Borrar de un plumazo –a tiros más bien– entre un 15% y un 20% de la población de lobos ibéricos. Es lo que han aprobado con urgencia los gobiernos autonómicos de Asturias y Cantabria tras la entrada en vigor de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. A pesar de su título, la norma a la que se le incorporó una disposición final 19ª que desprotege al lobo ha permitido firmar la sentencia de muerte de casi 100 ejemplares por la vía rápida: 53 en el Principado y otros 41 en Cantabria.

Los cálculos han sido raudos, apenas unos días desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de abril. El Ejecutivo cántabro dirigido por María José Saénz de Buruaga (PP) publicó ese mismo día un boletín oficial “extraordinario” para dar muerte a 41 individuos de los 200 que estima que viven en el territorio. La resolución no utiliza ni una vez la palabra caza, matar o muerte para referirse a los lobos sino que lo denomina “extracciones” (el término “muertas” solo se aplica una vez para las reses supuestamente atacadas por manadas).

En Asturias, el gobierno presidido por Adrián Barbón (PSOE) explicó este martes que eliminará 53 lobos de –afirma– 345 que habitan en el Principado. También se remite al concepto “extracción”, aunque en su comunicación detalla que los métodos serán “aguardos o recechos”, es decir, típicos lances de caza y “extracción durante cacerías autorizadas de otras especies”. Por ejemplo, una batida para cazar jabalíes en la que se matará algún lobo. “Es para hacer compatible la especie con la ganadería extensiva”, han argumentado “y reducir la conflictividad social”.

“Es una barbaridad”, contrapone el responsable de conservación de WWF, Luis Suárez. Se refiere a “la eliminación de ese volumen de una especie que sigue declarada en estado desfavorable sin estudio ni aval científico previo, sino, simplemente, decidiendo un porcentaje sobre la población”, remata.

Tanto Cantabria como Asturias añaden en sus planes el dinero que calculan que pagan en indemnizaciones: 1,7 y 1,5 millones de euros respectivamente por daños infligidos por fauna salvaje en general. Los primeros afirman que mueren 3.200 cabezas de ganado y los segundos 3.200.

Las otras dos comunidades autónomas con las poblaciones de lobos al norte del río Duero más abundantes, Galicia y Castilla y León, se han mostrado más cautas. En Galicia –que no se ha pronunciado– no había antes de que el lobo fuera protegido una planificación sistemática para eliminar ejemplares. “Se hacían partidas puntuales cuando había problemas”, recuerda Luis Suárez.

En Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ha afirmado esta semana que lo que denomina “gestión” del lobo –que incluye la caza de individuos– será “inevitable” y “no hay marcha atrás”. Está aguardando, ha aducido, a que la Unión Europea modifique el estatus legal del lobo a nivel comunitario. Espera que sea a partir de mediados de este año que ha calificado de “histórico”.

Esa prudencia puede estar motivada porque los últimos planes de caza del lobo que se aplicaron en su comunidad autónoma fueron anulados por los jueces. También el Tribunal de Justicia Europeo censuró sus planes. Pero, en todo caso, las palabras y planes de la Junta castellanoleonesa auguran una extensión de esa lista de ejemplares matables para este 2025.

El cambio de normativa europea al que se refería el consejero Suárez-Quiñones parece irrefrenable. El portavoz de WWF admite que “es muy complicado que no ocurra porque se va a reproducir el proceso por el que la UE provocó la rebaja de protección internacional de los lobos en el Convenio de Berna que no fue una votación ajustada”.

Los bulos, el desperdicio y el terror

Toda esta nueva situación ha llegado tras la argucia legislativa que llevó a cabo el PP en el Senado. En la Cámara Alta, los populares incorporaron una enmienda a la ley sobre desperdicios alimentarios que promovió el Ministerio de Agricultura por la que se modificaba el estatus de protección del Canis lupus con el argumento de que las reses muertas en ataques eran carne desperdiciada. “Cuatro millones kilos al año”, dijeron.

La moción llegó así al Congreso de los diputados para la votación final de la norma. Además de PP y Vox, la iniciativa contó con el apoyo de Junts y el PNV. Los vascos resumieron: “El lobo es incompatible con la ganadería extensiva”. La diputada del PP, Milagros Marcos Ortega, dibujó un ficticio panorama de terror en el que los lobos hacen imposible que las personas vayan a la iglesia, a la escuela o al médico sin miedo a ser atacados.

“Llevaremos a los tribunales cualquier plan que incluya cupos de caza o captura de ejemplares, una estrategia que además se ha demostrado inútil para reducir los ataques a la ganadería”, ha anunciado la organización WWF. A su entender “incumplen la normativa europea porque que una especie sea gestionable no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable, algo que no sucede en España”.

Lo que ocurre es que, aunque los jueces acabaran dando la razón a los ambientalistas, los lobos afectados ya estarían muertos. Es lo que pasó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulos los cupos de 2019 a 2022 porque, al llegar la sentencia, ya se habían cazado 399 lobos. El consejero de esa comunidad autónoma, Suárez Quiñones, ha descrito así la situación actual tras la nueva ley: “Los ecologistas están solos”.