Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), donde ha ocupado los cargos de vicerrector y decano durante los últimos quince años. Tras décadas dedicado a la universidad pública, que ha alternado con cargos como el de director de la Escuela de la Administración Pública de Catalunya, acaba de publicar un libro que se lee como una señal de alarma: La privatización de la universidad (editorial Catarata).

Prologado por el exministro de Universidades Joan Subirats, el libro advierte de que el auge relativamente reciente de campus privados en España –ya hay 46 aprobados y 43 en funcionamiento frente a 50 públicos– está llegando a un punto de inflexión. En los próximos años, advierte, podría suponer el declive de una red universitaria pública que hoy defiende como una “joya” del Estado del Bienestar equiparable al sistema sanitario.

La entrevista coincide con el anuncio del nuevo decreto por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para endurecer la autorización de campus privados. Entre las novedades previstas, la agencia de calidad estatal ANECA deberá validar las nuevas universidades mediante un informe vinculante y los campus online serán de ámbito estatal, por lo que no serán las comunidades autónomas las que las aprueben, sino el Congreso.

¿A qué se debe el aumento reciente de nuevas universidades privadas en España? 

Hasta ahora, la educación superior era básicamente pública, mientras que la privada, que representaba el 8% de los estudiantes, era residual. Hacía esa función de acoger a quienes no entraban en la pública y tenían condiciones económicas favorables. Además, no eran de una enorme cualidad salvo excepciones. Pero en pocos años hemos alcanzado otras cifras: en másteres ya hay más alumnos matriculados de privadas que de públicas, y en grados, del 8% hemos pasado al 28%. 

Usted advierte en el libro de que estos porcentajes nos está alejando directamente del modelo universitario europeo. 

El sistema universitario español es ya de los más privatizados de Europa. Esto pasa, por un lado, porque la financiación de la universidad pública no es lo suficientemente robusta, especialmente en los másteres. Podemos ofrecer muchos másteres a precios públicos, por 1.500 euros al año de matrícula, pero con un límite de profesores y de dinero. Así que no hay suficientes plazas, sobre todo para profesiones reguladas como la abogacía o el profesorado de Secundaria. Entonces los que no entran se van automáticamente a la privada a un precio considerablemente superior, de 10.000 euros. 

La otra razón es que en algunos territorios hay políticas deliberadas, que son más tácitas que explícitas, que van en detrimento de la pública y a favor de la privada. Eso se manifiesta con que maltratan a la pública en financiación y en regulación e incentivan la creación de privadas sin comprobar sus estándares de calidad mínimos, sobre todo en investigación pero también en docencia. 

¿Se refiere a las comunidades gobernadas por el PP? ¿Percibe que ha cambiado el discurso de la derecha hacia la universidad pública? 

Claramente. Es una evidencia que la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho, y la van siguiendo otras como Andalucía, Castilla y León, incluso las Islas Canarias, donde gobierna una coalición [de Coalición Canaria y el PP]. Todos estos hacen políticas agresivas contra la pública y favorables a la privada. Financian de forma cicatera a la pública, lo que en Madrid se hace de forma escandalosa hasta el punto de que impide a los campus funcionar operativamente. Esto tiene impacto en la calidad, y puede afectar a su prestigio y reputación y provocar que la clase media, la que se lo pueda permitir, se vaya a la privada.

A falta de conocer la letra pequeña de las nuevas medidas anunciadas por Sánchez para endurecer los requisitos de apertura de universidades privadas, ¿cómo las valora?

Positivamente. Una de mis propuestas es esto que ha anunciado el Gobierno. Con el decreto del exministro Manuel Castells existían requisitos, pero el problema es que no los exigía de entrada, y eso ha permitido a las comunidades autónomas aprobar universidades que no cumplían. Por otro lado, el hecho de que las agencias de evaluación deban hacer un informe vinculante con un conjunto de ítems que tienen que cumplir estas universidades es posible que provoque que no se aprueben los centros que no cumplen los mínimos.

Citaba el decreto que elaboró el ministro Castells en 2021 con el objetivo de evitar la proliferación de campus privados sin calidad. ¿Por qué no ha funcionado?

