La pareja de Isabel Díaz Ayuso tendrá que testificar en el Tribunal Supremo. La Sala de Apelaciones ha estimado un recurso del fiscal general, imputado en la causa por la revelación de un correo del empresario, y ha instado al juez Ángel Hurtado a tomar declaración a Alberto González Amador para que ayude a dibujar “todos los contornos de la supuesta difusión de datos”.

En las últimas semanas la Abogacía del Estado ha insistido en que el empresario ocultó a los tribunales que en febrero de 2024 no solo remitió su confesión escrita a la Fiscalía: también se la mandó por email a un Abogado del Estado. Un detalle que ahora tendrá que explicar ante Hurtado a petición de las defensas.

Los Abogados del Estado que defienden a ambos imputados en esta causa han expresado tanto de forma verbal como por escrito la importancia que conceden a que Alberto González Amador haya ocultado a los tribunales, desde su primera denuncia hace un año, que esa confesión no estaba solo en poder de la Fiscalía.

Las defensas pretenden que González Amador relate al juez Hurtado cómo gestionó ese y otros correos que su abogado Carlos Neira cruzó con el fiscal Julián Salto en las semanas previas a ser denunciado por fraude fiscal. No solo su confesión sino otro posterior del fiscal que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, filtró a la prensa dando una versión distorsionada de los hechos en la tarde del 13 de marzo del año pasado.

Hasta la fecha, el juez Hurtado había rechazado que González Amador tuviera que testificar en la causa abierta por su propia denuncia. Los tres magistrados de la Sala de Apelaciones explican que ha sido “la propia defensa” la que lo ha pedido y que así “será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación”.

Rechaza volcar el móvil de Miguel Ángel Rodríguez

En la misma resolución, la Sala rechaza que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, deba entregar su teléfono y que varios periodistas sean citados como testigos.

“Nada pueden aportar por el momento más que aquellas informaciones que suscriben”, dicen los jueces. Algunos de ellos son autores de informaciones que apuntan a que los detalles de un posible pacto estaban ya circulando por algunas redacciones horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo.

La Abogacía del Estado entiende que el testimonio de Miguel Ángel Rodríguez fue clave para revelar un escenario que, hasta la fecha, Alberto González Amador y sus abogados habían ocultado: que él mismo autorizó la difusión de algunos correos, salvo el de su confesión. Así lo demuestran los mensajes que el propio Rodríguez aportó al Supremo intercambiados con “Alberto Quirón” y que revelan, entre otras cosas, que el jefe de gabinete de Ayuso mintió a los periodistas cuando difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo al empresario pero que lo había retirado por órdenes de la cúpula del organismo.

El objetivo de las defensas, tal y como han expresado en sus escritos e intervenciones a lo largo del procedimiento que arrancó en octubre, es demostrar que fue el propio González Amador el que difundió esos correos y que, por tanto, los contactos de sus abogados con la Fiscalía ya no eran ningún secreto para cuando esa información llegó a manos del fiscal general y sus colaboradores en la noche del 13 de marzo.