La Sala Civil del Tribunal Supremo ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre qué juzgado creen que es competente para juzgar el procedimiento civil iniciado por el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por un tuit en el que afirmaba que forma parte de un grupo de “jueces corruptos” que “han prevaricado” contra su partido político. El magistrado considera que esas declaraciones vulneraron su derecho al honor y reclama 240.000 euros a la diputada. La Fiscalía, por su parte, considera que sería suficiente una indemnización de 20.000 euros.

Al tratarse de un comentario publicado en su cuenta personal de X —antes Twitter—, los magistrados consideran que hay que determinar si son unas palabras que pronunció en su faceta de ciudadana o en la de diputada, que determinaría su aforamiento ante este Sala del alto tribunal. Así se han pronunciado durante el trámite de audiencia previa celebrado este jueves en el Supremo. El magistrado considera que esas declaraciones vulneraron su derecho al honor reclama 240.000 euros a la diputada. La Fiscalía, por su parte, considera que sería suficiente una indemnización de 20.000 euros.

El magistrado se jubiló en los primeros días del mes de septiembre al cumplir 72 años y después de pasar los últimos siete años de su carrera al frente del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Instructor de casos de corrupción como Tándem, Púnica o Lezo, Manuel García Castellón también protagonizó varios intentos para llevar al banquillo a Podemos y algunos de sus líderes y fundadores, por ejemplo la investigación fallida por la financiación del partido.

El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba su jubilación forzosa, la secretaria general de Podemos y exministra Ione Belarra publicaba en su perfil de X un mensaje, hablando del magistrado como parte de un grupo de “jueces corruptos” que han delinquido para perjudicar, dijo, a quienes “defendemos otra idea de España”.