Un juzgado de Sevilla ha abierto diligencias previas contra la ONG Inserta Andalucía a raíz de una denuncia de la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, por la adjudicación de contratos para la gestión de los pisos donde se tutela a menores de edad, tramitados por la Junta y que, de acuerdo a la denuncia que ya se investiga, habría “amañado” los pliegos de prescripciones técnicas para que la adjudicataria fuera Inserta. La nueva causa se une a las dos que ya están en curso desde hace unos meses en juzgados de Sevilla y de Cádiz a cuenta de la contratación sanitaria del Servicio Andaluz de Salud con empresas privada por valor de millones de euros.

El juzgado, como primer paso, y según el auto al que ha tenido acceso este periódico, pide a la Junta los expedientes de contratación a los que se refiere la denuncia y solicita a la portavoz de Por Andalucía una fianza de 600 para poder ejercer la acción popular. Ha sido la SER la que ha avanzado la información en sus boletines matinales.

El pasado mes de enero, la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, denunció la adjudicación del contrato para la gestión de los pisos donde se tutela a menores de edad por considerar que “nos parece corrupción de libro” al sostener que “la Junta de Andalucía, a nuestro criterio, ha amañado los pliegos de licitación”.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto situó como fundamento de su denuncia que la Administración andaluza en el diseño del pliego de prescripciones técnicas del contrato “lo infló de tal manera que ha hecho inviable para otras empresas presentar una oferta y optar a la adjudicación de esos contratos”, por cuanto exigió un número de trabajadores para la prestación del servicio de tutela que “excedía en el doble el número de personas que, efectivamente, estaban prestando el servicio en Andalucía”.

“Casualmente solo se presentó una empresa, la que resultó adjudicataria”, ha afirmado, en referencia a Inserta, la empresa seleccionada tras la licitación y que ha negado las acusaciones. La también representante de Izquierda Unida defendió entonces que “nos hemos ido al juzgado para denunciar lo que es, a nuestro juicio, un nuevo caso de corrupción en el seno del Gobierno de Moreno Bonilla” tras poner de manifiesto que la adjudicación de esos pisos repartidos por varias provincias andaluzas “han sido adjudicados a una empresa que se llama Inserta con un procedimiento que nos parece corrupción de libro”.

La crítica y la denuncia judicial de Por Andalucía se dirige contra el hecho de que Inserta “tiene a la mitad del personal que dice los pliegos” del concurso de adjudicación, de manera que la Administración autonómica “sea por negligencia, sea por connivencia, paga como si se estuviese prestando tal cual dicen los pliegos”, antes de remachar que “es algo que no es cierto”.

Precisamente hoy, en su reunión semanal, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a iniciar las actuaciones necesarias para interponer el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.