El hospital universitario de Torrejón, parte del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pero gestionado por el grupo Ribera Salud, presiona a los servicios para programar un número de cirugías al mes de pacientes procedentes de otros centros públicos. Por estas derivaciones, que permiten a los enfermos reducir la espera, la Consejería de Sanidad paga al hospital un dinero extra al margen del presupuesto anual. El montante se liquida a posteriori en función de las cirugías y, en muchas ocasiones, con demora y en varios pagos.

Varias comunicaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es demuestran cómo estos movimientos, amparados por un sistema de libre elección creado hace tres lustros y nutrido por las largas listas de espera de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, están dirigidos desde la cúpula del hospital para aumentar los ingresos.

En cirugía cardiaca, por ejemplo, el porcentaje de intervenciones de pacientes fuera de área marcado para el verano pasado oscilaba entre un 30% (en julio) y un 50% (en agosto), según la documentación que ha podido analizar este medio. Desde el departamento de admisión se pidió a ese mismo servicio que pasara a quirófano a un paciente adicional para “cumplir el objetivo” a finales de septiembre: “Tendríamos que programar la próxima semana una CCI no cápita”. “El miércoles 25 hemos programado a una paciente de Torrejón no demorable”, respondió la jefatura de cirugía cardiaca. La dirección usa el término “cápita” para referirse a los pacientes del hospital mientras en “no cápita” se encuadran todos los de fuera. Los primeros aparecen en el sistema en color verde; los segundos, en amarillo.

Otro médico de una especialidad diferente confirma a elDiario.es que sucede también en su servicio y asegura que se abren quirófanos por las tardes para operar, por lo general, a pacientes por los que se cobra aparte. Son las llamadas peonadas y los cirujanos participan voluntariamente al margen de su jornada. “Nos presionan de varias formas para que estos enfermos entren y el resultado es que nuestros pacientes del hospital, siempre que no sean preferentes, terminan esperando en ocasiones hasta seis veces más”, declara este facultativo, que pide no ser identificado y precisa que la lista en este hospital, con todo, es algo más reducida que en otros. En febrero de 2025, la media era de 51 días, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

Aunque no entra a cuestionar el modelo, se rebela contra la diferenciación entre pacientes: “Si hacemos lista de espera por un compromiso con la sociedad, la hacemos para todos, no distinguimos entre los de dentro y los de fuera”. En los documentos que ha podido ver este periódico, la dirección insiste en la “importancia de cumplir con el objetivo”. “Mañana lo comentaremos en el comité de quirófano”, apuntan.

La Consejería de Sanidad asegura que corresponde al hospital organizar a cuántos pacientes fuera de área operan siempre que atiendan a todos, los de referencia y los de libre elección, “en las mismas condiciones”. A preguntas de este medio sobre qué importe se ha pagado a este centro por la actividad extra de 2024, un portavoz responde que los datos “todavía no están consolidados”. El hospital, por su parte, ha preferido no responder.

Cuánto se paga por estos pacientes

La Comunidad de Madrid mantiene una deuda con los cuatro hospitales privatizados de la región –los otros tres pertenecen a Quirónsalud– por estas derivaciones, que se dan en cirugías pero también en consultas externas con el especialista. El dinero que la Consejería de Sanidad transfiere a cada centro anualmente, aparte de su presupuesto ordinario, va en aumento: la última memoria disponible del Sermas, de 2023, revela cómo el hospital de Torrejón ha ido engordando las citas “entrantes”. Crecieron de 15.677 en 2022 a 24.377 un año después. Y aunque en los últimos meses, tal y como adelantó elDiario.es, el Gobierno regional ha reducido a más velocidad la deuda con Quirón, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso cerró 2023 con una reserva de 1.200 millones de euros en sus cuentas para asumir pagos atrasados y hacer frente a los conflictos judiciales con estos hospitales, según publicó El País.

El sistema, cuyo origen se remonta a 2012, es visto por sus detractores como una parasitación del sistema público que le va detrayendo recursos año a año, pero sus defensores lo consideran un modelo útil para atender más rápido a los pacientes ofreciéndoles ser operados o citados con el especialista en un tiempo menor a costa de cambiar de hospital. Esta estructura de incentivos solo aplica a los hospitales que están en régimen de gestión indirecta. Para los centros públicos, sin embargo, los pacientes fuera de área suponen un gasto adicional pero no un ingreso.

La reforma que empuja estos flujos de pacientes se puso en marcha cuando Esperanza Aguirre dirigía la Comunidad de Madrid. Hasta entonces cada ciudadano tenía asignado un hospital de referencia y, salvo excepciones, se trataba siempre allí. Con los cambios de Aguirre se creó un “área única sanitaria” basada en una filosofía muy clara: el dinero sigue al paciente.

Bajo este paraguas, la Consejería de Sanidad puso a competir a los centros de manera que quien trabajara de forma más eficiente recibiría más recursos. Cuántos más pacientes, más incentivos. Los pagos extra, en principio, están sujetos a unos precios públicos que la Consejería establece en función del tipo de intervención y su complejidad. Por ejemplo, la implantación de un marcapasos oscila entre los 5.000 y los 15.000 euros.

Dos protestas en el último mes

Los médicos son conscientes de que “el arma que tiene el hospital es la velocidad” y eso les obliga a trabajar a destajo. “Se puede atraer pacientes desde la calidad asistencial, como demostramos en el pasado, sin necesidad de incurrir, como se hace ahora, en prácticas mercantiles de las que en absoluto podemos responder ante la población a la que atendemos”, lamenta a elDiario.es otra médica veterana de un tercer servicio del hospital de Tarrejón que también pide no revelar su nombre por temor a represalias. El centro tiene asignada una población de más de 150.000 personas de cinco municipios diferentes.

Las distintas fuentes consultadas coinciden en que la dirección ha empujado siempre para captar pacientes de fuera de área, pero que esa presión se ha multiplicado con la llegada del último equipo, liderado por María Pilar Navarro, en 2022.

Unos 300 trabajadores y trabajadoras se concentraron a finales de marzo a las puertas del hospital para expresar su malestar con la gestión y volverán a hacerlo este martes. No se trata solo de sus condiciones laborales, dicen varios de los facultativos con los que ha hablado este medio, sino de la “calidad asistencial” que se ofrece a los pacientes. El hospital tuvo que suspender todas las citas del servicio de endocrinología a principios de año porque se quedaron sin médicas.

La empresa responsable del funcionamiento del hospital universitario de Torrejón es la compañía valenciana Ribera Salud, que se hizo cargo de la gestión inicialmente, después la traspasó a Sanitas y a Asisa, para volver a ella de nuevo en 2018, ahora controlada por un tercer grupo sanitario francés, Vivalto Santé. El grupo anunció en enero que adquiría dos nuevos hospitales en Aragón y Asturias, además de tres clínicas vinculados a ellos. Con estas incorporaciones ya cuenta con 14 centros hospitalarios en España.