El anteproyecto de ley de los medicamentos, una norma compleja y llena de equilibrios con la que el Ministerio de Sanidad pretende solucionar algunos males que aquejan al sistema garantizando a su vez que es sostenible, se ha topado con la resistencia de la industria. La discrepancia se cierne sobre un artículo: la nueva forma de fijar el precio de los medicamentos genéricos.

El Ministerio pretende transformar el sistema para abaratarlos a cambio de que ganen presencia en el mercado, pero el modelo es visto como perjudicial tanto por las compañías que producen los fármacos como por las farmacias que los venden. Ante el goteo de críticas, el departamento que dirige la ministra Mónica García se ha abierto a negociar modificaciones que acerquen las posturas. “Los textos parece que se publican como si fueran grabados de piedra, pero hemos demostrado con el proyecto de consumo de alcohol y menores que estamos dispuestos a hacer cambios. Estamos abiertos”, ha confirmado el número dos del Ministerio, Javier Padilla.

Hasta ahora es una comisión interministerial la que fija los precios de los medicamentos que ya no están sujetos a una patente tomando como referencia el de la marca y reduciéndole el importe en un 40%. Todas las compañías que quieren entrar en la financiación del Sistema Nacional de Salud deben ceñirse a ese precio. La nueva ley modifica de la manera siguiente el campo de juego: las farmacéuticas tendrán que presentar ofertas ciegas –sin saber a priori lo que ofrecen otras empresas– y a partir de ellas Sanidad elegirá una y fijará, en lo que se refiere a ella, un rango de precios dentro del cual los fármacos estarán subvencionados. Estos precios se revisarán cada seis meses.

¿Cómo afectará que haya una horquilla de precios a los pacientes? Como se receta por principio activo, en la oficina de farmacia se dispensará el más barato siempre que la persona no muestre ninguna preferencia. Ahora bien, si quiere escoger podrá hacerlo dentro de este rango sin copagos y solo deberá abonar la diferencia –respecto al precio más bajo– si el fármaco está fuera de la horquilla. Una especie de copago evitable.

La industria considera, según su último comunicado uniendo también a los distribuidores y los farmacéuticos, que este modelo “provocaría un deterioro de los problemas de abastecimiento e impactaría negativamente en el tejido industrial de nuestro país”. La tesis es que “la primacía del precio daría ventaja a operadores sin capacidad ni voluntad de suministrar de manera estable” y “esto podría derivar en una mayor dependencia de proveedores externos”.

Según el anteproyecto, esta decisión se tomará considerando la capacidad de producción, la autonomía o la garantía de abastecimiento. No solo el impacto presupuestario. “Si se presenta una oferta que baja mucho y otra española que asegura, mantendríamos una horquilla más ancha porque necesitamos que se siga manteniendo su capacidad de producción”, aclararon desde Sanidad.

El secretario de Estado lamentó que se esté “agitando la bandera del desabastecimiento” cuando “se ha destinado una partida para subir el precio de los fármacos” antiguos que quedan con un precio tan bajo que las compañías apenas pueden cubrir costes de producción. Ha pasado en los últimos tiempos, por ejemplo, con antibióticos como la amoxicilina pediátrica.

“Si alguien decide ahora bajar el precio, o todos le siguen o no hay forma de que eso se mantenga en el mercado. El nuevo sistema permitiría que, aunque alguien ofreciera un precio muy bajo porque no quiere mantener un medicamento mucho tiempo, se siga vendiéndolo a un precio diferente al operador de ventaja sin que eso afectara a sus cuotas de venta”, explica el director general de Farmacia, César Hernández. Y continúa: “No se deja en manos de un solo productor, sino que se tienen en cuenta otros aspectos”. Hernández ha insistido en que la propuesta “protege mejor la industria nacional sin sobresaltos” porque “no todas las compañías pueden vender siempre al mismo precio”.

Este medio ha contactado con Farmaindustria y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aesag) tras la rueda de prensa de los cargos de Sanidad. La primera se remite al comunicado de la semana pasada; la segunda no ha respondido.

Cuota de genéricos más baja que Europa

España tiene una cuota de genéricos en el mercado inferior a otros países europeos y su precio es entre un 85 y un 10% más caro que la media del entorno, según los datos ofrecidos por Sanidad. El argumento del Ministerio es que las compañías tienen “pocos volúmenes para ofrecer precios”. Con las nuevas reglas de juego, el departamento pretende ahorrar 1.300 millones de euros y cerca de la mitad de ese ahorro (500 millones) se lograría, según sus previsiones, con un paquete de medidas que incluye este nuevo sistema de precios. El gasto farmacéutico lleva años incrementándose.

La queja del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se relaciona con la “incertidumbre” sobre las “fluctuaciones de precios” al revisarse cada seis meses. Esto, dicen, “reduciría la adherencia a los tratamientos” si se reevalúa cada medio año los fármacos que se pueden dispensar a los pacientes y, en el extremo, siempre según su análisis, “supondría una reducción de farmacias”.

Sanidad atribuye estas graves consecuencias proyectadas por el sector a “una parte de actuación para una ganancia de posiciones” dentro de la negociación, aunque se abre a revisar algunos puntos del nuevo sistema en la segunda vuelta de la ley, cuando se apruebe definitivamente como proyecto para enviarse al Congreso. El departamento ha avanzado que considerarán que las compañías puedan volver a ofertar a posteriori, sabiendo ya cómo ha quedado la horquilla de precios, para que sus medicamentos entren en la financiación pública. El artículo 116 del anteproyecto, donde se especifica el nuevo sistema de precios, deberá desarrollarse en un real decreto. “Estamos abiertos a explorar cualquier posibilidad que garantice que el mercado de genéricos tenga capacidad para ganar volumen”, apostilló Hernández.

Ante el clima de queja, el Ministerio busca quitar dramatismo al reducir “a un solo artículo la controversia” y defiende que se incluyeron propuestas “largamente reclamadas” por la industria como “la innovación incremental o la financiación precoz antes de pasar por la comisión interministerial de precios”. El departamento, además, empezará en las próximas semanas a establecer los primeros contactos con los grupos parlamentarios ante los evidentes problemas para lograr consensos en un Parlamento tan fragmentado.