El Govern ha cerrado en una negociación a contrarreloj un acuerdo con los grupos de izquierdas en el Parlament para que limitación de precios del alquiler alcance no solo a aquellos destinados a la vivienda habitual, sino también a la mayor parte de los contratos que se firman con caracter de temporada, por razones como el desplazamiento laboral o de estudios.

Este es el principal punto del pacto alcanzado entre el Ejecutivo de Salvador Illa y ERC, Comuns y la CUP, formaciones que han negociado para salvar dos decretos del Govern que llegaban este miércoles al pleno del Parlament y que corrían el riesgo de naufragar.

Los grupos, especialmente Comuns y CUP, han presionado para mover al Govern de Illa hacia una regulación integral en materia de vivienda. Entre otras cuestiones, exigían hacer frente a la multiplicación de contratos de temporada con la que los propietarios se están saltando la regulación de precios impuesta por la ley estatal y que rige en Catalunya desde hace un año.

Finalmente, los grupos apoyarán el decreto del Govern a cambio de que se tramite también como proposición de ley en el Parlament. En ella se introducirá una modificación de la ley catalana de vivienda, a través de la cual el alquiler de temporada, es decir, el de menos de 11 meses, quedará jurídicamente divida según su uso recreativo (turístico) o residencial.

El objetivo es que el alquiler de temporada que tenga como objetivo residir en el inmueble, y no hacer turismo, quede automáticamente afectado por las normas del resto de los alquileres, incluído el tope de precios.

Además, en ambos casos, todos los arrendamientos de menos de 11 meses deberán quedar justificar sus motivos con documentación adjuntada en el propio contrato,que debe depositarse ante la administración catalana.

Otra de las medidas que se incluyen es la creación de un cuerpo de inspectores que velarán por que todos los contratos cumplan con la regulación y que, de forma novedosa, podrán hacer inspecciones de oficio.

El pacto también contempla otro de los caballos de batalla que han compartido los grupos de izquierdas con entidades com el Sindicat de Llogateres en los últimos meses, respecto al fin de la caducidad de las VPO, que suponìan que miles de viviendas protegias pasasen al mercado libre. En este caso, se ha pactado una prórroga.

Dudas constitucionales

El Govern ha cerrado en pocos días un acuerdo en materia de vivienda que le permitirá esquivar un naufragio en el Parlament, después de haberse visto obligado a retirar un paquete de medidas sobre cámpings por la presión de ERC. En concreto, el Departament de Territori se ha garantizado el apoyo a dos decretos, uno sobre medidas urgentes en materia de vivienda y, el otro, para acelerar la tramitación de la obra pública.

Con todo, el acuerdo alcanzado para introducir desde el Parlament la regulación del alquiler de tempoorada dentro del paraguas de la limitación de precios estatal, genera dudas sobre su constitucionalidad.

En la rueda de prensa semanal para dar cuenta de las decisiones del Govern, la consellera Sílvia Paneque había asegurado que su voluntad era llegar a un acuerdo que contase con la “máxima seguridad jurídica”. De esta forma, la consellera ponía de relieve las dudas que el Govern mantiene sobre si una medida así puede tomarse desde el ámbito autonómico.

La propia Panenque reconoció la semana pasada que había dudas sobre la competencia del Parlament en este ámbito. De hecho, no sería la primera vez que la Cámara catalana regula los precios del alquiler de temporada,

Hace justo un año, el anterior Govern de ERC elaboró un decreto muy similar al pactado a hora, que decayó en el Parlament precisamente porque el PSC no lo apoyó al observar problemas de constitucionalidad

Anteriormente, la ley catalana de 2020 también imponía topes a todos los arrendamientos, también incluía los temporales, a diferencia de la posterior ley del Congreso.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó la ley catalana en 2022, aduciendo que las administraciones autonómicas invadían competencias estatales en materia de contratos en una regulación de precios que, posteriormente, sí avaló como ley estatal. Es por esta razón que fuentes del propio Govern admiten dudas en este momento sobre si la nueva regulación pasará el filtro legal.