Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha en francia, y ocho eurodiputados de su partido han sido condenados por malversación de 2,9 millones de euros de fondos públicos. El tribunal aún no ha terminado de leer la pena, que puede poner en peligro el futuro político de Le Pen. Los 12 asistentes juzgados junto a ellos también han sido declarados culpables de manipulación

Le Pen y a otras figuras —pasadas y presentes— de la formación de extrema derecha se sentaron en el banquillo, durante el juicio celebrado el pasado mes de diciembre, acusados de poner en marcha un “sistema de apropiación indebida” de las dotaciones asignadas por la Unión Europea a cada miembro del Parlamento para pagar a asistentes parlamentarios (en ese momento era de 21.000 euros mensuales). Dichos asistentes en realidad trabajaron total o parcialmente para el partido en Francia.

El tribunal sostiene que Le Pen, los otros ocho eurodiputados y los 12 asistentes firmaron “contratos ficticios”. “Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea”. En 2018, el Parlamento Europeo estimó el daño total causado en 6,8 millones de euros, correspondiente a un periodo entre 2004 y 2017.

Los delitos que se le imputaban a Le Pen y a los otros acusados incluían malversación de fondos públicos a través del mencionado sistema de trabajo irregular, además de encubrimiento y complicidad. Para Le Pen y los otros antiguos eurodiputados, la Fiscalía había solicitado penas que incluían multas de hasta 200.000 euros y la prohibición por un periodo de cinco años, aplicada con carácter inmediato, de presentarse a futuras elecciones.

Esa ejecución provisional de la pena —previa al agotamiento de los posibles recursos— impediría a Le Pen presentarse a la próxima elección presidencial y dejaría en el aire su capacidad de formar parte del Gobierno en caso de que un candidato del partido de extrema derecha accediera al cargo de primer ministro. Entre los acusados, también se encontraba Louis Aliot, actual alcalde de la localidad de Perpiñán, que también corría el riesgo de perder el cargo como resultado de la sentencia.

La Fiscalía había justificado la demanda de aplicación provisional por la duración del proceso y la voluntad de los acusados de dilatar las diligencias. En opinión de la Fiscalía, “para ser eficaz y significativa, una condena debe imponerse en un plazo razonable tras la comisión de los hechos […] Este no es un foro político, sino judicial, y la ley debe aplicarse a todos”.

Una década de procesos judiciales

En realidad, el affaire de los asistentes parlamentarios acompaña a Marine Le Pen desde que recogió el testigo de su padre y se convirtió en líder del partido en 2014. Ese año, la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), el órgano de control del Parlamento Europeo, recibió una primera información anónima sobre las posibles irregularidades en los contratos de los asistentes parlamentarios del entonces Frente Nacional.

En febrero de 2015, esas sospechas se concretaron cuando el propio partido publicó un organigrama oficial en el que figuraban dieciséis diputados europeos y una veintena de asistentes parlamentarios en cargos relacionados con responsabilidades políticas en Francia y no en Bruselas o Estrasburgo. En marzo de ese mismo año, el entonces presidente del Parlamento, Martin Schulz, notificó el caso al Ministerio de Justicia francés, que a su vez lo remitió a la Fiscalía.

A partir de ese momento, comienza una larga instrucción que se dilató más de nueve años antes de llegar a juicio, en gran parte por los numerosos recursos interpuestos por los abogados del partido de extrema derecha y por la negativa de los acusados a presentarse a la mayoría de citas judiciales.

Las investigaciones permitieron a los fiscales aportar, entre otras pruebas, un correo electrónico que el tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, envió a Le Pen advirtiéndole de la grave situación financiera. “En los próximos años, no vamos a conseguir salir adelante si no realizamos grandes ahorros gracias al Parlamento Europeo y si no obtenemos devoluciones importantes [por parte del Estado francés, que reembolsa una parte de las campañas electorales]”.

Una estrategia que confirman los testimonios de varios protagonistas –algunos de ellos, hoy enfrentados con su antiguo partido–, que afirmaron a los investigadores que Le Pen habría dado consignas explícitas a los eurodiputados para que contratasen un solo asistente y que el resto del presupuesto fuera transferido y gestionado por el partido de forma centralizada.

En su calidad de presidenta del partido, Marine Le Pen habría desempeñado un “papel central” en el sistema y habría permitido a sus allegados enriquecerse con fondos de la UE, afirmó el fiscal en su escrito de acusación. La líder habría estado en el centro del “sistema de malversación” organizado y centralizado.

No obstante, Marine Le Pen no dudó, en el momento de conocerse la acusación del fiscal, en presentarse como víctima de un complot que buscaba “su muerte política”. “Si se me prohibiera presentarme por la ejecución provisional, es decir, la imposibilidad de que mi recurso pudiera tener influencia alguna en la decisión que se ha tomado, se trataría sin duda de una decisión profundamente antidemocrática, ya que privaría al pueblo francés de elegir potencialmente a su futuro Presidente de la República”, denunció.