La disputa legal por la gestión de las milenarias infraestructuras de riego murciana se cronifica en una pugna entre conservacionistas, ecologistas, regantes y la administración.
Un milenio de economía circular en Murcia: la clave para frenar al desierto está en las acequias
El agua sigue su curso, mil años después, por las mismas venas abiertas en la tierra. No hay tecnología, ni plástico, ni motores; solo gravedad y costumbre. Las acequias de la Huerta de Murcia —como las de Valencia, como los qanats de Irán, como los shadufs del Alto Egipto— no han necesitado una reivindicación patrimonial porque nunca han dejado de usarse. Intacto su propósito original, llevan agua desde el azud de la Contraparada a los bancales, y ayudan a pintar de verde la comarca con sus 310 kilómetros de extensión.
Sin embargo, y como ocurre en otros lugares, cuando la costumbre confronta con el progreso -y ambos con la conservación-, el resultado es una pugna judicial crónica. Hace pocas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia daba carpetazo, al menos de momento, a la vía abierta por la Junta de Hacendados -la institución que gestiona el reparto del agua de riego- al validar el decreto regional que, desde 2022, reconoce como Bien de Interés Cultural las acequias mayores de la Aljufía y la Alquibla. Sin embargo, dicha protección solo cubre los doce kilómetros de ambas acequias que siguen a cielo abierto.
Casi tantos procuradores ha tenido la Junta de Hacendados como Papas ha habido en Roma. Diego Frutos, presidente de la institución, recibe a elDiario.es de la Región en su despacho de la plaza de santa Eulalia. “Los primeros interesados en la conservación de las acequias y de la huerta somos nosotros, los huertanos”, comienza explicando. “Nuestro criterio solo choca con la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) en cuanto a que perjudica una rápida actuación en las acequias. Con tanta burocracia y tanto permiso que hay que pedir cuando tenemos que intervenir; la protección BIC no nos inquieta en absoluto, pero pensamos que para proteger las acequias ya estamos nosotros”.
Aunque la Junta de Hacendados y el Consejo de Hombres Buenos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2009, sean entes diferenciados, su organigrama y el reparto de funciones es, como mínimo, muy complementario. Dicho Consejo, que funciona de igual manera al Tribunal de las Aguas de Valencia, es una entidad de justicia que aplica el derecho consuetudinario para mediar en disputas entre huertanos.
Valor paisajístico y cultural
Antonio es uno de los administradores de la cuenta de Instagram En un lugar de la Huerta, desde la que reivindica el valor paisajístico y cultural de las acequias y los caminos tradicionales. Criado en Churra, una pedanía absorbida por la expansión urbana de Murcia, conoce de cerca cómo la presión inmobiliaria y las obras de canalización han ido apagando la vida visible de la huerta. Desde su punto de vista, el conflicto actual con la Junta de Hacendados responde a una lógica que prioriza la eficiencia en el reparto del agua por encima de criterios ambientales o culturales.
El presidente de la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur), Sergio Pacheco, ha tildado la iniciativa de la Junta como “una auténtica vergüenza”: [La Junta] debería ser la primera en defender las acequias, en lugar de oponerse a esta protección cultural como BIC de las dos acequias mayores de la huerta, con todo el patrimonio que albergan y la importancia histórica que han tenido y tienen para Murcia. Se tiran piedras en su propio tejado. La protección BIC de las acequias mayores es un reconocimiento y una protección cultural que beneficia a toda la huerta de Murcia, y pone en el mapa un reconocimiento a nivel nacional. Afortunadamente, la protección de las acequias mayores depende de la Ley de Patrimonio Cultural, los técnicos y el Derecho. No de los cuestionables deseos de los responsables de la Junta de Hacendados“.
Sostiene que “muchas intervenciones se justifican como urgentes para evitar trámites administrativos”, y que esa vía ha permitido entubar numerosos tramos de acequia, con un impacto visible en el entorno. Cree que el Ayuntamiento debería tener mayor capacidad de decisión sobre este tipo de actuaciones, y que la presión social ha sido clave para frenar algunas de ellas. Aun así, considera que el debate de fondo sigue abierto: cómo equilibrar el uso agrícola del agua con la conservación del paisaje huertano.
Desde la Junta de Hacendados insisten en que son ellos quienes financian buena parte de las actuaciones que se ejecutan en la red de acequias. Frutos afirma que, en casos recientes, como la reforma de un tramo de la Aljufía, ha sido la Junta quien ha asumido el coste con fondos propios procedentes de las cuotas de los regantes. Aunque en “contadas ocasiones” han recibido subvenciones públicas para actuaciones puntuales en elementos históricos, defienden que la conservación del sistema hidráulico ha dependido históricamente del esfuerzo económico de los propios hacendados.
