La puesta en marcha de una nueva unidad especializada en la Fiscalía General del Estado para luchar contra la corrupción ha abierto otro frente en el Ministerio Público. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) considera “innecesaria y perturbadora” la creación de la llamada Fiscalía de delitos contra la administración pública. Se trata de un nuevo instrumento para hacer frente a los delitos que socavan el patrimonio público, pero bajo el que este colectivo abiertamente enfrentado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ve una maniobra política para arrebatar investigaciones a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, un fiscal nombrado cuando el PP estaba en la Moncloa y al que García Ortiz renovó en su puesto. 

La creación de esta nueva unidad especializada es una decisión del Gobierno y forma parte de uno de los compromisos del llamado Plan de Regeneración. No obstante, su máximo representante —con la categoría de Fiscal de Sala, la máxima de la carrera— será designado a propuesta del fiscal general durante el próximo mes. Para ello, se celebrará una reunión del Consejo Fiscal, el órgano asesor del máximo representante del Ministerio Público, donde están representadas las asociaciones de fiscales. La cita estaba prevista para el próximo 9 de abril, pero finalmente se celebrará el 22. 

Aunque la última palabra la tendrá García Ortiz, se trata de una reunión que se prevé de alto voltaje, dada la negativa de la Asociación de Fiscales a la puesta en marcha de esta unidad. Esta organización apunta a su “posible colisión” con las competencias de Anticorrupción, un departamento creado en 1995 y que, a día de hoy, nadie discute en la carrera. No ocurrió así cuando el Gobierno de Felipe González lo puso en marcha a instancias del Consejo de Europa y con el ánimo de abordar la gran corrupción y la delincuencia económica desde una perspectiva de especialización muy novedosa entonces. 

En ese momento, la Asociación de Fiscales consideró que era “inútil” y “un gasto innecesario”. “Nos parece peligroso, porque es una fiscalía que nace con falta de credibilidad y con falta de utilidad, que, además, va a suponer un gasto grande que era innecesario, porque el problema se podía haber solventado de otra manera”, afirmó su entonces presidente, Juan Ortiz Úrculo, en declaraciones a la agencia Servimedia. 

Fuentes fiscales sostienen que el objetivo es que el trabajo de esta unidad especializada discurra en paralelo al de la Fiscalía Anticorrupción, que sí tiene función jurisdiccional. Explican que estas unidades especializadas no llevan casos concretos y se encargan de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional en relación a algunos delitos concretos y unificar el criterio a seguir. 

Ya existen en áreas como violencia machista, medio ambiente, menores, seguridad vial, criminalidad informática, delitos de odio o memoria democrática, entre otros. Cada unidad está formada por un fiscal de sala y dos fiscales adscritos, que supervisan los escritos de los fiscales delegados de las comunidades y dan indicaciones para garantizar que las investigaciones siguen una directriz común.  

Estas mismas fuentes tampoco ven justificado el supuesto temor a una maniobra política para arrebatar casos a Luzón por mucho que su relación con García Ortiz no pase por su mejor momento. Recuerdan que la ley ya determina que es el fiscal general el que, en última instancia, decide qué asuntos se derivan a este departamento, que sostienen que seguirá encargándose de investigar los grandes casos de corrupción. En la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que perteneció García Ortiz hasta que fue nombrado fiscal general, defienden que la nueva unidad fomentará una especialización necesaria en la carrera.

“Imprescindible”, según el Gobierno

El Gobierno, según recoge un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, considera “imprescindible” la creación tanto de la Fiscalía de delitos contra la administración pública como la de delitos económicos. En ese mismo documento, el Ejecutivo sostiene que “es preciso ampliar a toda la estructura territorial de la carrera fiscal la especialización en estas materias” para “lograr una verdadera y efectiva lucha contra la corrupción y los delitos en los que existe menoscabo del erario”. 

Sin embargo, la Asociación de Fiscales considera una “burla intolerable” que se pongan en marcha ambas unidades “en un tiempo en el que es pública la investigación de diversos procedimientos que afectan al entorno del propio Gobierno”. Además, sostiene que es “inconcebible” que se vaya a cubrir la plaza de Fiscal de Sala de delitos contra la administración pública en un momento en que el fiscal general está siendo investigado por supuestamente desvelar información reservada del comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

“No es de recibo que el fiscal general del Estado vaya a decidir el nombramiento de la persona que habrá de ocuparse de unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal sobre unos delitos como, por ejemplo, la violación de secretos, por el que (…) está siendo investigado”, dicen en un comunicado en el que aprovechan para volver a pedir la dimisión de García Ortiz. A estas críticas también se ha unido la propia Ayuso, que recientemente ha acusado al Gobierno “multiplicar fiscalías de sala para colocar a afines” con la intención de pasar su “rodillo”. 

Las discrepancias en torno a la creación de la Fiscalía de delitos contra la administración pública afloraron ya el pasado octubre, cuando el Consejo Fiscal se reunió para hacer un informe sobre el real decreto en el que figuraba la creación de más de 70 nuevas plazas en la Fiscalía, incluidas las ligadas a esta nueva unidad. Entonces, los seis representantes de la Asociación de Fiscales y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —que tienen mayoría en el órgano— lograron imponer su criterio en el dictamen finalmente aprobado. 

Los tres miembros natos —el fiscal general; la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite— y los dos representantes de la de la Unión Progresista de Fiscales formularon votos particulares al discrepar de la posición de la mayoría. En el caso del nombramiento, la potestad es del fiscal general, aunque es una incógnita si los vocales de la asociación conservadora jugarán la baza de ausentarse de la reunión e impedir que se celebre por falta de quorum, boicoteando así la elección.