Vicent Marzá (Castellón, 1983) llegó al Parlamento Europeo en junio de la mano de Sumar y, desde entonces, se ha hecho un hueco en el grupo de Los Verdes/ALE, que le han situado en una de las vicepresidencias de la comisión especial sobre la crisis de vivienda que ha echado a andar en el inicio de la legislatura. El eurodiputado de Compromís, que marca distancias con la estrategia de su grupo sobre el apoyo a Ursula von der Leyen, considera que la UE tiene margen de maniobra para paliar esa crisis. Atiende a elDiario.es en su despacho, entre una reunión y otra, en un momento en el que el gran tema de conversación en Bruselas es la amenaza arancelaria de Donald Trump. Dada la volatilidad de la situación, las preguntas se han actualizado posteriormente.

Estamos en medio de una guerra comercial, ¿qué le parece la respuesta que está dando la UE a Trump?

Tibia y poco ambiciosa. Si queremos defender los intereses de nuestra industria y nuestros trabajadores, no podemos seguir actuando como un actor pasivo en el tablero global. No basta con gestionar daños: hay que adoptar una posición proactiva y construir soberanía económica europea. No podemos continuar siendo un mercado abierto mientras otros actores, como Estados Unidos o China, se protegen y subvencionan masivamente su industria.

La UE necesita salir de la lógica del cortoplacismo y abordar con valentía las transformaciones estructurales que requiere el mundo actual. Para Compromís, apostar por una autonomía estratégica para Europa no puede traducirse en repetir esquemas de dependencia con nuevos actores -como se quiere hacer con Mercosur- ni tampoco en blindar los intereses de las grandes corporaciones. No podemos permitir que esta guerra comercial se salde con más deslocalizaciones y pérdida de empleos. Los que defendían el paradigma de mercados y libre comercio, están dejando hoy a la ciudadanía europea más desprotegida que nunca. 

¿Y cómo se puede conseguir?

El grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea hemos planteado una alternativa: un gran plan de industria limpia europea, el Clean New Deal verde. Esto implica utilizar los fondos europeos para reforzar la economía productiva y garantizar condiciones laborales dignas para nuestro futuro. 

El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones tiene que impulsar mecanismos que nos permitan relanzar nuestra economía sin dependencias externas ni recortes. Tenemos que activar el mecanismo anti-coerción de la UE, gravar a las tecnológicas americanas y crear nuevas fuentes de ingresos europeos para financiar nuestro futuro común. 

¿Cree que la pausa de 90 días va a acabar con un acuerdo?

Sinceramente, lo dudo. Estas pausas suelen ser movimientos tácticos, no respuestas estructurales. Lo que necesitamos es que la UE se dote de una estrategia clara y proactiva. Además: esto no va solo de una guerra comercial, sino que es también un ataque a nuestros valores y principios. Nos consta que la Unión Europea ha ofrecido a EEUU un acuerdo de comercio sin aranceles y la administración Trump lo ha rechazado. Por tanto, esto no opera en una lógica de confrontación comercial solamente. Es más bien un golpe brusco para desorientar y chantajear a Europa. No podemos confiar en que terceros actores resuelvan nuestros problemas. Europa necesita más soberanía económica y política para poder negociar de tú a tú con cualquier potencia.

¿Qué opina de la política de acercamiento a China que está llevando a cabo la UE y, especialmente Pedro Sánchez?

La UE necesita tener relaciones diplomáticas estables con todos los actores globales, incluida China, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos y con mecanismos de control sobre las inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Buscar vías de cooperación con China no puede suponer renunciar a nuestros principios y valores o a nuestra autonomía. Creo que sería importante vincular la relación con China a una agenda de derechos laborales, sostenibilidad medioambiental y gobernanza democrática. Una Europa fuerte no es una Europa que baile el agua a las grandes potencias, sino una que defiende sus principios en todas sus alianzas estratégicas. Pensamos que es bueno diversificar nuestras relaciones y no depender de nadie. Y esto se construye con coherencia y sin oportunismos. No nos gusta que los principios sean volátiles en función del interés de cada momento. 