El contenido de la norma está bien. El problema es que da un tiempo de demora en la apertura [de nuevas universidades] que permite a las comunidades autónomas de entrada no exigirles nada. Una academia sin apenas inversión ya se puede autorizar como universidad, como se hace en Madrid a pesar de que haya informes desfavorables del ministerio. Es al cabo de cinco años que se han de revisar los requisitos a cumplir, pero para entonces el daño ya está hecho. ¿Me dices que la misma comunidad autónoma que aprobó inicialmente una apertura la rechazará cinco años después? ¿Va a dejar a todos los graduados sin protección? Sería un escándalo espectacular. Nadie se atreverá a cerrarlas. El problema era que la exigencia no era inicial.

Esto pasa en Estados Unidos y en América Latina. Apenas hay públicas buenas y las mejores son las privadas. Pero después hay una cantidad brutal de públicas y privadas malas que están literalmente en garajes, que son academias que se llaman universidades.

¿Echa en falta alguna medida que considere imprescindible?

Realmente, no. Podríamos hablar del tema de la financiación, pero es en clave autonómica, aunque es cierto también que se produce una asfixia de la pública.

La otra medida más llamativa es dejar la aprobación de las universidades a distancia, consideradas ahora estatales, en manos del Congreso, y no de cada comunidad autónoma.

Ha sido una sorpresa. El hecho de que las competencias sean de las Cortes hará que sea más difícil aprobar una. Pero la privada a distancia se ha espabilado mucho y la pública, poco. Las públicas deberían plantearse si apuestan más por el modelo híbrido o a distancia. La Universidad Internacional de la Rioja [la UNIR, privada] tiene muchos alumnos a distancia. O el Grupo Planeta. Aquí la privada ya multiplica a la pública. Es una reflexión que debemos hacer las públicas. Sí, nuestro valor es la formación presencial, pero la online es para quien trabaja o tiene dificultades un buen recurso. Lo que pasa es que las públicas no tienen incentivos para hacerlo, porque no se las financia para ello. Si pudiesen competir, algunas lo harían.

¿Por qué los rectores de los campus públicos no han denunciado este auge de la privada? 

Primero, porque apenas ahora se empieza a hablar de ello. Muchos no eran conscientes hasta hace poco y creen que las privadas siguen siendo residuales. Pero tener el 50% de alumnos de máster no es residual, es preocupante. El problema es que en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que hace las funciones de lobby, están las públicas y las privadas juntas. ¡Es de risa! La presidenta de la CRUE es tan diplomática porque a pesar de ser de una pública, también representa a las privadas. ¿Cómo es posible que haya un lobby con universidades que tienen intereses contrapuestos? Hay que desmontar la CRUE y montarla solo con las públicas. Y las privadas que hagan lo que les dé la gana.

Carles Ramió, catedrático en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), en un momento de la entrevista.

Su diagnóstico sobre el modelo universitario público es que vive en una paradoja. Sus indicadores son buenos, pero a su vez está iniciando un declive del que no es consciente. 

Lo primero es que no hay consciencia de que la universidad pública es buena. Es desesperante. Incluso ocurre entre profesores universitarios, que son intelectuales y expertos en sus ámbitos, pero que no se preocupan por la situación de la universidad. Ni siquiera de la suya. Solo unos pocos rectores tienen una visión general del sistema universitario. Lo que dicen los datos es que las universidades públicas son buenas. De las 50 que tenemos, 46 están entre las 2.000 mejores del mundo, es decir, dentro del 2,5% de las 40.000 que hay. Dicho de otro modo, la más modesta universidad española es una buena universidad en términos internacionales. Y luego hay algunas que salen en posiciones muy elevadas. 

El problema es que solemos mirar los ránkings de las 100 mejores universidades y ahí sí que no solemos aparecer. 

Porque hay universidades privadas muy potentes con una sobrefinanciación espectacular, como es el caso anglosajón. Harvard, MIT… Salvo Stanford, las grandes americanas son privadas, con sus matrículas altísimas y las donaciones privadas que hacen que tengan presupuestos 30 veces superiores a una universidad equivalente de otro país. También hay países que apuestan por tener públicas en los primeros listados y las sobrefinancian, como ha hecho Francia con Sciences Po, que además tiene una forma de gestión medio privada. La UPF ha llegado a salir entre la 150 o la 160 en los ránkings, y miras las que nos rodean y tienen entre cuatro y siete veces más financiación por alumno. 

