El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aparece en el Telexornal de la TVG visitando las obras de rehabilitación del Castillo de Monterrei (Ourense). Allí, rodeado de logotipos del Gobierno autonómico —multiplicándose en el cartel de las obras, en el atril del micrófono, en todos y cada uno de los chalecos reflectantes de la comitiva que lo acompaña…—, el jefe del Ejecutivo gallego anunciaba que el “buque insignia” de la “dinamización de la comarca” estará finalizado en verano de 2026. “La Xunta invierte más de 14 millones de euros” en la que es una de las obras de restauración “más ambiciosas que ha emprendido”, insistían tanto desde plató como en el off de la noticia. Lo que en ningún momento se pudo escuchar es de dónde salía ese dinero: fondos europeos gestionados por el Ministerio de Industria y Turismo. Un observador entrenado hubiese podido encontrar el logotipo rojigualda del Plan Nacional de Recuperación en el panel frente al que habló Rueda. Eso sí, que el delegado del Gobierno no estuviese en la visita tampoco ayudaba demasiado.

Esto podría parecer una simple anécdota en la tradicional pelea entre administraciones por ver quién se pone una medalla en el pecho. Esta misma semana, en un caso extremo de esa tirantez, el Ministerio de Transportes retiró a la Junta de Andalucía las ayudas al transporte infantil por considerar que ocultaba el origen estatal de los fondos. Fuentes consultadas por elDiario.es elevan este comportamiento en Galicia al nivel de categoría.

La Xunta combina los ataques constantes a Pedro Sánchez por sus supuestos agravios a la comunidad —la financiación autonómica y la quita de la deuda, los fondos para dependencia, la transferencia de la autopista AP-9…— con una campaña de apropiación de sus fondos para venderlos como propios y convertirse, ante la opinión púbica, en la única administración detrás de inversiones que proceden bien de Madrid o bien de Bruselas, tras pasar por los ministerios correspondientes. A menudo, el origen de ese dinero se pierde en algún lugar entre el Diario Oficial de Galicia (DOG) y las notas de prensa del Gobierno autonómico.

“La inmensa mayoría de los casos citados”, responde un portavoz de la Xunta a las preguntas de elDiario.es, “corresponden a fondos europeos (Next Generation/MRR, Feder o FSE)” en los que “como es natural, tratándose de fondos procedentes de la Unión, se cumple con las obligaciones de publicidad que marca la Comisión”. Se hace así en el DOG o los carteles de las obras, pero es mucho más difícil encontrar esas atribuciones en los comunicados y las informaciones del gobierno gallego. No lo ve así el representante de la Administración autonómica; para él, “es importante distinguir los fondos que proceden de las arcas comunitarias de los que provienen de las arcas estatales”, y defiende que la Xunta siempre comunica el papel del Ejecutivo central algo que, según asegura, no siempre sucede al revés.

A continuación, recogemos algunos casos para la discordia, desglosados por ministerios:

Educación

La Xunta tuvo que devolver 22,3 millones de euros de una ayuda total de 34 millones del Ministerio de Educación para crear plazas en escuelas infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años. El Gobierno gallego quería utilizarlos para bonificar esas plazas en centros privados —dentro de su política de gratuidad universal para ese tramo de edad— pero las condiciones de la subvención del ministerio no lo permitían. Cuando lo ofrecía a los concellos ese dinero aparecía como propio —“La Xunta invierte 7,7 millones de euros para garantizar un año más la aplicación de esta medida”, decía textualmente su nota de prensa—; sin embargo, cuando perdió la subvención, fue por las “limitaciones” que imponía Madrid.

Los cursos de formación para desempleados AFD, impartidos en los concellos, cuentan con fondos del ministerio para la totalidad de sus gastos. Hay que acudir a su publicación en el DOG para ver una referencia al Ministerio, pues en las notas de prensa de la Xunta no figura por ninguna parte. Asciende a un total de 76 millones de euros, “el más alto de los últimos 15 años”, según publicita el ejecutivo autonómico.

