Mañueco lo ha dicho por activa y por pasiva. Que agotará la legislatura hasta febrero de 2026 y no adelantará las elecciones como ya hizo en 2021. Pero no ha intentado siquiera negociar los Presupuestos de 2025 y es un horizonte que contemplan varias fuentes consultadas por este diario: que haya elecciones antes de lo esperado. Y uno de los condicionantes, puede ser la Ley de Publicidad Institucional, una norma impulsada por Unidas Podemos en la que parece que podría haber consenso entre todas las fuerzas de la oposición en Castilla y León.

La Ley de Publicidad Institucional que promueve Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, aspira a prohibir la contratación de cualquier campaña de publicidad en medios que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en los tres últimos años —o tres o más veces en los últimos cinco años— y se hayan visto obligados a rectificar sus informaciones por ser inexactas, vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas o por delitos de odio.

De momento, todo parece indicar que la oposición podría ponerse de acuerdo sobre algunas enmiendas relativas a la publicidad institucional, según varias fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es, aunque sea un “consenso de mínimos”. Los partidos no esperan contar con la colaboración del Partido Popular en esta cuestión y están ahora pendientes del Partido Socialista, cuya dirección ha cambiado esta misma semana tras el anuncio de la marcha del portavoz, Luis Tudanca, que será senador autonómico.

“Yo espero que el PSOE no se achante. Llevamos años dando la batalla y espero que continúen siendo valientes”, asegura el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que alude al “triunvirato” que integran el ministro Óscar Puente, el diputado Javier Alfonso Cendón y el secretario general autonómico del PSOE, Carlos Martínez. “Es mi gran incógnita y la gran pregunta, tengo cierta preocupación por que giren las tornas porque son personas que se están favoreciendo del entramado mediático que se ha beneficiado de esta política de la publicidad institucional”, sostiene Fernández, quien ha puesto este debate sobre la mesa.

Este viernes, Carlos Martínez defendía la necesidad de tener “una ley de medios muy diferente” que “garantice la igualdad de oportunidades para todos los partidos en las campañas electorales, con criterios claros y transparentes no solo por la publicidad institucional, también con otras políticas públicas”, según recogió Europa Press.

Las enmiendas

La tramitación de las enmiendas ya ha comenzado, y ahora los grupos tienen unos días para leerlas y decidir cómo van a enfocar esta cuestión. La oposición acusa al PP de intentar dilatar todo el proceso, que, según fuentes consultadas por este diario, quizá podría debatirse antes de julio. El Partido Popular pidió un informe jurídico por escrito por “la complejidad técnica del texto y el volumen de enmiendas”. El texto propuesto por Unidas Podemos tiene un artículo y hay 38 enmiendas, incluidas varias que son para modificar la exposición de motivos. Normalmente en estos casos basta con un informe verbal, como han defendido los partidos de la oposición.

El Grupo Socialista ha presentado 19 enmiendas, entre las que están la prohibición de contratar publicidad institucional no solo a los medios que hayan sido condenados “reiteradamente” por difundir noticias falsas o bulos, sino también a aquellos que incumplan el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

También plantean que se establezcan mecanismos para promover la profesionalización de la creatividad de la publicidad o que todos los contratos se sometan a los principios de transparencia y haya especificidades en la elección de los medios para cada campaña. El PSOE ya presentó su propia Proposición de Ley de Publicidad Institucional en el año 2020, aunque el trámite fue rechazado por PP y Ciudadanos.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado nueve enmiendas en las que se pretende incluir en las restricciones a cualquier medio que haya sido condenado aunque solo sea una vez y hace referencia a los medios digitales “de dudosa veracidad”.

Soria ¡YA! ha presentado seis enmiendas, pide realizar un informe trimestral sobre cada campaña de publicidad institucional que analice los resultados y el impacto de la campaña como proponía la Airef y una memoria anual en aras de la transparencia.

Vox también reclama que los contratos de la Junta de Castilla y León no supongan más de un tercio de la cifra anual de negocio de los medios de comunicación. En una de las tres enmiendas de Vox, el grupo amplía el debate hacia la financiación de Televisión Castilla y León, como hace el exvicepresidente autonómico Francisco Igea.

El partido de Santiago Abascal propone crear un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT integrado por cinco miembros del parlamento elegidos por mayoría de dos tercios (o de tres quintos, si no hay un primer acuerdo) para establecer las necesidades de interés público, velar por la independencia de la información emitida en Televisión Castilla y León y fijar las compensaciones económicas de la concesionaria.

Este Consejo evaluaría trimestralmente si los servicios de la programación “se ajustan a la misión de servicio público” y “fiscalizaría” si la programación “se ajusta al objetivo de servicio público” y “si altera la competencia en el marco audiovisual”. Además, establece que si la financiación pública supera el 50% de la cifra de negocios, este Consejo debe ratificar el nombramiento de los directivos de Televisión Castilla y León “con criterios de profesionalidad e imparcialidad”, sobre los que también podría promover su destitución.

Francisco Igea promueve la no financiación ni subvención de ningún medio que no esté incluido en la Ley de Publicidad Institucional. También establece que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT liquidará los contratos programa anuales antes de su disolución.

