El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha lamentado este lunes que los magistrados del tribunal de garantías se vean sometidos a “amenazas de utilizar la vía penal” de organizaciones ultras que, en los últimos meses, se han querellado contra sus miembros, entre otras cosas, por reducir las condenas de los procesados en el caso de los ERE de Andalucía. “Es una realidad que se actúa penalmente contra el Constitucional”, ha lamentado tras explicar que, en ocasiones, se enfrentan a “fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole”.

Conde-Pumpido, en un desayuno organizado por el Ateneo de Madrid, se ha referido así tanto a las querellas que diversas organizaciones de extrema derecha como HazteOir o el partido Vox han interpuesto sin éxito contra el Constitucional por amparar a la mayor parte de los condenados en el caso de los ERE de Andalucía. “El problema es cuando uno empieza a encontrarse amenazas penales en los medios de comunicación, algo que no sería comprensible en otro país europeo, que los más altos magistrados del tribunal sean amenazados con la vía penal contra ellos”.

El Supremo inadmitió esas querellas pero en algunos de sus autos de rechazo abría la puerta a que los magistrados del Constitucional si puedan llegar a ser acusados de prevaricación. Algo que Conde-Pumpido considera “superado” por las decisiones y el “perfecto concepto” del Supremo, pero ha apuntado al efecto que tiene la interposición de estas querellas: “Que se realicen amenazas de utilizar la vía penal, dado que cualquier organización extremista pueden presentar querellas y las están presentando continuamente, no solamente es una advertencia, es una realidad que se actúa penalmente contra el Constitucional”, ha lamentado.

El Constitucional, ha denunciado su presidente, se enfrentan a “fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole que tiene interés en mantener una norma o en que se declare inconstitucional una norma que afecta a sus intereses de una forma u otra”. El “enfrentamiento”, ha dicho, “solo puede superarse con el respeto institucional, y es un respeto que lamentablemente echamos de menos demasiadas veces”.

“Me preocupa muchísimo”, ha dicho Conde-Pumpido sobre el constante cuestionamiento político de la labor del tribunal. “Cuestionar al Constitucional es cuestionar la Constitución, es de alguna manera cuestionar el sistema democrático, por tanto me preocupa”. El presidente del Constitucional y exfiscal general ha salido en defensa del trabajo del tribunal: “Está funcionando bien internamente, contamos con 12 magistrados que son magníficos juristas, evidentemente hay opiniones discrepantes”, ha explicado.

El caso de los ERE

Cándido Conde-Pumpido también se ha referido a uno de los grandes conflictos que atraviesa el tribunal en la actualidad: la intención de la Audiencia de Sevilla de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo las sentencias que ampararon a los condenados del caso de los ERE de Andalucía. El presidente ha descartado que el debate que el pleno tiene señalado para esta semana tenga por objetivo interceptar esa posible cuestión de inconstitucionalidad aunque ha reconocido que se trata de un asunto “novedoso” porque, normalmente, estas cuestiones se presentan antes de dictarse sentencias firmes sobre el caso.

“Es un asunto controvertido, de actualidad, desde el Constitucional respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional, lo que hemos hecho es convocar un debate interno ante un asunto novedoso que afecta a nuestra jurisdicción. Es un debate sin respuesta de resolución, una reflexión interna”, ha explicado. “No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, ha explicado.

Conde-Pumpido también se ha referido a la ley de amnistía y la treintena de impugnaciones que esperan sentencia en el Constitucional. “Hemos elegido un proceso de cabecera, el primer recurso para ponernos de acuerdo sobre una serie de temas. El primer estudio está muy avanzado y nosotros desearíamos resolver los recursos en el plazo aproximado de un año desde la entrada en vigor de la norma, eso nos llevaría a tratar de resolver antes del verano, pero tampoco podemos precisar más”.