La ocurrencia del PP valenciano de obligar a los bancos y fondos instalar alarmas en los pisos vacíos para evitar la ‘okupación’ de inmuebles indigna al Gobierno central. La alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha propuesto tras una visita al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, instar a las entidades poseedoras de inmuebes deshabitados a poner alarmas para prevenir la usurpación o allanamiento, un delito menor que apenas afecta al 0,05% de las viviendas, mayoritariamente deshabitadas.

“Unos azuzan el miedo y otros hacen negocio”, señala la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en un mensaje en la red social X -antes Twitter-. La responsable de Vivienda del Gobierno afea que la alianza entre los alcaldes populares sirva para alentar temores en propietarios en el contexto de una grave crisis de vivienda y con miles de inmuebles vacíos que no salen al mercado. “El PP tiene muy claro a quién sirve: a los intereses empresariales de unos pocos”, censura Rodríguez, que añade: “Nosotros también: a la mayoría social que reclama una vivienda digna y asequible”.

El pasado viernes consistorio valenciano aprobó una moción para la puesta en marcha de una oficina que gestione las denuncias de ocupación irregular y de impagos de alquiler y proporcione asesoramiento a los propietarios, medida que promocionan como pilar para resolver el problema de acceso a la vivienda, junto a la construcción de obra nueva. La oficina quedará integrada en la Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local y asumirá todo lo relacionado con esta cuestión. La idea no ha tardado en encontrar el apoyo de Vox, su socio de gobierno.

Este lunes, Català viajó a Badalona para reunirse con Albiol y conocer los protocolos de la ciudad catalana. Tras el encuentro, comunicó: “La Oficina Antiokupación tiene como objetivo asesorar a los propietarios, intentar prestar mejor servicio, y coordinar todas las áreas de gobierno, donde en primer lugar vamos a ayudar a las familias vulnerables desde los Servicios Sociales, y en segundo lugar ayudar a los propietarios que sufren una ocupación ilegal o una inquiocupación”. Catalá apuntó que se va a exigir a los grandes tenedores a que implanten medidas de seguridad como alarmas para evitar ocupaciones ilegales: “Vamos a hacerles corresponsables para evitar problemas de convivencia, y además trabajen con el Ayuntamiento para sacar esas viviendas vacías al mercado del alquiler”.

La oposición insiste en que Catalá “está asumiendo una agenda ultra y está intentando hablar de unos problemas que afectan a un 0,057 por ciento de la población, como ella misma ha reconocido, y se olvida del principal problema de la ciudad que es el acceso a la vivienda”. “Hace anuncios como el de una oficina antiocupación que nada tiene que ver con el principal problema para los vecinos y vecinas de esta ciudad que es que no pueden alquilar ni comprar una casa porque los precios están cada vez más altos”, subrayó la portavoz de Compromís, Papi Robles. Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, su portavoz, Borja Sanjuan, ha considerado que esta iniciativa “no deja de ser una cortina de humo”.