Del mismo modo, los cursos de formación a demanda para empresas, dirigidos a sus trabajadores, están también financiados por este ministerio. También hay que recurrir al DOG para saberlo, ya que en la información distribuida por la Xunta lo que se recoge es que “el Ejecutivo autonómico da continuidad a su compromiso con las experiencias cortas de aprendizaje” La convocatoria de este año se eleva a 4 millones de euros.

De los 566 millones aprobados por el Gobierno en mayo de 2023 para “la formación digital del alumnado y la mejora de la equidad”, a Galicia le tocaron 32,8 millones. De ellos, 18,7 fueron a parar al programa Código Escuela 4.0, un programa que mantuvo su nombre en comunidades como Madrid, Cantabria o Castilla y León. Sin embargo, la Xunta destinó íntegramente ese montante a una iniciativa propia, el programa Polos Creativos, en la que no hacía referencia al ministerio. Otra parte se destinó al programa PROA+, dirigido a centros concertados, que en Galicia se llama Plan Recupera.

Sanidad

El Gobierno central financia 76 equipos de alta tecnología en los hospitales gallegos con 61 millones de euros del Plan de Recuperación. La Xunta incorporó a esos 61 otros 7 millones y, de nuevo, otros 8,6 para acometer las obras necesarias para instalarlos en los hospitales.

En el reparto entre comunidades, el Gobierno trasladó a Galicia 37,8 millones de euros para la mejora de las instalaciones en centros de atención primaria. En la nota informativa del Consello de la Xunta sobre el programa al que se destinaron, no se menciona al ministerio. Se habla de que los fondos “se gestionaron” y sólo en la última línea del comunicado, en el párrafo 14, se dan pistas sobre su origen al afirmar que “se comprometieron la práctica totalidad de los fondos asignados a Galicia”.

Esas menciones desaparecen en las decenas de informaciones oficiales sobre cada una de las intervenciones derivadas de ese plan. Un ejemplo, éste del concello coruñés de Zas, donde se habla de la colaboración entre la Xunta y el ayuntamiento para la mejora de los centros de salud y se presume de que los presupuestos autonómicos“incrementaron los fondos para inversiones en atención primaria en un 65%, hasta los 56 millones de euros”, la “mayor cantidad de los últimos 20 años”.

Igualdad

El Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión del Gobierno, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinó a Galicia 5,9 millones de euros, a través del Ministerio de Igualdad, para financiar íntegramente la construcción de seis centros de atención 24 horas para víctimas de violencia machista. La Xunta, que no tuvo que realizar ninguna aportación, sí estuvo a punto de perder la ayuda ante el riesgo de incumplir los plazos. Un ejemplo es el centro de Ferrol, que el ejecutivo autonómico trasladó a los medios como iniciativa propia, si bien en el texto sólo refleja la inversión de 500.000 euros para su “gestión”. En el cierre de la nota de prensa, llega a “lamentar” que el Gobierno central “no había contado con las comunidades autónomas para poner en marcha estos recursos ni había aportado fondos para su mantenimiento”.

A través de una iniciativa para impulsar la conciliación, el Plan Corresponsables, Igualdad ha trasladado a Galicia 40,1 millones de euros. Esta vez, la administración autonómica sí le puso su apellido: Plan Corresponsables de la Xunta de Galicia. En 2024, la partida fue de 9,3 millones. En el mes de septiembre había beneficiado a 30.000 niños con una inversión de 7,7 millones hasta ese momento. En su comunicado, la Xunta dice haber enviado esos fondos “a casi 170 ayuntamientos, una veintena de entidades sociales y 60 asociaciones de madres y padres (Anpas) para que pongan en marcha iniciativas que ayuden a compaginar la vida laboral y familiar”. Entre ellas, “campamentos, talleres, actividades de ocio o servicios de madrugadores en los centros, entre otras propuestas”. Es decir, servicios que no asume la administración y que acaban ofreciendo empresas privadas.

