La jueza de la DANA ha reiterado este lunes que el president Carlos Mazón podría declarar, en todo caso, de forma voluntaria. “La declaración como investigado o querellado del President solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”, afirma la magistrada instructora en respuesta a la petición de una de las acusaciones personadas en la causa que pedía que se citara al jefe del Consell en condición de testigo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja insiste en descartar la posibilidad de que Mazón declare en la causa, “sin perjuicio de que el mismo pudiera solicitarlo”, aunque con la condición de investigado (y no de testigo). La instructora ya efectuó el ofrecimiento, que “ha sido declinado” por Carlos Mazón, según desvela el auto.

Otra resolución, también dictada este lunes, rechaza la práctica de diligencias solicitada por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià sobre las llamadas del día de la DANA de los móviles corporativos de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.

La magistrada argumenta que dicha prueba “afecta al secreto de las comunicaciones de los investigados y no solo a éstos”. Además, la diligencia sobre los móviles corporativos solo podría justificarse en el marco de una investigación de delitos dolosos.

La instructora, eso sí, deja la puerta abierta a que se puedan aportar esos datos por parte de los investigados. “Exclusivamente de forma voluntaria por el partícipe en la comunicación se puede acceder al contenido de las llamadas o a los datos referentes a las mismas”, indica el auto.

Dudas sobre el efecto de las presas en la DANA

Además, la magistrada ha aceptado pedir a la Generalitat Valenciana un informe sobre la presa de Buseo, de titularidad autonómica, que incluya datos sobre el estado de almacenamiento del pasado 29 de octubre y la secuencia de llenado y desembalse.

La instructora afirma que no existe “constatación real” de la supuesta “relación causa-efecto” entre el desembalse de las presas, especialmente la de Forata, y los 228 fallecimientos por las inundaciones.

“En el estado actual del procedimiento no es factible atender a todas las posibles hipótesis si no concurre, ni se afirma tampoco de manera clara, dicha relación causal”, indica la jueza en respuesta a las solicitudes de diligencias de una de las acusaciones particulares. 

Por otro lado, la instructora ha desestimado el recurso de la asociación Liberum, personada en la causa, contra la admisión de la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE.

El auto recuerda que “la causa posee un indudable interés público que justifica el ejercicio de la acción popular, más allá del análisis de las diversas motivaciones e intereses en conflicto alegados por el recurrente”.