A la cuestionada actuación durante la DANA del conseller de Educación, José Antonio Rovira, que se fue a su casa en Alicante con su coche oficial mientras la mayoría de centros permanecían abiertos, se suma la gestión posterior a la limpieza y reparación de las instalaciones afectadas por la barrancada del pasado 29 de octubre. La Inspección de Trabajo reprochó a la Generalitat Valenciana “deficiencias en seguridad y salud” tras las tareas de limpieza y acondicionamiento de los centros educativos afectados por la DANA, según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Un inspector, con la misión de “fiscalizar las actuaciones preventivas” en los centros reabiertos, visitó la Conselleria de Educación y Empleo el pasado 17 de diciembre, tres semanas después del fallecimiento de un trabajador en el colegio Lluís Vives de Massanassa. Tras analizar los informes elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), dependiente de la misma conselleria, el inspector detectó que el departamento que dirige Rovira no había elaborado la “preceptiva planificación preventiva” de las recomendaciones acerca de la adopción de medidas correctoras de las deficiencias reseñadas y de los riesgos identificados, enumerados en los informes sobre las condiciones materiales que presentaban los 89 centros visitados por los técnicos. Las “deficiencias en seguridad y salud” observadas tuvieron como consecuencia un requerimiento provisional, del pasado 14 de febrero, a la Conselleria de Educación en materia de prevención de riesgos laborales.

Así, la Inspección de Trabajo pidió que se adoptaran siete medidas preventivas. Por un lado, solicitó a la Conselleria de Educación la “revisión” o “readaptación” de la Evaluación de Riesgos, el “instrumento esencial sobre el que deben sustentarse todas las actividades preventivas a desarrollar”. El oficio dio un plazo de cuatro meses para “actualizar” la evaluación de riesgos en los centros afectados por la DANA. “La revisión de estas evaluaciones incluirá el riesgo asociado a Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) y su posible incidencia en las condiciones de seguridad y salud del personal adscrito a los mismos”, según indica el informe.

Para ello, la Inspección de Trabajo pidió la elaboración de un protocolo de actuación, consultado con la “representación del personal”, que especifique las “instrucciones y medidas concretas” a adoptar ante situaciones como la DANA. El oficio destacaba la necesidad de “hacer efectivo el derecho a una protección eficaz” del personal que, “por necesidades del trabajo presencial, deban realizar desplazamientos en estas condiciones atmosféricas, para lo que se tendrá en consideración los avisos, alertas y/o recomendaciones emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) u organismos autonómicos equivalentes”.

Las alegaciones del director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, del pasado 3 de marzo, sostienen que corresponde al Invassat la Evaluación de Riesgos de los centros “como lugar de trabajo” del personal de la Generalitat Valenciana, aunque “debe serles solicitada formalmente” desde la Conselleria de Educación.

Tanto la dirección general de Infraestructuras Educativas como el Ivassat dependen del mismo departamento autonómico dirigido por el conseller Rovira. Sin embargo, la dirección general no habría cumplido el trámite burocrático de solicitar formalmente la Evaluación de Riesgos al Invassat, según se desprende de la respuesta de Larena.

Por otro lado, el alto cargo afirma en sus alegaciones, a las que también ha tenido acceso este diario, que “se considera que es válido” el protocolo de actuación ante fenómenos como la DANA, establecido “a modo general” por Función Pública, un departamento dependiente actualmente de la conselleria que dirige Nuria Martínez, “si bien su desarrollo y concreción puede serle igualmente solicitado al Invassat”, apostilla.

El oficio de la Inspección de Trabajo también pide que, en un plazo de dos meses, se incorporen las medidas recomendadas en los informes del Invassat “para cada uno de los centros” a una Planificación Preventiva (un documento que incluye los recursos técnicos y económicos previstos y su calendarización). En sus alegaciones, el departamento de Educación reconoce (tras “conversaciones mantenidas con el Invassat”) que “es la conselleria, en tanto empresa, la que debe proceder a la planificación de la actividad preventiva que corresponda, derivada de la evaluación de riesgos, y ejecutarla”.