Uno de sus principales papeles en el Parlamento Europeo será en la comisión especial de la crisis de vivienda, ¿qué espera de ella?

Mi misión en esa comisión es que se escuche en el Parlamento Europeo y se mandate al nuevo comisario de vivienda a que escuche la realidad de la gente que no puede pagar ni el alquiler, ni mucho menos comprarse una casa, y que no se escuche, como suele ser habitual desde estas instituciones, a los grandes promotores o a los grandes fondos buitre, que son gran parte del problema del acceso a la vivienda de la mayoría social.

¿Qué puede hacer la Unión Europea? Porque no tiene competencias en materia de vivienda

No tiene la competencia específica, pero puede hacer mucho porque la vivienda está afectada por muchas competencias que tienen que ver con la Unión Europea. Por ejemplo, en el Estado español hay muy poco parque público de vivienda. Estamos en la cola de la vivienda pública, estamos en la cola del parque de alquiler y, en cambio, somos líderes de sociedades que están exentas de tributación, como las Socimis, que están teniendo un impacto brutal en la financiación de las viviendas. 

Otra cuestión es que sea determinado de interés general las inversiones en vivienda pública y, por lo tanto, que no compute para deuda del Estado. 

¿Puede haber un fondo de inversión europeo específico para vivienda?

Puede haberlo y hasta el momento no ha habido uno específico. Es una cuestión que es una disrupción del mercado interno. Se ha roto. No hay un mercado interno de la vivienda en condición de igualdad. Se puede intervenir con competencias europeas. También hay cuestiones de eficiencia energética y de ayudas para la cohesión. 

La medida estrella de Von der Leyen es flexibilizar el régimen de ayudas de Estado para la política de vivienda. ¿Qué le parece?

Es una de las cuestiones que hay que hacer, pero se puede convertir en un parche si no vamos al fondo de la cuestión, que es, entre otras cuestiones, que la vivienda se ha convertido en un bien de especulación. Será solo un parche, porque será dar más dinero a más empresas para que construyan más pisos. Habrá una pequeña reducción de precios de la vivienda, pero no se garantizará el derecho. 

Debe haber una directiva que marque unas pautas clarísimas como, por ejemplo, la limitación de la propiedad. No puede ser que haya millones de viviendas vacías, muchas de ellas concentradas en muy pocos propietarios, y que están influyendo en el precio de acceso al alquiler. Eso, por ejemplo, es una disrupción del mercado interior. Se tiene que se tiene que poner una limitación del número de propiedades que puede tener una persona o una sociedad y eso lo puede hacer la Unión Europea.

No tiene ningún sentido que haya financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones, de los bancos europeos y de fondos europeos para la construcción de viviendas sin una condicionalidad de que, como mínimo, la mitad de esas viviendas sean de parque social. 

Hay una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo. ¿Le preocupa que eso acabe rebajando la ambición del informe?

Nos preocupa y mucho. Pero es la realidad que hay en este Parlamento y cómo se ha desplazado aún más hacia la derecha. Por eso para nosotros era súper importante estar, levantar la voz y decir las cosas claras: se está echando de las casas a personas que no es que estén viviendo en un alquiler, es que están compartiendo casa diferentes familias y aun así no llegan a final de mes. Y no estamos hablando de personas que no tengan trabajo, estamos hablando de familias trabajadoras que no se pueden pagar la vivienda.

Por otro lado, tenemos la afectación del sobreturismo. Los alquileres de corta duración están impidiendo que la gente pueda alquilarse una casa. Escuchábamos a Pedro Sánchez decir que se va a limitar la compra por no residentes extracomunitarios. No está mal, pero los comunitarios, también. No puede ser que haya una desigualdad de ingresos tan grande que residentes de la Unión Europea compran casas en otras zonas con menos ingresos medios y que hagan que suba tantísimo el precio, como nos está pasando en la mayoría de ciudades de la costa, por ejemplo, en el País Valencià y en otros territorios del Estado español, pero también en el sur de Francia o en Italia. 

¿Han tenido ya roces con el PPE y el resto de grupos?

