Nuevo giro en la investigación judicial de la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. El juez instructor, Santiago Pedraz, acaba de recibir una “nota informativa” alojada en los archivos policiales que demuestra que la cúpula del Cuerpo orquestó, durante el Gobierno del PP, el bulo de que Pablo Iglesias había recibido 272.000 dólares del Gobierno de Hugo Chávez en una cuenta de un paraíso fiscal del Caribe, tal y como publicó después Okdiario. 

La “nota informativa”, a la que ha tenido acceso elDiario.es, está fechada el 20 de abril de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP para evitar que Podemos llegara a un acuerdo de gobierno con el PSOE. En la nota, dos inspectores jefes destinados en la Dirección Adjunta Operativa dan cuenta de su entrevista con el presunto autor del bulo, un venezolano, ahora en paradero desconocido, que obtuvo a cambio el permiso de residencia en España.

El documento policial arranca con la siguiente afirmación: “El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta ‘offshore’ a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.

Este medio ha podido comprobar la identidad correspondiente a los funcionarios 16.768 y 18.693. El primero es Bonifacio Díez Sevillano, ya jubilado y puntal de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Díez Sevillano fue mano derecha de Eugenio Pino, director adjunto operativo, y se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas del caso Kitchen.

En la causa por la guerra sucia a Podemos, Díez Sevillano, ya jubilado, ha sido señalado por un antiguo jerarca venezolano como el policía que le entregó unas fichas de diputados del partido para que buscara información que les perjudicara. El juez le citó como testigo y durante su declaración, con obligación de decir la verdad, dijo desconocer investigación alguna sobre la supuesta cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias.

El segundo de ellos, con carnet 18.693, es Jesús Vicente Galán, destinado entonces en Asuntos Internos, la unidad que la Policía de la época apartó de sus verdaderas funciones para ponerla a combatir el independentismo catalán y a Podemos. Tanto Díez Sevillano como Galán fueron ampliamente recompensados con medallas pensionadas y destinos ‘dorados’ en el extranjero después de su participación en la guerra sucia.

Ambos policías explican en su nota la supuesta relevancia de los cuatro documentos –el envío a la Audiencia Nacional solo adjunta tres de ellos– e interpretan aspectos de los mismos que pudieran no entenderse a partir de la entrevista con el confidente. Así, el documento ‘Memorando’ lleva por asunto “Punto único con instrucciones expresas para transferencias de fondos públicos”, y en él se ordena una transferencia desde el Banco Central de Venezuela de 272.325 dólares. Su autor es el ministro del Poder Popular de Economía de Venezuela y su destinatario el tesorero nacional Carlos Erick Malpica Flores. 

En segundo lugar, está la “orden de pago 36277” y en ella ya se indica que la transferencia es a nombre de Pablo Iglesias Turrión, con cuenta en la entidad Europacific Bank. “Presenta cuatro sellos oficiales” de otras tantas instituciones venezolanas “con sus respectivas firmas”, destacan los policías.

Entre las maniobras que el juez Pedraz accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.

Entre la documentación incorporada a la causa de la Audiencia Nacional figura un acta notarial del ciudadano venezolano Carlos Arias asegurando que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

Iglesias era “Santa-María”

El tercer documento que comentan los miembros de la brigada política tiene un código “72682-62742 Santa-María”. La persona que identifican con ese alias, explican, habría solicitado 220.000 euros (equivalente a los 272.000 dólares referidos) “para cubrir algunos gastos de logística y movilización dentro del territorio español”. Esa persona es Pablo Iglesias, según explicó el confidente, quien aseguró que el servicio secreto cubano había elegido el segundo apellido de su madre para referirse a él en clave.

Los policías de la brigada política elevan a sus superiores: “El enlace Cristo-Rey mantiene información de todas las actividades de Santa María en Venezuela, año 2013, cuando estuvo en el país”. Cristo Rey, según les ha trasladao el confidente, sería el mandatario chavista Diosdado Cabello. También hay alusiones a un tal Águila 1, al que identifican como Hugo Chávez, y Halcón 1, que sería Nicolás Maduro. 

El cuarto documento es un supuesto informe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera venezolano de 2014 en el que, según la fuente informante, “se refleja como actividad sospechosa” el supuesto pago a Iglesias.

Documento aportado por el confidente Arias

La remisión de la nota informativa al juez Pedraz es fruto de las diligencias solicitadas por Podemos, que ejerce la acusación particular y que se enfrenta a las reticencias de la Policía a entregar cierta documentación porque sigue clasificada como “secreta”. La depuración de los criterios de búsqueda en las bases de datos policiales, como por ejemplo el nombre de Pablo Iglesias, ha permitido encontrar la nota remitida a la Audiencia Nacional.

En un momento político clave

La publicación del bulo en Okdiario se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díez había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE. 

Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego reprodujo Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.

El confidente que motiva la nota de la brigada política, Carlos Alberto Arias, fue premiado con la residencia extraordinaria por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”, según información obrante en la causa sobre la guerra sucia contra Podemos. Fue llamado a declarar por Pedraz como testigo, pero no fue localizado. 

Pedraz investiga al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, y a varios miembros de la brigada política. En su auto de admisión a trámite el juez aceptó indagar si se había cometido los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.