Además, el inspector dio un plazo de dos meses para que se certificara por parte de una empresa o de un técnico competente, “previa revisión de sus condiciones materiales”, que la seguridad estructural de los centros educativos no se había visto afectada por los efectos provocados por la fuerza del agua y las inundaciones y, por lo tanto, que “cuentan con la solidez, estabilidad y resistencia apropiadas para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos”.

“El cerramiento perimetral, vallado y las puertas metálicas de acceso de los diferentes centros, que no se encuentren en condiciones adecuadas, serán objeto de revisión y reparación, a fin de evitar su desplome o derrumbamiento”, dice el oficio.

En sus alegaciones, la Conselleria de Educación indicó que en su encargo a la empresa Tragsa para la ejecución de las actuaciones de recuperación y restauración de las infraestructuras dañadas por la DANA se incluyó la evaluación estructural de los inmuebles que, “por los daños sufridos, puedan, a criterio técnico, haber experimentado una merma en su nivel de seguridad estructural”.

“Esta evaluación se realizará en aquellos inmuebles que bajo esta premisa pretendan repararse para su uso próximo y, en este momento, está en fase de realización avalada por los oportunos ensayos y pruebas necesarias”, según reza la respuesta del pasado 3 de marzo firmada por el director general de Infraestructuras Educativas.

El alto cargo también explicaba que “se está procediendo o procederá” por parte de Tragsa a la reparación de los cerramientos perimetrales, del vallado y de las puertas metálicas de acceso de los centros que no contaban con condiciones adecuadas y que habían sido revisados.

La Inspección de Trabajo también requirió que, en un plazo de dos meses, se acreditara documentalmente, con un certificado de una empresa o de un técnico competente, que la instalación eléctrica de baja tensión de esos centros no hubiera sufrido daños y se hallara en condiciones de uso.

El departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira explicó en las alegaciones a los requerimientos que su dirección general de Centros Docentes remitió las instrucciones para la apertura de los centros a los ayuntamientos y a los directores de los institutos, incluyendo la exigencia de las comprobaciones para que la reapertura “pudiera hacerse en condiciones de seguridad para todos sus ocupantes, tanto alumnos como profesores”. 

Sin embargo, apostilla el alto cargo, “se ha solicitado ya un avance de la documentación acreditativa de la revisión de baja tensión” de las instalaciones afectadas en los centros.

Instalaciones y condiciones higiénicas

La Inspección de Trabajo también exigió que, en un plazo de dos meses, se revisaran por parte de empresas autorizadas las instalaciones de climatización, calderas, ascensores, gas y contra incendios, “verificando que sus actuales condiciones de funcionamiento se ajustan a las especificaciones de sus respectivos proyectos” o, en caso contrario, adoptando las medidas que “resulten procedentes de conformidad con su reglamentación técnica”.

La Conselleria de Educación, por su parte, alegó que había dado instrucciones para que una empresa autorizada, “en aquellos casos que todavía no se haya realizado, revisara el funcionamiento de las instalaciones afectadas. En aquellos centros en los que no intervenga Tragsa, ”se trasladará a los ayuntamientos“, como propietarios de los colegios, y a las empresas contratadas por la conselleria el requerimiento de la Inspección de Trabajo.

En relación con las condiciones higiénicas, el oficio pedía que en el plazo de dos meses se eliminaran las filtraciones de agua y los problemas de humedades, moho y desconchados en paredes y techos que pudieran persistir, “debiéndose certificar tras la limpieza su higienización o desinfección por empresa especializada”. El departamento de Educación alegó que los certificados de las labores de limpieza e higienización ya obraban en poder de la dirección general de Centros Docentes.

Por otro lado, el oficio daba a la conselleria un plazo de 15 días para remitir a la representación legal del personal —“con el objeto de que puedan desarrollar las funciones que le son propias”— la copia de los informes técnicos elaborados por el Invassat sobre los centros afectados por la DANA, así como los certificados de las condiciones estructurales o de higienización. A este requerimiento, el departamento que dirige Rovira no hizo “alegaciones ni comentarios”.

La Conselleria de Educación no ha contestado las preguntas de este diario.