M. no quiere callarse más. “No pienso hacerlo para que mis hijas no tengan que seguir sufriendo lo que estamos padeciendo”, dice a este medio. Aunque no quiere dar su nombre completo para proteger a su familia, sí quiere que quede claro que no va a ceder ni un milímetro en su lucha para que, según ha denunciado en varias ocasiones, su exmarido –un subinspector de la Policía Local de Granada– deje de ejercer violencia machista sobre ella. Su historia ha trascendido tras conocerse que seis policías municipales han accedido al expediente de VioGén de M. para rastrear sus pasos.

Este es el último episodio de una historia que parte de un hecho: el subinspector se enfrenta a una petición de diez años de cárcel por malos tratos sobre M. y sus hijas. El sistema VioGén, que recoge información sensible sobre sus vidas para que puedan ser protegidas y que, pese a ello, habría sufrido una brecha de seguridad al acceder varios policías a los ficheros. Al respecto, el escrito de las diligencias practicadas por la Guardia Civil de Granada no deja lugar a dudas: hasta seis agentes de la policía municipal granadina han accedido a la información reservada en varias ocasiones.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, durante el año pasado se produjeron varios accesos no autorizados al sistema para obtener datos de M. y de las hijas que tiene con su agresor. A raíz de las sospechas de lo que podía estar ocurriendo (porque notaba que su presunto agresor conocía todos sus movimientos), M. presentó una denuncia por la que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha abierto una investigación en la que ya han declarado cuatro agentes.

Según explica la víctima, las pesquisas apuntan incluso a que su exmarido sería uno de los policías que habría ingresado al sistema VioGén por las horas y las ubicaciones de acceso que se han podido rastrear. “En una de ellas, llegó a saber dónde estaba una de mis hijas, que no está en Granada y se presentó en la puerta de su casa para asustarme”, explica. Desde el Ayuntamiento de Granada dicen estar “al servicio” y atentos a lo que pueda dictaminar el juzgado a raíz de la investigación que se mantiene abierta.

Se da la circunstancia, además, de que la víctima denunciante de estos hechos ha enviado varios escritos tanto a la alcaldesa, Marifrán Carazo, como a la concejal de Protección Ciudadana, Ana Isabel Agudo, sin éxito. “No se ha hecho nada porque la prueba es que esta persona sigue trabajando en la Policía Local de Granada”. De hecho, la pasada semana, la regidora abroncó a una periodista que le preguntaba si conocía del caso o no, después de que Raquel Ruz, edil del PSOE, principal partido de la oposición, informase de que la alcaldesa sí sabía de primera mano lo que estaba sucediendo.

Carazo respondió con evasivas acusando a los socialistas de desvelar algo que está “bajo secreto de sumario” y argumentando que el tema está “judicializado”. Tras ello, la regidora censuró a la periodista por hacerle una pregunta que, según decía, no le parecía seria, advirtiendo de que hablaría con la dirección del medio que le había cuestionado sobre el asunto.

Sin embargo, la actitud del Consistorio contrasta con el hecho de que el agente sigue ejerciendo como tal, pese a que tiene el arma retirada y va con una pulsera telemática, que se habría quitado en varias ocasiones, siendo detenido en más de diez ocasiones por ello. La pulsera tendría por objetivo evitar que se acerque a M. a menos de 500 metros, a raíz de una denuncia por violencia machista presentada por la mujer en 2023. En el escrito judicial que dio lugar a estas medidas cautelares, se recoge que el agresor ha llegado a decirle a la víctima “soy capaz de matar” o “eres una puta”. No solo eso, según relata M. a este medio, el todavía agente policial habría accedido a una de sus viviendas llenando el domicilio de armas.

Por esa y por otras denuncias, tanto ella como sus hijas están dentro del sistema VioGén al que los seis policías –entre los que estaría el agresor– han accedido de forma irregular, según confirma la Guardia Civil en sus diligencias. No en vano, la investigación revela que accedieron a su expediente hasta 48 veces, lo que pone en entredicho la seguridad de un sistema que, en teoría, debe proteger a las víctimas, según considera esta mujer. “Nos dicen que estamos protegidas, pero la realidad es que pueden encontrarnos cuando quieran. ¿Quién nos cuida de quienes deberían protegernos?”, se pregunta M.

La víctima se siente abandonada

“En esta historia solo tengo palabras de agradecimiento para la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero el resto de instituciones nos tienen olvidadas”, dice la mujer al respecto de cómo ella y sus hijas están viviendo su realidad desde que denunció por malos tratos a su exmarido y sigue esperando a que se celebre el juicio en el que la acusación pide diez años de cárcel para el subinspector policial. M. afirma que la violencia comenzó mucho antes de la denuncia. “Primero fueron los insultos, luego el control absoluto sobre lo que hacía. Cuando me di cuenta de que no podía salir sin que él lo supiera, ya era tarde”, relata. Las agresiones físicas llegaron después. Finalmente, en 2020, decidió denunciar.

“En la comisaría me miraron como si estuviera exagerando. Me preguntaron si estaba segura de que quería denunciar, como si hubiera una opción mejor”, recuerda. A pesar de los partes médicos y las pruebas, la orden de alejamiento no llegó de inmediato. Su presunto agresor quedó en libertad y siguió moviéndose por los mismos lugares. “Él sonreía cuando me veía. Sabía que podía seguir ahí sin consecuencias”. Hasta la fecha, más allá de la retirada del arma y la puslera telemática, que habría dejado de usar en más de una ocasión, el agresor no tiene ninguna otra medida cautelar.

El proceso judicial está siendo muy duro para M. y para sus hijas. “He tenido que repetir mi historia una y otra vez. Cada funcionario, cada juez, cada abogado parece querer poner a prueba mi memoria, como si esperaran que fallara en algo para no creerme”. La lentitud burocrática y la falta de seguimiento han hecho que la familia siga en peligro. “No tenía dónde ir y cuando pedí ayuda, me dijeron que había muchas víctimas en mi situación y que tenía que esperar”. Según cuenta, el agresor utiliza sus medios como policía local para patrullar por la zona en la que trabaja. “Cada vez que se acerca no para de pitar el aviso por la pulsera telemática”.

Por otro lado, el subinspector también está siendo investigado en el marco de la operación por el presunto amaño de unas oposiciones en el mismo cuerpo policial. Unas oposiciones que se han saldado con la renuncia del jefe del cuerpo, principal acusado de estas maniobras para favorecer a determinadas personas, después de que se filtrasen audios que le incriminaban directamente. Un jefe policial que, según M., está alineado con su exmarido y agresor. “No sé qué tienen que esconder para que en este tiempo, desde que le denuncié, no solo no le hayan quitado de su puesto, sino que le hayan permitido incluso saltarse la orden de alejamiento por la que lleva la pulsera telemática.