La estrategia de Alberto González Amador para reconocer delitos fiscales sin poder ser llamado “defraudador confeso” ha llegado a su primera meta flotante. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo examina ya la petición de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, tenga que pagarle 40.000 euros por hablar en público de su confesión de fraude fiscal. Un pleito en el que los magistrados tendrán que elegir entre dos opciones: si el empresario es un “ciudadano particular” atacado por ser pareja de Ayuso, o si todo lo que se dijo sobre él forma parte del debate público y está amparado por la libertad de expresión.

La primera vista de la batería de actos de conciliación, demandas y querellas anunciadas e interpuestas por su defensa se ha celebrado esta semana ante la sala primera del Tribunal Supremo. Su abogada Guadalupe Sánchez, la misma que ha llevado a los tribunales a Miguel Ángel Revilla en nombre de Juan Carlos de Borbón, pide 40.000 euros de indemnización a la vicepresidenta María Jesús Montero por referirse a él como “defraudador confeso” y especular con que haya pagado el piso que comparte con Ayuso gracias a los 350.000 euros que defraudó tras hacer fortuna como comisionista sanitario en la pandemia.

El argumento es transversal a todas las demandas y la versión jurídica de lo que la propia Ayuso y el PP defienden desde hace un año: que Alberto González Amador es un “ciudadano particular” y que su exposición pública es algo que él “no ha buscado, ha venido de manera involuntaria”, ha relatado este jueves su letrada. Intentando que la filtración de su confesión a la prensa, la imputación del fiscal general y la estrategia política del Gobierno central también sean tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo.

El presidente del tribunal, Ignacio Sancho, cortó en seco a la abogada cuando intentó que los lamentos del juez Ángel Hurtado en la causa penal pasaran a formar parte de este pleito civil. También dejó en el aire qué pasará con la estrategia de Alberto González Amador de convertir este caso en un juicio sobre cómo el Gobierno se lanzó en tromba a criticarle después de que elDiario.es desvelara las acusaciones de fraude fiscal que pesaban sobre él.

Por el momento ha conseguido, ante las reticencias del tribunal, aportar como prueba un argumentario interno sobre el caso que la Secretaría de Estado de Comunicación rebotó por error a los periodistas el pasado mes de diciembre. “Se puede razonablemente presumir que nos encontramos ante declaraciones realizadas a la vista de un argumentario que le había sido remitido previamente”, deslizó la letrada. El tribunal, tras no mostrarse excesivamente interesado en todo lo que no sean las palabras de Montero, aceptó la prueba.

La Sala de lo Civil, que marca el paso al resto de juzgados y tribunales de todo el país en asuntos similares, será por tanto la primera en pronunciarse sobre la batería de pleitos puestos en marcha por González Amador contra los líderes políticos o partidos que se han referido a él como “defraudador confeso” o términos similares. Dentro de su tendencia a llevar a los tribunales a todo el que considere que ha intervenido negativamente en su estrategia de que su causa por fraude fiscal pase lo más desapercibida posible.

“No es un simple particular”

Frente a los argumentos del empresario de hacerse pasar por un ciudadano anónimo acosado por los medios, los poderes públicos y el Gobierno, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han esgrimido un argumento de defensa aplicable a más de una decena de pleitos similares sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso: referirse a él como “defraudador confeso” cuando ya se sabía desde hace meses que, efectivamente, se había ofrecido a confesar sus delitos a cambio de llegar a un acuerdo y evitar la cárcel, no vulnera su derecho al honor.

Aludir a la confesión que su abogado envió en febrero de 2024 al fiscal que le investigaba y a un Abogado del Estado que conocía, explican ambas partes, no es declararle culpable ni darle por condenado. “Es una expresión, no quiere decir que esté condenado, quiere decir que ha admitido algo”, explicó el fiscal. “No hace falta que haya una condena, no es necesario”.

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía entienden también que Alberto González Amador “no es un simple particular”. Su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la existencia pública de una causa penal contra él por fraude fiscal y las constantes declaraciones de su entorno en su defensa han hecho de él un personaje con esfera pública: “No la tiene por sí mismo, pero quiera o no quiera la tiene y eso motiva que pueda ser objeto de crítica”, dijo el fiscal.

El Abogado del Estado fue un poco más allá, al entender que González Amador y su entorno se habían ubicado en esa esfera pública de forma voluntaria y que una parte de las consecuencias es soportar estas críticas. Acusándole, incluso, de intentar que solo se hable de él en términos positivos: “Nos encontramos ante una situación paradójica”, exclamó con sorpresa.

De la prensa rosa a los tribunales

Hace un año elDiario.es desveló que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por defraudar más de 350.000 euros con facturas falsas para optimizar la fortuna que hizo como comisionista durante la pandemia. Pero también arrojó luz sobre quién era en realidad la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid: un experto en negocios sanitarios a la sombra del gigante Quirón, principal contratista del sector del gobierno regional. No el anónimo “técnico sanitario” que, hasta ahora, había dibujado la prensa del corazón.

La nueva disociación que ahora examinan los tribunales es entre el “ciudadano particular” y el “defraudador confeso” y si todos los políticos de izquierdas que se han referido a su caso han vulnerado su honor al hablar de cosas ya publicadas en la prensa. El resultado de este pleito marcará el camino de las casi dos decenas de actos de conciliación, demandas y querellas que ha puesto en marcha contra miembros del Gobierno como Pedro Sánchez o Félix Bolaños pero también contra partidos y periodistas.

“Estamos en presencia de un debate político generado por el propio interesado, deberá enfrentarse a las consecuencias”, ha zanjado el Abogado del Estado que defiende a la vicepresidenta del Gobierno en este caso. Las declaraciones de Montero y otros políticos sobre González Amador han llegado a juicio mucho antes que el propio caso de fraude fiscal del empresario, todavía imputado y pendiente de testificar ante otra sala del Supremo, la de lo penal, en la causa en la que está imputado el fiscal general.