Transición Ecológica y Reto Demográfico

La Xunta gestiona las ayudas del Plan Moves, movilizando 210 millones de euros para Galicia entre sus tres convocatorias. Estos fondos corresponden al IDAE, integrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Xunta administra las ayudas, pero su financiación no emana de la Administración gallega.

La polémica senda peatonal entre Santiago y O Milladoiro, en el concello vecino de Ames, está financiada con 12 millones de euros que transfiere el Ministerio del Plan de Recuperación. La Xunta, que ha tenido que cambiar un trazado denunciado ante el juzgado y la Fiscalía Europea, trata la inversión como parte del paraguas de los fondos Next Generation, sin aclarar que los fondos son del Gobierno. El portavoz del PP en la capital gallega se presenta como “conseguidor” de la infraestructura pese a la oposición del PSOE y del gobierno local BNG-CA. Para la Xunta, sin embargo, la imagen del cartel de la obra es la prueba de que la atribución al origen de los fondos es siempre “más que visible”.

Cartel de la obra de la senda peatonal de Santiago, proporcionada por la Xunta, en la que «los logos del Ministerio de Transportes y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son más que visibles».

El Gobierno aporta 10,27 millones de euros al presupuesto de la nueva planta pública de Galicia de tratamiento de residuos textiles a través del Plan de Recuperación. Hay que acudir a una nota de la delegada de la Xunta en A Coruña para verlo, ya que en las notas del presidente se aducen los 25 millones que costará en total sin hacer más precisión. 

Transportes

Ayudas al pago de los billetes de transporte público. El Ministerio aporta un 30% del 50% bonificado, mientras que la Xunta pone un 20%, a pesar de que venda como que financia un 50% del billete. Cuando no estaba claro si esas ayudas iban a prorrogarse fue cuando comenzó a meter al “Estado” en sus titulares.

Transformación Digital y Función Pública

El Gobierno de España lleva transferidos a la Xunta de Galicia desde el año 2021 un total de 1.850 millones de euros, 45 millones de media al mes, para la modernización del tejido empresarial gallego. Cuando la Xunta gestiona ese dinero no dice de dónde procede. Sin ir más lejos, el pasado diciembre la Conselleira de Economía e Industria anunciaba una convocatoria de ayudas para promover el uso de la IA en las empresas con un presupuesto de 10,3 millones de euros, aportados por el Gobierno. Es necesario recurrir al DOG para ver que emanan de los fondos del Plan de Recuperación.

Agricultura, Pesca y Alimentación

El Gobierno aportó 2,8 millones de euros a los ganaderos cuyas reses se vieron afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), el mismo importe que la Xunta. En total, se beneficiaron 2.600 explotaciones ganaderas en Galicia, que la Xunta dijo financiar íntegramente con 5,6 millones de euros ocultando la inversión del Gobierno.

Algo similar sucede con los fondos de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. La Xunta publicó una convocatoria con un presupuesto previsto de 224 M€ para este 2025, pero este dinero se lo aporta el ministerio a través de la inversión europea.

Vivienda

De los 35,7 millones de euros que sumaron las dos convocatorias de ayudas al alquiler para jóvenes, la aportación de la Xunta fue tan sólo de 1,5 millones. Eso no impidió que en ambas convocatorias —la primera, de 22,8 millones y la segunda, de 11,4 más el millón y medio autonómico— se vendiesen como una acción del ejecutivo autonómico. 