Tubos de hormigón por redes milenarias
La espada de Damocles sobre las acequias es, según las asociaciones y los ecologistas, el entubamiento de los cauces. Lo que para la Junta es una actuación casi lógica, porque “sirven para llevar agua del punto A al punto B”, para estos colectivos supone la práctica muerte del paisaje murciano. Advierten que entubar los cauces implica eliminar su función ambiental, su valor cultural y su visibilidad en el territorio. Recuerdan que estos canales no solo sirven para el riego, sino que permiten la biodiversidad, moderan el clima local y forman parte del paisaje tradicional de la huerta. Revestirlos y soterrarlos, explican, equivale a convertir una infraestructura histórica en una conducción cerrada sin ningún tipo de control ni protección efectiva.
Lo que más ha transformado silenciosamente la huerta, según explica Frutos, es la forma de repartir las herencias. Con el paso de las generaciones, muchas fincas se han ido dividiendo en parcelas cada vez más pequeñas, hasta el punto de que hoy buena parte de los hacendados apenas cuentan con unas pocas tahúllas de riego; una tahúlla es una unidad de medida agraria que equivale a 1.118 metros cuadrados. Económicamente no es rentable. Entonces, si heredas dos tahúllas y no les puedes sacar beneficio, y tampoco puedes hacerte una casa ni vivir allí, “el mantenimiento se vuelve muy tedioso; la huerta conlleva muchísima faena que cada vez menos gente está dispuesta a hacer”, comenta.
La Junta de Hacendados estima que hay unos 24.000 propietarios censados en una superficie total de 8.000 hectáreas, lo que arroja una media de explotación mínima por persona. Para Diego Frutos, la actividad actual en la Huerta “ya no es económica”, más bien representa un “vínculo sentimental con la tierra”. Ese cambio en la escala de cultivo, dice, ha alterado también la relación de los regantes con el sistema de acequias, y ha dejado el peso de la gestión diaria en manos de la institución.
Huerta de Murcia
José Micol, desde la Asociación Murcia Viva, no niega esa realidad, pero matiza que el abandono no se debe tanto al tamaño de las parcelas como a la falta de políticas públicas que apuesten por una huerta activa. Defiende que el minifundio es un rasgo identitario del paisaje agrícola tradicional y, además, señala que el problema no es la fragmentación, sino la ausencia de incentivos, canales de venta directa, cooperativas o integración de los productos huertanos en el consumo local. “No fue hasta los años ochenta”, recuerda, “cuando muchos huertanos pudieron empezar a comprar las tierras que llevaban generaciones cultivando”.
El camino es la renaturalización
Explica Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, que proteger la red de riego milenaria de la huerta no es solo una cuestión de patrimonio histórico vinculado a los orígenes de Murcia, sino también una herramienta imprescindible para el futuro. “En un contexto de cambio climático”, continúa, “donde la ciencia aboga por la renaturalización de las ciudades”, la conservación del suelo fértil y la recuperación de la soberanía alimentaria, “la huerta juega un papel imprescindible” que va mucho más allá de la agricultura.
Para Micol, además, cargar la responsabilidad sobre los pequeños propietarios es una forma de desviar el foco del verdadero problema: la gestión que hace la Junta de Hacendados de unas infraestructuras que, insiste, no les pertenecen. A su juicio, la Junta actúa como si las acequias fueran de su propiedad, cuando en realidad son bienes comunales, y se ha valido durante años de una estructura interna poco transparente que impide la renovación de sus órganos o la entrada de candidaturas alternativas.
“Lógicas clientelares y opacas”
Las asociaciones y los ecologistas lanzan también duras críticas a una cultura institucional que, “lejos de adaptarse a un contexto de protección patrimonial” y emergencia ambiental, ha funcionado con “lógicas clientelares y opacas”, cobrando por accesos, interviniendo sin permisos y priorizando el control sobre el territorio por encima de su conservación, denuncian. “No tenemos nada en contra de la Junta de Hacendados, es un elemento patrimonial más, el problema está en su terquedad a la hora de asumir que no tienen razón”, concluye Micol.
Además de su valor cultural y productivo, la huerta y su sistema hidráulico tradicional cumplen funciones clave frente a fenómenos extremos. Actúan como amortiguadores naturales en episodios de lluvias torrenciales, una capacidad que -según Luengo- se ha ignorado durante décadas. También desempeñan un papel en la conservación de la biodiversidad, funcionando en algunos tramos como corredores ecológicos que conectan espacios naturales aislados. Esa conectividad resulta vital en un contexto de extinción masiva: sin ella, muchas especies quedan condenadas a sobrevivir en fragmentos de hábitat cada vez más vulnerables.