La Generalitat Valenciana rechaza trasladar el contenido de las cámaras de seguridad del Palau durante el 29 de octubre y “en cumplimiento de la ley”. El departamento de Transparencia, que depende de Presidencia de la Generalitat, responde a una solicitud de documentación del PSPV, que reclamó la copia de las grabaciones de seguridad del día de la DANA, sin aportar lo solicitado y con una referencia directa a la ley que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

El artículo al que hace referencia el secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, dice que: “Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”. Los socialistas hicieron la petición de documentación el 26 de febrero, cuatro meses después de la riada.

La ley prosigue indicando que “la Administración competente determinará el órgano o autoridad gubernativa que tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción. Dicho órgano será el competente para resolver sobre las peticiones de acceso o cancelación promovidas por los interesados”.

La Generalitat sí ha aportado, a través de un informe difundido por la Agencia EFE, imágenes de la llegada del presidente al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana a las 20.28 horas de la tarde. El informe, facilitado a EFE por la Generalitat, incluye pantallazos de la cámara de seguridad del edificio del Centro de Emergencias en L’Eliana. Especifica que este centro “dispone, dentro de las medidas de seguridad existentes, de un sistema de videovigilancia (CCTV) con diversas cámaras fijas y móviles, tanto en el exterior como en el interior de sus dependencias” y que consta de dos videograbadores donde se almacenan las imágenes en tiempo real, las 24 horas los 365 días.

Este informe fue difundido el 27 de febrero de 2025, un día después de que se registrara la petición de los socialistas y cuatro meses después del 29 de octubre. El documento que recoge esta información está fechado el 18 de febrero. La primera versión de Mazón y su entorno fue que llegó “a partir de las 19 horas”.

Los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE y Compromís en las Corts Valencianes han denunciado este martes el borrado de las grabaciones de las cámaras. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha respondido en la rueda de prensa posterior al pleno citando el mismo artículo al que remite el responsable de Transparencia.

Según señala la Generalitat, el procedimiento de borrado se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes y los criterios de conservación y custodia de las imágenes se limitan a un máximo de un mes, según la ley, pero no establecen un mínimo, por lo que en la práctica se borran a los 15 días salvo que haya requerimiento policial.