En ambas notas oficiales, tras unos titulares en positivo —“Rueda anuncia que la Xunta convocará este mes el nuevo bono alquiler juventud, que prevé beneficiar a cerca de 3.800 jóvenes durante dos años” y “La Xunta autoriza la nueva convocatoria del Bono alugueiro mocidade dotada con un presupuesto de cerca de 13 M€ durante dos años”— esta vez sí se incluía, unos párrafos más abajo, una mención al Gobierno central, pero como crítica: para responsabilizarlo del retraso de los bonos y de su alcance limitado: “La Xunta lamenta la tardanza en la transferencia estatal del crédito de esta convocatoria, que además es insuficiente, toda vez que se corresponde con la mitad del asignado en 2022, es decir, tan sólo 5,7 M€ cada ejercicio”.

La Xunta convocó en julio del 2024 un total de 34,1 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios. Esos fondos, “con cargo a los Next Generation UE”, corresponden a la partida aportada por el Ministerio de Vivienda. En total, sumando todas las convocatorias de este proyecto, se alcanzaron los 118 millones de euros transferidos.

Servicios Sociales

La Xunta de Galicia recibió el 40,7% de sus fondos de Dependencia del Gobierno, con una aportación récord de 210 millones en el 2023. Según el ministro Pablo Bustinduy, el objetivo es llegar al 50%, que es el porcentaje que la Xunta reclama de forma insistente. Uno de los apartados donde el Ministerio aporta inversión es en la construcción de residencias para personas mayores. En febrero, la Xunta presentó una residencia en Dozón (Pontevedra) con un coste de 1,5 millones de euros, que proceden de un plan de inversiones de la Xunta para llevar a cabo equipamientos sociales municipales. Estos fondos corresponden a los fondos europeos, por lo que están transferidos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Otro ejemplo en ese sentido son las residencias para personas con discapacidad. En Vigo, la asociación Aspanaex recibió 2 millones de euros para un centro de día, que el propio Rueda anunció como una inversión propia —“La Xunta aportó 2 millones de euros para financiar las obras”—, sin mencionar que son fondos del Plan de Recuperación que llegan a la comunidad a través del ministerio. El resto de los 4,3 millones a los que ascendía la obra lo financiaron la propia entidad y diversos donantes. Además, la propietaria del inmueble es la Tesorería General de la Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que fue quien lo cedió a Aspanaex. 

Industria y Turismo

A mediados de octubre del 2023, el director de Turismo de Galicia dijo haber “movilizado” 19 de los 24,4 millones de euros que el Programa Xacobeo Next Generation tiene asignados a la rehabilitación de doce Bienes de Interés Cultural (BIC) en el Camino de Santiago. Lo que no explicó es que el Ministerio aporta 22,7 millones de euros a la rehabilitación de esos 12 BIC, mientras que la Xunta —encargada de ejecutar las obras— pone el resto, 1,7 millones. El Gobierno destina ese montante a través de diversas partidas —los planes de sostenibilidad turística, la rehabilitación de patrimonio a través de programas como el 2% Cultural…—, que suman un total de 200 millones de euros desde el 2020 al acondicionamiento del patrimonio gallego. En total, la administración autonómica gestiona más de 130 millones de euros de los Planes de Sostenibilidad Turística, que proclama como fondos Next Generation sin tener en cuenta que emanan del Ministerio, como sucedió en las obras de Castillo de Monterrei.

Galicia gestiona una inversión de casi 8,5 millones del Ministerio de Industria y Turismo para impulsar competencias digitales y eficiencia energética en el sector turístico hasta el 2026. Tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo, en la que se dio luz verde a esa transferencia, la Xunta publicó una nota de prensa con este titular: “Galicia aprueba gestionar casi 8,5 millones…”.

El Gobierno invierte en turismo termal 13 millones de euros. En esta inversión se incluye en el programa Galicia destino termal de referencia, que ejecuta y vende como propio la Xunta de Galicia bajo el nombre de Plan de Turismo Termal con 10,5 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación del Gobierno. Aunque esta vez en la foto sí se reservó un lugar para el delegado del Gobierno, no hubo ninguna mención al ejecutivo cuando “Rueda destacó que este Plan (…) estará dotado de ’10 millones de euros’”.