La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, la máxima instancia en el seno del tribunal especializado, ha rectificado la decisión de la Sala de lo Penal de archivar la causa contra Javier López Madrid por contratar al comisario Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto. Finalmente, el empresario, el comisario jubilado y un socio de éste serán juzgados por la contratación del policía cuando estaba en activo y operaba en el corazón de la seguridad del Estado.

De este modo, López Madrid se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de cohecho, en concreto por la contratación de un funcionario público, Villarejo, cuando éste era un agente destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. No es el mayor problema judicial que enfrenta en yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir. Más allá de la contratación del comisario, la Audiencia de Madrid le juzgará por las coacciones y la lesión con arma blanca a la doctora. El policía y el empresario se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel por parte de la Fiscalía en este segundo juicio.

El pasado enero, la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el archivo definitivo de la causa contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dejaban sin efecto el auto de apertura de juicio oral y daban la razón a la defensa del empresario, asegurando que la abogada de la doctora Pinto no está legitimada para acusar por un delito de cohecho. Al no existir otra acusación en la causa, el procedimiento decaía, según el auto dictado. Pero el recurso de la Fiscalía y de la propia doctora ha motivado una resolución de la Sala de Apelaciones, la instancia superior, que devuelve la condición de acusación popular a la doctora y, en consecuencia, se ratifica la apertura de juicio oral.

La sentencia, de la que es ponente la magistrada Manuela Fernández de Prado, califica de “bizarras” las decisiones adoptadas por el juez Manuel García Castellón, ahora jubilado, al frente del Juzgado que instruyó la causa por cohecho, y le responsabiliza del embrollo jurídico que la propia Sala de Apelaciones resuelve con esta sentencia.