El pasado 29 de octubre la DANA, de la que AEMET llevaba días avisando, pilló desprevenidas a las autoridades valencianas. Ni se convocó el órgano de Emergencias con antelación, ni se solicitó movilización de la Unidad Militar de Emergencias hasta última hora de la tarde, ni se movilizaron los efectivos de manera preventiva para lo que estaba por llegar. A la falta de previsión se suman además las infradotaciones de los cuerpos que debían hacer frente a las emergencias. Como ha venido contando elDiario.es, policías locales, policía adscrita a la Generalitat y los distintos cuerpos de bomberos han denunciado que no contaban con los medios materiales y humanos para hacer frente a la riada, que ha dejado 231 víctimas mortales, tres de ellas aún sin aparecer.

El Gobierno valenciano que dirige Carlos Mazón lleva desde el día 30 tratando de defender su gestión, culpando al Gobierno central de falta de recursos y de no querer enviar ayuda a los municipios afectados. Sin embargo, sus propios informes apuntan que la Generalitat apenas movilizó a sus efectivos. Un documento elaborado por la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (abreviada como SGISE, la empresa pública que coordina a los bomberos forestales), dependiente de la Conselleria de Emergencias, reconoce que el 29 de octubre apenas se movilizó a 36 bomberos de los cerca de 900 de los que dispone en todo el territorio autonómico.

El informe, conocido gracias a una pregunta parlamentaria del PSPV, informa que el día de la riada solo se trasladó a una unidad de bomberos a Carlet y cinco a Utiel, con un total de 36 bomberos forestales más personal de apoyo. Cada unidad de bomberos suele contar con cinco o seis trabajadores, aunque los socialistas denuncian que no todas están completas y que los datos no cuadran. A primera hora de la mañana el río ya había desbordado Utiel, como denunció su alcalde en radio y televisión, y a las 15 horas la consellera Salomé Pradas visitó Carlet para ser consciente en primera persona de las inundaciones, lo que motivó la convocatoria del Cecopi. Media hora antes retiraron a los bomberos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo.

Solo en la provincia de Valencia hay 26 unidades terrestres disponibles, con seis efectivos cada una. A ellas se suman las de Castellón y Alicante, que hacen 56, más las unidades helitransportadas y otros medios de refuerzo. Algunas unidades de refuerzo concluyen su periodo de actividad el 31 de octubre, según la planificación, como sucede en Buñol-Yàtova, Alzira, Pedralba o Ayora. Los bomberos dependientes de la SGISE fueron retirados sobre las 19.30 horas, al finalizar el turno, según apuntan algunos trabajadores.

El documento que remite la conselleria ahora dirigida por Juan Carlos Valderrama también pone en duda que se volcaran los efectivos al día siguiente de la riada, con los efectos de la catástrofe ya visibles. Según este informe, el día 30 se enviaron 87 bomberos forestales a los municipios de Alzira, Paiporta, Riba-Roja, Utiel, Requena y Loriguilla, varios de los municipios más afectados.

El Consorcio de Bomberos tampoco se volcó en la movilización, según han denunciado varios trabajadores a elDiario.es. De todos los efectivos disponibles apenas se empleó a poco más de un centenar el primer día: el turno ordinario para toda la provincia y un refuerzo de una treintena de personas; cinco por división territorial. Durante el día 29, la cifra se incrementó, hasta cerca de 200 bomberos -parte de ellos voluntarios- para atender a una emergencia sin precedentes. Al día siguiente, según otro informe del Consorcio, solo había 97 bomberos trabajando en la zona.

La SGISE depende del director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, el último alto cargo que queda del equipo de Salomé Pradas, aunque la conselleria apuntó en una información previa recogida por este diario que el mando operativo lo asumió el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, encabezado por José Miguel Basset. El Ejecutivo autonómico le pasa la pelota al técnico de los bomberos, que se ha jubilado este marzo, al que también han acusado de rechazar las ofertas de ayuda de otras comunidades autónomas.

Pese a la evidente falta de efectivos que muestra el documento, el Grupo Socialista en las Corts Valencianes duda de su validez. El portavoz José Muñoz y la diputada Alicia Andújar apuntan que los datos proporcionados con Emergencias no cuadran con los efectivos movilizados, que también parten de la propia SGISE. Según Andújar, las unidades están incompletas y no todas cuentan con los seis bomberos, como muestran los cuadros operativos. “La falta de bomberos para hacer frente a la emergencia es consecuencia del recorte de 10 millones de euros que hizo Mazón en sus presupuestos del 2024” y detalla que “hemos podido comprobar como cruzando esos datos el día 30 de octubre se nos dice en un informe que se movilizaron 87 bomberos mientras que en el otro se apunta a 42”, recalca la diputada.

Informe de la SGISE sobre los efectivos movilizados en la DANA.