Esta posibilidad de acuerdo ya se vio durante el primer debate respecto a esta cuestión. El PP fue el único grupo que votó en contra y acusó a toda la oposición de querer “amordazar, silenciar y censurar” a los medios de comunicación. “Las noticias falsas no son el problema de esta democracia ni de estas instituciones. El problema es sobre todo de las redes sociales”, defendió el presidente de la comisión de Presidencia, Raúl Hernández, del PP.

Pablo Fernández propuso que el gobierno no pudiera consignar dinero público a los medios condenados. “Nadie en este parlamento podría negarse a que no se financie con dinero público a medios que emiten bulos, esparcen delitos de odio o que vulneren el derecho al honor de las personas”, aseveró en el pleno el de Podemos, que alertó de que el PP esté “comprando a medios de comunicación para obtener noticias favorables”, lo que “adultera el juego democrático” porque el PP va “dopado” a las elecciones.

Televisión Castilla y León, un problema para Mañueco

Otra cuestión que quieren abordar los partidos de la oposición es la financiación de la televisión privada que más presencia tiene en el territorio: Televisión Castilla y León, propiedad, al 50%, de los empresarios Méndez Pozo y Ulibarri, cuyos cabeza de familia han sido condenados; el burgalés fue el primer constructor condenado por corrupción política, el leonés, en el marco de la trama Gürtel.

Cada año, el gobierno autonómico da una subvención de 21 millones de euros —además de otras cantidades a través de contratos menores, 8.167,5 euros en 2023— en base a su contrato y al servicio “de interés público” que proporciona la televisión. A pesar de esta subvención, los 300 trabajadores que componen la empresa han iniciado un periodo de huelgas ante la precariedad que denuncian y la parálisis de las negociaciones con la empresa.

Pablo Fernández ha afeado a los miembros del PP que se pongan “muy nerviosos” cada vez que los dos empresarios se mencionan en sesión parlamentaria y ha acusado a la Junta de Castilla y León de ser “co-responsable” de las condiciones laborales de los trabajadores.

De hecho, los empleados han convocado varias jornadas de huelga en Semana Santa y el 22 de abril, en el que se celebran los Premios de Castilla y León. Unos premios que reconocen el trabajo de los astronautas Sara García y Pablo Álvarez bajo la categoría de ‘Ciencias Sociales y Humanidades’, algo que han criticado instituciones como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.

Al conflicto laboral se le suma otro económico y que muchos no se explican: en febrero, el grupo Promecal —el conglomerado de medios de Méndez Pozo— declaró el preconcurso de acreedores, el paso previo a la presentación del concurso (la antigua suspensión de pagos) ante el juzgado Mercantil 1 de la capital burgalesa. Una decisión que, según la dirección, no afectará a los trabajadores, “ni a los proveedores, ni a los clientes”, ni va a implicar “ninguna reestructuración en la plantilla (ni ERE ni ERTE)”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el departamento de Comunicación de Televisión Castilla y León, que ha descartado ofrecer declaraciones porque la empresa está “a la espera de conocer cómo se desarrolla la tramitación y el contenido definitivo de la Ley”.

Cómo funciona la publicidad institucional

A través de la publicidad institucional, Junta de Castilla y León pretende informar sobre sus servicios y prestaciones, la promoción de la Comunidad y la difusión de su riqueza cultural, patrimonial, económica y social.

En 2020, en el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, se establecieron criterios objetivos como el de la garantía de pluralidad de medios, el impacto publicitario y de audiencia, el equilibrio territorial, la accesibilidad y la mayor eficiencia de los recursos públicos. Para 2025, están previstas 114 campañas publicitarias, de las que se detalla el objetivo, el presupuesto consignado —que en total asciende a 11,3 millones de euros— y el ámbito territorial de los medios de comunicación. Lo que no figura este año es la motivación de estas decisiones, como sí estaba el año anterior.

La mayor parte del dinero lo gestiona la Consejería de Presidencia: está presente en seis de las 114 campañas de 2025. La última información disponible relativa a la publicidad institucional corresponde a 2023, la de 2024 aún no se ha hecho pública. Además, el destino de estas publicidades no siempre es claro, puesto que figura el nombre del medio pero no el nombre de la empresa o su número CIF, lo que dificulta conocer realmente dónde va todo el dinero.

En 2022, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó un informe sobre la publicidad institucional de la Junta de Castilla y León y encontró varias deficiencias de transparencia como que las evaluaciones de las campañas no son públicas, la ausencia de profesionales con experiencia que evalúen la publicidad o asesoren en la gestión ni en la creatividad de las campañas, las cuales, además, no son evaluadas.

Esto podría limitar la eficiencia de la transmisión de los mensajes publicitados, según el informe, que consideró que entre 2014 y 2019 el 60% del gasto se había destinado a la prensa impresa, lo que estaba “poco justificado en base a los criterios de audiencia”, y proponía encargar un estudio independiente de la penetración de los medios para contar con métricas desagregadas. En 2023, este porcentaje fue del 40%.

Así resumía esta estrategia de comunicación la Airef: “Definición genérica de los objetivos y colectivos de las campañas, concentración del gasto en prensa escrita, reparto generalizado entre los medios de mayor difusión y evaluación escasa o nula del impacto”.