renuncie a su trabajo para acompañar a su familia. “Mi marido estuvo 11 años de excedencia con la que ni siquiera ha podido cotizar. Mi carrera [como diplomática] se ha reducido por primar la conciliación familiar a la laboral”, dice Mercedes Sánchez Pedrosa. “Se podría hacer algo. Mi pareja también es funcionario, es profesor de instituto y ni siquiera me han dejado cotizar por él durante su excedencia. Los primeros años se vino, pero te vas haciendo mayor y se acerca la edad de jubilación”, añade.

El 29% de los cónyuges de funcionarios en servicio exterior está en situación de inactividad económica, cifra que se eleva al 71% en el caso de las mujeres. Más del 60% no cotiza actualmente a la Seguridad Social y el 47% lleva más de 10 años sin hacerlo, según datos de la Asociación de Familias del Servicio Exterior.

“No existe en España una política pública activa que respalde al cónyuge desplazado. Aunque la Ley de Acción Exterior (LASE) reconoce el papel de la familia, aún no se ha desarrollado reglamentariamente. En otros países europeos, en cambio, sí se han adoptado soluciones eficaces. Francia, Portugal, Suiza o Reino Unido permiten cotizaciones voluntarias o cubren directamente las pensiones de los cónyuges. Alemania, Austria o Suecia aseguran empleo en embajadas o mecanismos para facilitar la continuidad profesional desde el extranjero”, señala la Asociación en una carta difundida la semana pasada.

Portugal ha publicado recientemente un decreto ley regulando la actividad diplomática y en ella establece que el Ministerio de Exteriores “asumirá los gastos de seguir abonando las retenciones a los regímenes de protección social” en el caso de los cónyuges o parejas de hecho que vean interrumpida su actividad profesional por seguir a su pareja en el destino exterior.

“No hay nada de apoyo a la conciliación familiar [en España]. Entré en 1997 y desde entonces no he visto un solo cambio en este sentido y más que mi profesión, valoro mi familia”, dice Sánchez Pedrosa. “Si voy sola a un país, está bien pagado, pero si empiezo a perder el dinero que gana mi marido, la casa que pago en España y en mi destino, más el colegio de los niños, en muchos países directamente no compensa”.

Entre las mejoras que incluye el decreto ley portugués está el billete de arraigo para el funcionario en el extranjero y su núcleo familiar. El texto establece varias categorías de destinos y garantizan uno o dos billetes al año según el país. En Francia, por ejemplo, también depende del destino, garantizando en ocasiones hasta tres vuelos al año. En el caso de España, solo hay un vuelo al año desde el destino, pero está suspendido desde diciembre de 2012.

Los funcionarios españoles destinados en el exterior llevan años exigiendo la actualización de la orden ministerial y denuncian que ni siquiera han recibido respuesta. “Hasta redactamos nosotros un borrador de actualización y no se ha movido nada”, denuncia la diplomática que prefiere no revelar su identidad.