En pleno centro de Madrid hay un sinfín de edificios. Pueden llegar a tener varias plantas, pero hay uno de cuatro que llama especialmente la atención. Salta a la vista en un simple paseo y no es solo por su color rosado. Hace meses que unas pancartas cuelgan de los balcones. “El corazón de Madrid sigue latiendo”, decía un viejo cartel, el más llamativo de todos, que antes coronaba la tercera planta y parte de la segunda. Curiosamente ya no está: en su lugar hay otro, más cerca del suelo, que celebra el “primer año latiendo” del edificio. Estamos en el Centro Social Okupado (CSO) La Rosa, uno de los últimos bastiones que le quedan al movimiento autogestionado después de importantes desalojos en la ciudad.

Se inauguró el 11 de marzo de 2024, solo tres días antes de que el Ayuntamiento cerrara definitivamente otro tótem del CSO en la ciudad, La Ferroviaria. E insufló confianza en un momento delicado para este tipo de organizaciones. Los centros sociales okupados son espacios autogestionados que se destinan principalmente a desarrollar talleres y actividades políticas, vecinales, divulgativas, culturales o de ocio. Suelen funcionar de forma asamblearia e instalarse en edificios abandonados, que pasan a considerar un enclave comunitario que pueden utilizar para impulsar multitud de iniciativas. Su público puede ser diverso, aunque priman los entornos alternativos o de izquierdas.

En CSO La Rosa esa tarde fueron entrando habituales del lugar o asistentes a reuniones de alguna asociación. Un grupo de chicas jóvenes, vestidas todas con camisetas verdes por la educación pública, preguntaban por la sala en la que iban a celebrar una asamblea. Las reciben Pablo, Juan y Alexandre, que conocen bien el lugar. El primero comenzó a ir al poco tiempo de inaugurarse y, desde entonces, se ha convertido en un rostro habitual por el edificio. “He aprendido muchísimo, tanto en lo político como en lo personal”, cuenta a Somos Madrid desde la kafeta, el mini bar-cafetería en una de las primeras salas que encuentras al entrar.

Pablo y Juan posan frente a una pared llena de pinturas, en el CSO La Rosa

Del techo sobre la barra cuelga una pantalla de proyector enrollada, ya que suelen emitir allí las sesiones con películas que van proponiendo los miembros. “Hay gente que escucha la palabra okupación y piensa que le vamos a robar la casa, pero no hemos venido a quitar: buscamos ofrecer un servicio al barrio e intentamos convertir un lugar que nadie utilizaba en un espacio de ocio, aprendizaje o discusión política”, declara Juan, que entiende que son “dos formas de okupación radicalmente distintas”. No pueden compararse. Sin embargo, él que llegó a La Rosa desde su fundación también vivió la ofensiva municipal contra los CSO.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado contrario a estos movimientos en reiteradas ocasiones. Inició una cruzada arremetiendo casi a la vez contra dos muy conocidos: La Ferroviaria, que cerró sus puertas en la Plaza de Luca de Tena; y la Bankarrota, en Moratalaz, donde al final se logró algo más de oxígeno. Antes, en noviembre de 2019, se produjo el fin del centro social La Dragona, situado en Avenida de Daroca, 90, en La Elipa (distrito de Ciudad Lineal). Paralelamente ocurrió lo mismo con La Ingobernable, el gran CSO de referencia en la ciudad. Años después el Tribunal Supremo determinó que el Gobierno municipal actuó ilegalmente al expulsar a sus colectivos, pero no pudo frenarse un nuevo cierre más tarde.

A nivel legal, existe un vacío que explica la existencia de estos movimientos sociales. El delito de usurpación, contemplado en el artículo 245.2 del Código Penal, establece sanciones para quien ocupe un inmueble ajeno donde no viva nadie o “se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular”. “Nadie de la propiedad ha intervenido de ninguna forma. Entendemos que la Policía no puede entrar sin una orden judicial”, estima Pablo en un paseo por la segunda planta de La Rosa, una sala amplia dividida en dos estancias donde se promueven actividades de baile o danza desde asociaciones acogidas.

Cómo funciona internamente un centro social okupado

Eso no significa que en los centros sociales ocupados carezcan de ciertas estructuras propias. Aunque este CSO en el número 1 de la calle del Bastero se basa en un modelo de mando horizontal, donde las decisiones relativas al centro y sus actividades se toman en asambleas –orden del día incluido– cada dos semanas, aproximadamente, existen ciertos mecanismos para garantizar la convivencia.

Un cartel advierte de represalias ante distintos tipos de agresión, en el CSO La Rosa

Entre los más recientes ha estado la elaboración de un protocolo antiagresiones de carácter antipunitivista. ¿Qué quiere decir esto? “Decidimos no basar la justicia en el castigo ni utilizar conceptos como agresor o agredido: creemos que estas categorías, aunque generalmente están bastante claras, no ayudan a la mediación. Las personas que cometen una agresión no siempre son agresores”, determinan estos jóvenes de La Rosa. Es decir: tratan de juzgar el acto, y no a la persona.

Esto no significa que no haya represalias o que si se diera el caso (aseguran que aún no ha ocurrido) tuvieran que expulsar a alguien del lugar. “No es algo definitivo, aquí siempre puedes volver, pero se necesitaría un tiempo y una reparación”, asegura Pablo. Después de cumplir su primer año de vida, en la CSO La Rosa esperan soplar muchas más velas imaginando desde este microcosmos la sociedad en la que les gustaría vivir. Alexandre, el tercero de estos jóvenes, lo define así: “Es lo que llamamos la sociocracia: se te permite el acceso a un lugar o un colectivo, pero tú a cambio te comprometes a participar de él”.