La comisión evaluadora del Ministerio de Industria ha resuelto conceder al proyecto de Altri un doble suspenso en su examen para optar a 30 millones de fondos europeos, asociados al PERTE de descarbonización. Los técnicos del departamento que dirige Jordi Hereu han concluido que el proyecto de la empresa portuguesa ni siquiera cumple con los requisitos mínimos establecidos en la orden de bases que rige el concurso. A pesar de eso, los encargados de evaluar a los candidatos han valorado la propuesta con la siguiente conclusión: no ha obtenido una puntuación suficiente para ser beneficiario de las ayudas.

De nada ha servido el apoyo que la Xunta ha prestado al proyecto en los últimos cuatro años, apostando toda su política industrial a la creación de una macrocelulosa en el corazón de la provincia de Lugo. Los técnicos han entendido que Altri no ha hecho los deberes y pretendía acceder a las ayudas sin haber puesto un solo ladrillo de su factoría, sin justificar su pretendida vocación ecológica y comprometiendo los plazos que marca Europa para todos los que compiten por el mismo dinero. Lo que sigue son los principales criterios que, según fuentes conocedoras del proceso, han marcado la decisión en contra del proyecto más discutido de las últimas décadas en Galicia.

Proyecto inmaduro

Los criterios de evaluación de esta línea ayudas son claros y vienen recogidos en la base que las regula. Se configuran en dos ejes fundamentales: aspectos medioambientales y viabilidad del proyecto. En cuanto al segundo de los condicionantes, Altri presenta de inicio una deficiencia que la aleja incluso del cumplimiento de la convocatoria: los plazos.

La fecha clave para todas las actuaciones que se pongan en marcha con fondos europeos como el que solicita Altri es el 31 de marzo de 2026. Ese día, la macrocelulosa debería estar finalizada y con capacidad para empezar a funcionar. Se trata de una fecha que los asesores en fondos europeos tienen grabada a fuego porque es la misma para todas las convocatorias relacionadas con los fondos de recuperación. Sin embargo, Altri pretendía conseguir de Europa algún tipo de flexibilidad y más tiempo para poner en marcha su planta. Europa ni ha contestado a esas llamadas a cambiar las reglas del juego para uno solo de los concursantes.

En concordancia con los criterios de quien paga, Altri tendría menos de un año para levantar de la nada su macrocelulosa, un plazo que la propia compañía reconoce como imposible. Por el momento lo único que la empresa tiene en tierras de Lugo es una parcela de monte que ni siquiera es suya. Para ser exactos, 220 parcelas con cuyos propietarios Altri firmó en 2024 acuerdos confidenciales de opción de compra, que llevaría a efecto en caso de decidirse por emprender el proyecto que viene mareando de la mano de la Xunta desde hace más de cuatro años.

La rigidez de Bruselas en cuanto a los plazos de ejecución se explican porque los Gobiernos que eligen los proyectos a financiar deben cerrar sus cuentas y justificar las inversiones antes del 31 de diciembre.

Emisiones de CO2

Otro de los puntos clave donde Altri no ha pasado el corte es el relacionado con las emisiones de CO2. Los criterios de la convocatoria son específicos al exigir la no utilización de combustibles fósiles en el proceso de producción y la reducción de emisiones de CO2 en el proceso de producción industrial.

La empresa de matriz portuguesa planea emitir a la atmósfera 0,1 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por cada tonelada de producto que saque al mercado. Se trata de una producción de CO2 similar a la que producirían 21.500 coches encendidos a la vez. Además está el capítulo de su afectación a las aguas del río Ulla, donde la temperatura sufrirá un ascenso de tres grados por el efecto de los vertidos previstos por la factoría.

Un informe elaborado por Ecologistas en Acción, junto a otras entidades de defensa del medioambiente, aseguraba en marzo que lejos de tratarse del “uso de la biomasa sostenible, eficiente y de bajas emisiones” que pretende Altri, la implantación de esa fábrica supondrá un “aumento del ritmo de extracción, de las emisiones de carbono y de la reducción de los sumideros de carbono existentes”.

Así las cosas, cualquiera podría concluir que las opciones de Altri para obtener una ayuda por descarbonización eran muy pocas desde el inicio.

Las valoraciones, que han dejado a Altri fuera de los 30 millones solicitados, se realizan por parte de órganos de gestión, integrados por técnicos del Ministerio de Industria y se aprueban en la comisión de evaluación, aplicando los mismos criterios para todos los proyectos presentados. Se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Es decir, se evalúan todas las iniciativas y se adjudican las ayudas por orden, en función de la puntuación global obtenida por cada proyecto.

Resolución provisional

La decisión de dejar a Altri sin un solo euro de financiación europea no es firme ya que la empresa dispone ahora de un plazo de audiencia en el que podrá realizar las alegaciones que considere oportunas.

A través de un comunicado, la empresa ha anunciado su intención de recurrir la decisión y de seguir adelante con su proyecto. La Xunta de Galicia, que preside Alfonso Rueda, también sigue aferrada a ese barco como si de él dependiese toda la política industrial de la comunidad.