El Parlament balear ha aprobado, con los votos de PP y Vox, el decreto-ley que permitirá dar vía libre a la construcción de 20.000 viviendas en el término municipal de Palma, a pesar de que la capital balear cuenta con 9.346 pisos vacíos -de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- o de que 8.652 inmuebles se encuentran en manos de grandes tenedores (2.621 pertenecientes a propietarios con más de cien casas). Tras ello, la Cámara autonómica lo tramitará como proyecto de ley con el objetivo de extender la normativa a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes, una exigencia que había impuesto la formación de extrema derecha a cambio de prestar su apoyo.

Con la promesa de aliviar la actual crisis habitacional, el decreto-ley creará la figura de proyectos residenciales estratégicos (PRE) a través de la cual se prevé agilizar el desbloqueo los suelos urbanos y urbanizables con la intención de incrementar la oferta de vivienda, una medida que, como han criticado duramente las formaciones de la oposición, “no está pensada para los trabajandores, sino para los promotores”: “Quieren que sigamos siendo la segunda gran residencia a nivel europeo. Van a blindar los suelos urbanizables, lo que siempore han hecho, para los que tienen más en estas islas”, ha remarcado el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.

“El negocio de unos pocos atropella los derechos de centenares de miles de mallorquines”, ha apuntado, por su parte, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, quien ha recriminado que el Ejecutivo balear del PP, de la mano de los de Santiago Abascal, “se opongan a proteger a los ciudadanos y a regular mercado, a agilizar las ayudas del alquiller y no reclamen que se suban los salarios de los trabajadores”. “Ante el drama de la especulación son impasibles. Poco importan los datos y los informes, que esta administración trumpista va a hacer más poderosos a los más poderosos y a enriquecer a los de siempre”.

50% de viviendas, en régimen de protección

De acuerdo al decreto validado este martes, la nueva figura del PRE establece que deberá reservarse el 50% del suelo desbloqueado a viviendas sometidas a un régimen de protección, con la creación de más de 10.000 viviendas a precio asequible en Palma, si bien no la nueva normativa no detalla cuáles serán esos límites ni qué mecanismos garantizarán que no se inflen artificialmente los precios o que las nuevas viviendas acaben fuera del alcance de las familias trabajadoras.

Durante su intervención en el pleno, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido que las políticas en materia de vivienda puestas en marcha a lo largo de la presente legislatura pretenden dar respuesta a las demandas de la sociedad civil. “Es verdad que la situación es dramática, una situación muy delicada. Pero supongo que no querrá hacernos pensar que se debe a nuestros dos años de gobierno y no a sus ocho años de no políticas de vivienda”, ha recriminado a la diputada socialista Amanda Fernández, quien le ha inquirido acerca del apoyo de la sociedad a sus medidas de vivienda.

Mateo ha remarcado que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha puesto en marcha la planificación de cerca de 900 viviendas y que los precios de los inmuebles que se han puesto en el mercado a través del programa ‘Alquiler Seguro’ o de precio limitado (VPL) tienen precios asequibles, informa Europa Press. A este respecto, la socialista Mercedes Garrido ha reprochado que el Ejecutivo autonómico ha decidido “liquidar la vivienda de protección oficial” y “apostar por la vivienda de precio libre y limitado”, incrementando con ello, de forma artificial, un 30% los precios.

“Está faltando a la verdad. Aquí de lo que se trata es de poner sobre la mesa soluciones a problemas”, le ha contestado Mateo. “Desde luego, se lo reconozco, qué fácil es criticar cuando no se hace nada o cuando durante ocho años no se hizo nada”, ha insistido.

Un centenar de manifestantes, contra el decreto

A las afueras del Parlament, mientras tanto, cerca de un centenar de personas se concentraban para manifestar su rechazo al decreto ley de vivienda. Bajo el grito de ‘Mallorca for the residents’ –Mallorca para los residentes– y “políticos corruptos”, los manifestantes han sido convocados por la entidad ecologista GOB, PalmaXXI y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, quienes han aseverado que la nueva normativa será “el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años” y supondrá “un nuevo obstáculo” para el acceso a la vivienda.

Según ha señalado la presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, en declaraciones a los medios, “detrás de un titular atractivo para la ciudadanía, como es el de conseguir nuevos suelos residenciales, se esconde el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años”. “Es un paso muy grave para el territorio y para la vivienda”, ha lamentado Llorente, a la vez que ha agregado que si se amplía a otros municipios supondrá “un atentado a nivel territorial”.

Para PalmaXXI, integrada por historiadores, geógrafos, arquitectos y urbanistas, la iniciativa “se presenta como una gran herramienta para conseguir suelo para hacer viviendas asequibles, es, en realidad, el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años”.

“Entre otras medidas, el decreto permite modificar radicalmente el Plan General de Palma, aprobado hace dos años, para dejar construir a los promotores un 45% más de edificabilidad a sus suelos urbanizables”, recriminan desde esta plataforma, integrada por historiadores, geógrafos, arquitectos y urbanistas. Del mismo modo, lamentan que la iniciativa “abre la puerta a reducir radicalmente, en algunos casos hasta solo una quinta parte de lo previsto en el Plan General, los espacios libres que tenían que conformar los jardines y parques de la Palma del futuro”.