De momento no hemos tenido roces directos con el PPE y otros grupos porque nos encontramos en una fase muy preliminar, pero ya se evidencian diferencias importantes de enfoque. El Partido Popular parece más interesado en que comparezcan las grandes inmobiliarias y fondos de inversión, mientras que nosotros creemos que hay que poner el foco en quienes están sufriendo la situación de emergencia habitacional: las personas que no pueden pagar el alquiler o comprarse una casa, los vecinos y vecinas que directamente están siendo expulsadas de sus barrios. Nos preocupa que el PP lo quiera resolver todo con más fondos para constructoras, como si construir más sin ningún tipo de regulación fuese la solución. Desde 1980 se han privatizado solo en España 2,7 millones de viviendas públicas y no podemos permitir que esto se vuelva a repetir. Desde Compromís defendemos intervenir el mercado de la vivienda con decisión: limitar los alquileres en zonas tensionadas, ampliar de forma ambiciosa el parque público de vivienda, y poner freno a los fondos buitre que acaparan inmuebles. 

El PP europeo tiene una mayoría alternativa con las fuerzas ultras, como hemos visto en votaciones en el arranque de la legislatura, en temas como Venezuela. ¿Cree que va a ser la tónica o en el PPE hay división respecto a la relación con la extrema derecha?

Hay delegaciones que están divididas. El PP español lo tiene claro: pactos con la extrema derecha siempre. En cambio, hay otras delegaciones con las que hablamos más porque tienen más interiorizado el sentido democrático de no hacer pactos con quien quiere es destruir y debilitar la democracia. Lo vemos ahora con Trump: en el momento en que Europa debe estar más unida y más fuerte, tenemos fuerzas que quieren desequilibrar Europa y dividirla. Ahora precisamente debería haber una reacción más fuerte por parte de los que supuestamente ven con malos ojos los pactos con la extrema derecha dentro del Partido Popular.

¿Y las divisiones dentro del grupo de Los verdes-ALE? Una parte apoyó a Von der Leyen en junio y al Colegio de Comisarios en noviembre. ¿Tienen un debate interno sobre cómo relacionarse con el gobierno comunitario? 

En Compromís votamos en contra las dos veces. No podíamos apoyar un Colegio de comisarios con la ultraderecha dentro y con un proyecto de Europa todavía más neoliberal contra los intereses de la mayoría trabajadora y negando el cambio climático. 

Hemos tenido debate con los nórdicos y los alemanes que, también por su cultura política, creen que es de obligación estar en la mayoría para poder influir mejor. Es lícito, lo entendemos, pero nosotros no pensamos igual. Pensamos que hay que continuar con una oposición clara y contundente para hacer que la ciudadanía reaccione y la derecha llamada democrática, que es el Partido Popular en este Parlamento, tiene que tener un desgaste por hacer pactos con quien quiere debilitar la democracia. Es verdad que tenemos ese debate, pero es un debate muy apaciguado. 

¿Qué le ha parecido la respuesta que ha dado la Unión Europea a la DANA?

Tardía y débil. Pero creo que no tanto por la voluntad de las propias instituciones europeas sino por la falta de reacción rápida y contundente tanto de la Generalitat Valenciana como del Gobierno de España. Desde el primer minuto estuvimos en contacto con las autoridades competentes de la Comisión y estaban dispuestas a ayudar con todos los mecanismos preparados para poder dar esa ayuda. No se pidió hasta nueve días después, ni el mecanismo de rescate, ni los rescatistas, ni los bomberos, ni los servicios de emergencias. No tiene ninguna explicación. Por lo tanto, en esa fase creo que es el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que es el competente quien es el culpable, y por inacción y por desconfianza en el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno del señor Pedro Sánchez, que no reaccionó a tiempo. 

Los valencianos sentimos que si eso hubiese pasado en Madrid, no hubiesen tardado nueve días. Y esa sensación creo que no es nada buena, porque nos hemos sentido muy abandonados por negligencia del señor Mazón, que es el competente y el culpable clarísimo. Pero ha habido una falta de reacción por parte del Gobierno de España y eso se ha notado en que a las instituciones europeas no se les ha visto en el territorio, no han hecho ninguna visita. La única visita que ha habido hasta ahora ha sido de nuestro grupo a petición mía a las zonas afectadas. 