Con lo cual, en España a nivel docente tenemos mucha calidad, y a nivel de investigación la actividad es enormemente notable y en algunas sobresaliente, especialmente en Barcelona y Madrid. Estoy seguro de que si hubiese un ránking de eficiencia, es decir, de resultados en función de los recursos invertidos, tenderíamos a muchas entre las 100 mejores. A pesar de los problemas y miserias de la universidad, es una joya del sistema público. 

¿Y por qué describe ese inicio de declive? ¿Por la competencia de la privada? 

De entrada, por los cambios tecnológicos. Aquí aparecen nuevos operadores como grandes universidades privadas, pero no solo: Amazon y Google entrarán en la educación superior y competir con ellos será complicado, porque lo harán con su tecnología y a precio mucho más barato. Las grandes empresas que no les gusta lo que hacemos en las universidades harán las suyas corporativas. Competir en este marco es difícil, pero además en España está el juego de suma cero con las universidades privadas. Cuantas más hay y más alumnos captan, esto va en detrimento de la pública. No podemos competir si tenemos una financiación muy baja y/o una regulación más rígida.

Hay quien dice que el auge de las privadas es una burbuja que acabará pinchando.

Dentro de dos o tres años comenzaremos a notar la caída demográfica, habrá menos alumnos en la universidad y algunas deberán dedicarse más a la formación continua, a las microcredenciales… Puede que muchas no sean sostenibles. Pero si ahora abren es porque es un negocio descomunal. Tienen alumnos y obtienen de ellos beneficios que pueden llegar al 40%. Si uno paga 10.000 euros de matrícula, puede que su coste sea de solamente 6.000. Los beneficios pueden ser muy elevados. Los grandes fondos de inversión se están metiendo en la educación superior porque de momento hay negocio. 

Se ve en los oficios regulados en los que hay menos oferta respecto a la demanda. Los que no entran en la pública van a la privada, porque si no no podrán ejercer. Van a pagar lo que sea, 10.000 euros si hace falta, porque es lo que les permite acceder a la abogacía o al profesorado. Y la calidad les da igual: es como pagar una tasa o un canon. Así que esa universidad se puede gastar poco en profesorado e investigación porque nadie se quejará. Este fenómeno es espectacular. 

Además del auge de la privada, usted es crítico con la excesiva regulación en la pública, que argumenta que condiciona la captación de talento o la oferta de grados y másteres… ¿Por qué? 

Hay que dar más libertad a la pública, no ser tan rígido. Y aquí hablo del thatcherismo liberal trasnochado pero también el buenismo de la izquierda, que es esa dicotomía horrorosa en la que lo que es público debe ser 100% público. Y a ese juego siempre nos ganará el privado. Yo pongo el ejemplo la Barcelona School of Management (BSM) de mi universidad, la UPF. ¿No tenemos capacidad para sumir la demanda del máster en abogacía? Pues lo hacemos en BSM a precio privado. Si el público cuesta 1.500 euros y uno privado, 10.000, este vale 5.500 e incluye prácticas remuneradas de 3.000 euros. Y la satisfacción de los estudiantes es altísima.

¿Y un ejemplo como ese no se puede asumir desde la pública?

No, porque no hay suficiente financiación ni profesorado para mantenerlo. En estos estudios hay profesorado que son los mejores jueces y fiscales, pero también profesores de la UPF que dan clases aquí. Hay quien se queja de que se ganan un sobresueldo, pero lo importante es si creas valor público y social o no. Si miras con quién competimos, Siences Po en Francia opera como medio privada y medio pública. Yo dirijo un máster privado en BSM a precio caro, pero que es solo para extranjeros, sobre todo directivos públicos de América Latina. ¿Queremos que se formen en Francia, en Gran Bretaña, en las privadas españolas? Esto aporta valor al país, que los directivos de esos países se hayan formado en España y Barcelona genera externalidades positivas. Pues bien, todo esto lo hacemo, peroo parece que está mal visto.