miércoles, abril 2 2025

Las asociaciones de jueces y fiscales cargan contra la ministra Montero por sus críticas a la absolución de Alves

Todas las agrupaciones conservadoras y progresistas de la judicatura emiten un comunicado conjunto en el que reclaman «respeto a la independencia judicial» y llaman a no menospreciar la presunción de inocencia: «Puede poner en riesgo la equidad en los juicios»

María Jesús Montero: “Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que denuncian a los poderosos”

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que cargan contra la ministra María Jesús Montero por sus críticas a la sentencia que ha absuelto al futbolista Dani Alves de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca. Agrupaciones progresistas y conservadoras reclaman “respeto a la independencia judicial” del Tribunal Superior de Cataluña y llaman a la “responsabilidad institucional” de los “representantes públicos” a la hora de criticar resoluciones judiciales.

El tribunal catalán anuló la semana pasada la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta al exfutbolista del FC Barcelona por agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca, aludiendo entre otras razones que no otorgar credibilidad suficiente al relato de la denunciante. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra, fue una de las voces que más duramente han cargado contra la resolución: “Qué vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres jóvenes que dencian a los poderosos”, dijo este fin de semana en un encuentro del PSOE andaluz.

Las asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado unánime para salir al paso de estas críticas y recordar que es “esencial” que “las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”. La presunción de inocencia, añaden, es “un derecho fundamental” y cuestionarlo “puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”.

La protección a las víctimas de los delitos sexuales, añaden las asociaciones, debe “coexistir” con el “respeto a los derechos fundamentales de los acusados”, buscando “un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”.