¿Qué es lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España? ¿Tomar el mando?

Sí. Un estado de alarma totalmente. Cuando uno ve que la autoridad competente, que es la Generalitat, es totalmente negligente y no está capacitada para reaccionar a una situación de tamaña envergadura, tiene que asumir el desgaste de proteger a las personas. Y, por otro lado, la cuestión más importante es en la petición de los recursos a la Comisión. Nosotros somos expertos en apagar incendios porque tenemos incendios siempre. No somos expertos en inundaciones. Hay gente de Bélgica, de Holanda, de otros de otros países que son expertos en reacción a inundaciones que tienen los materiales. No hay que pasar vergüenza en un mundo tan interconectado de pedir ayuda a unos mientras tú mismo estás ayudando a los otros. 

¿Y qué hay de las ayudas económicas? 

Hemos conseguido que se habilite el mecanismo Restore para que lleguen casi 5.000 millones a las zonas afectadas. Está muy bien, pero es totalmente insuficiente. Cuando los compañeros del grupo me acompañaron y estuvieron en las ciudades afectadas, volvieron convencidísimos de que había que mandar más recursos y de que tenía que estar ya allí haciéndose una actuación específica y urgente del conjunto de los Estados, ayudando a reconstruir. No puede ser que el instituto público de Catarroja sigue sin abrir. Los niños están en su casa 100 días después. Hay 4.600 ascensores de fincas que no funcionan, con gente mayor y gente con movilidad reducida que no puede bajar de sus casas, que sus vecinos están haciéndoles la compra y subiéndosela a diez minutos de Valencia ciudad, en plena Europa. 

¿Qué otros fondos hay?

Lo que está llegando es parte de movilización de los fondos que son propios del Estado, una parte propios de la Generalitat y los 5.000 millones del mecanismo Restore. Tiene que haber un fondo específico para desastres vinculados al cambio climático. 

¿Eso no es el Fondo de Solidaridad?

Sí, pero queremos que sea un fondo estable, con fondos suficientes. No puede ser que tengas que quitar dinero de los fondos de cohesión para ir a la emergencia y los quites de cuestiones estructurales. Pensamos que debe ser estructural, porque estas desgracias relacionadas con el cambio climático han venido para quedarse.

También tiene que haber una condicionalidad y somos el único grupo que lo dijimos. Los fondos tienen que ir condicionados, no pueden destinarse a reconstruir en sitios de zonas inundables. No se puede volver a repetir el mismo error. PP y Vox acaban de derogar la Ley de la huerta en Valencia, que protegía la huerta, que es precisamente lo que hace que el agua pueda esponjar y no arrase con las ciudades. 

Usted envió una carta a Manfred Weber pidiéndole que reconsiderara la celebración del congreso del PPE en Valencia, ¿le ha contestado?

Sí, he recibido una respuesta en la que se limitan a afirmar que se trata de una cuestión interna de partido. Precisamente por eso lo criticamos: porque anteponen el interés de su partido al de la ciudadanía de València. Ningún líder europeo ha venido a València desde las inundaciones de octubre a ayudar, a reunirse con las víctimas o a ver qué hacía falta. Ningún comisario, ningún alto cargo de la Comisión, nadie. En cambio, ahora, nos quieren utilizar como plató para sus “cuestiones internas de partido”. Le he recordado también al Sr. Weber que su partido está vetando la comparecencia de las víctimas de la DANA en el Parlamento Europeo y que es vergonzoso que utilicen así un espacio institucional. El País Valencià no es ningún escaparate para blanquear negligencias e irresponsabilidades.

El PP europeo pidió a Feijóo que cambiara el lugar de ese congreso, ¿por qué cree que Génova optó por mantenerlo allí hasta que ya era tarde cambiarlo?

Nos consta de primera mano que estuvieron intentando cambiarlo hasta última hora. Feijóo no ha sido capaz de mover este Congreso, pero lo que es peor: no ha sido capaz de moverle la silla a Mazón. Mazón se ha reído de Feijóo como se ha reído de todos los valencianos, gracias al apoyo de Vox.