La Administración de Donald Trump ha incluido a más de 6.000 personas migrantes, en su mayoría latinas, en la base de datos de gente fallecida, eliminando sus opciones para trabajar legalmente en Estados Unidos o solicitar prestaciones sociales, informa el diario The Washington Post.

La medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el objetivo de presionar a las personas sin papeles a que abandonen el país, explica un funcionario de la Casa Blanca al periódico. Esta nueva política se basa en dos memorandos internos firmados el pasado lunes que autorizan al Seguro Social a incluir a migrantes en el archivo de defunciones por razones de seguridad nacional.

Las personas en la mira son migrantes registrados en la Seguridad Social que perdieron su estatus legal o aquellos que ingresaron al país en programas migratorios de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) y que han expirado bajo el actual Gobierno.

Las fuentes aseguran al diario que algunas de las personas afectadas están incluidas en la lista de vigilancia terrorista del FBI. De acuerdo con el rotativo, el Gobierno planea incluir en el listado de fallecidos a 92.000 migrantes que tienen algún tipo de condena penal.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, dice Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Según The Washington Post, algunos funcionarios de la Seguridad Social han cuestionado la legalidad de esta práctica, argumentando que incluir en ese listado a personas que se sabe que están vivas viola las leyes de privacidad.

Ofensiva antiinmigración

La estrategia de Trump contra la inmigración incluye la revocación de varios permisos emitidos por el Gobierno de Biden, una aplicación para teléfono para que los migrantes soliciten su deportación y el envío a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador de personas presuntamente acusadas de formar parte del crimen organizado. El director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Todd Lyons, ha llegado a asegurar que quiere que las deportaciones de migrantes en Estados Unidos como un “Amazon para seres humanos”.

Sin embargo, la campaña de deportaciones de Trump está bajo el escrutinio de los tribunales por detener a migrantes sin antecedentes criminales o con algún tipo de estatus legal. El Tribunal Supremo ha ordenado “facilitar” la vuelta a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Abrego García, enviado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal por un “error administrativo”. El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EEUU que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense. Abrego, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

El Gobierno de Trump llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EEUU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.

El Ejecutivo de EEUU ha enviado al CECOT a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que EEUU tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

El Gobierno ha invocado una ley del siglo XVII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar estas expulsiones, que llevó a cabo en marzo a pesar de que un juez había ordenado frenar de inmediato los vuelos de deportación. Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado ya demandas en los tribunales para contrarrestar el uso de esta norma.