La Comunidad de Madrid recortó en 2024 en unos 464 millones de euros su deuda pendiente con los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región. Así se desprende del informe anual publicado este miércoles por el grupo Fresenius, dueño del líder de la sanidad privada en España. 

El recorte, del 50,5% en solo un año, es el mayor descenso de esa deuda del Gobierno madrileño desde que este gigante alemán adquirió Quirón en 2017. La drástica reducción se ha producido el ejercicio en que estalló el escándalo, revelado hace un año por elDiario.es, de los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuyo principal pagador desde hace años es una filial de Quirón, Quirón Prevención.

Una jueza de Madrid tiene previsto tomar declaración al empresario el mes que viene para analizar sus negocios con el grupo sanitario, en los que la Fiscalía aprecia posibles sobornos. Una investigación todavía muy incipiente a la que no se refiere el último informe anual de Fresenius. El documento sí refleja que en 2024, la Comunidad de Madrid dejó de ser el principal deudor de la multinacional sanitaria.

En el informe anual, el grupo alemán explica que cerró el pasado ejercicio con deudas comerciales por importe de 3.500 millones, frente a los 3.676 millones de 2023 o los 7.161 millones de 2021. En 2023 ninguna otra institución debía tanto al grupo como la Comunidad de Madrid: un 25% del total, que equivalía a unos 918 millones. 

Pero en 2024, el peso de la Comunidad de Madrid en la deuda comercial del grupo Fresenius se redujo de forma muy significativa, hasta suponer solo el 13% del total.

De esa forma, lo adeudado por el Gobierno de Ayuso se situó en unos 455 millones. Es la cifra más baja desde que en 2017 el gigante alemán compró Quirónsalud. El pasado ejercicio las aseguradoras de salud alemanas pasaron a convertirse en los mayores deudores de Fresenius, según sus cuentas, con el 14% de esa deuda comercial.

Con excepción de estas cifras millonarias, “el Grupo Fresenius no tiene concentraciones de riesgo significativas, debido a la naturaleza internacional y heterogénea de su estructura de clientes”, explica en su informe anual. elDiario.es preguntó a Quirónsalud, sin obtener respuesta, por los motivos de esta drástica reducción de la deuda pendiente de la Comunidad de Madrid. Se trata de una magnitud que el Gobierno de Ayuso siempre ha rechazado concretar.

El PP ha frenado en la Asamblea de Madrid los intentos de la oposición de que la Cámara de Cuentas madrileña fiscalice la deuda y los contratos con el gigante sanitario. El argumento que ha dado el Gobierno autonómico para no detallar esa cifra es que va variando con el tiempo y las liquidaciones pendientes están sujetas a litigios y se someten a constante revisión.

Es el resultado de un modelo en el que, bajo el sistema de libre elección, Quirón ha multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública madrileña en una década, gracias a los que le llegan derivados del resto de centros, como explicó elDiario.es en diciembre, tras aprobar el Gobierno madrileño un nuevo pago de 114 millones a la Fundación Jiménez Díaz (hospital emblema de Quirón en Madrid) por la actividad extra que asumió en 2022.

Ese modelo público-privado explica que en 2016, nada más anunciar la compra de Quirón, la cúpula de Fresenius reconociera que el negocio más rentable de la antigua Capio son sus conciertos con la sanidad pública. Años después, en 2019, días antes de las elecciones autonómicas que llevaron a Díaz Ayuso a la Puerta del Sol, el principal ejecutivo del grupo alemán, Stephan Sturm, reconoció en otra conferencia con analistas que era “mucho más relevante” para su negocio el signo político de la Comunidad de Madrid que el del Gobierno central. Sturm confiaba en que se mantendría el PP en el poder. Y no se equivocó.

“Proceso vivo”

Hace un año, tras estallar el escándalo de González Amador, el Ejecutivo de Ayuso reunió a un grupo de periodistas para defender la relación de la Administración madrileña con Quirón y marcar distancias con la filial del grupo para la que trabaja la pareja de la presidenta madrileña, Quirón Prevención, cuyo máximo responsable es Fernando Camino, clave en el ascenso profesional de González Amador.

El Ejecutivo madrileño rechazó entonces concretar esa deuda con Quirón con el argumento de que es un “proceso vivo” en el que las dos partes discuten “euro a euro”, tal y como informó El País.

En su informe anual Fresenius cifra el negocio de los hospitales privados en España en 21.000 millones anuales en 2023, frente a los 20.000 millones de un año antes, con una cuota para Helios (como denomina su negocio español) del 14%, dos puntos por encima de la de un año antes.

El gigante sanitario recuerda que el gasto sanitario en España es todavía muy inferior al de otros países occidentales, del 9,6%, del PIB, frente al 16,7% de Estados Unidos, el 11,6% de Francia o el 11,8% de Alemania.

La deuda del Gobierno madrileño con los cuatro hospitales del grupo integrados en la red sanitaria pública madrileña llegó a alcanzar en el peor año de la pandemia, 2020, los 1.248 millones, frente a los 563 millones de 2017. Desde que en 2021 trascendió la relación entre González Amador y Ayuso, esa deuda se ha recortado en cerca de 800 millones, según se desprende del último informe anual de Fresenius.

Se da la circunstancia de que a finales de 2023 Quirón contrató a un experto en arbitrajes internacionales, el abogado del Estado en excedencia José Luis Gómara, que fue director general adjunto del servicio jurídico y vicesecretario del consejo en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con Nadia Calviño como ministra. Gómara conoce a la perfección las entrañas de la Administración. Y estuvo directamente implicado en la defensa del Reino de España ante la oleada de denuncias de inversores internacionales por los recortes a las energías renovables.

Se da también la circunstancia de que los pagos de Quirón a la pareja de Ayuso se multiplicaron por cuatro tras iniciarse su relación con la presidenta madrileña. Esto, solo teniendo en cuenta el ejercicio 2022, el último del que hay datos en el informe de la Agencia Tributaria que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él por los dos delitos fiscales que su abogado reconoció por escrito antes de estallar el escándalo.

Pese a que Ayuso ha hablado de una “operación de Estado” contra ella por la denuncia contra su pareja, la semana pasada las declaraciones de fiscales y peritos de Hacienda confirmaron lo que ya se desprendía del informe de delito que se remitió a la Fiscalía hace algo más de un año: que, durante esa extensa inspección, desconocían que ese tal González Amador era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El empresario está citado a declarar el próximo 10 de abril como investigado por posible corrupción en los negocios. La pareja de Ayuso deberá explicar por qué pagó a finales de 2020 medio millón de euros por una empresa inactiva a nombre de la esposa del directivo de Quirón Fernando Camino, poco después de embolsarse 2 millones en comisiones por intermediar por la venta de material sanitario para la gallega Mape, administrada por el ejecutivo del grupo sanitario y sin relación con Quirón.

La Fiscalía ha pedido que se investigue también al fiscalista Javier Gómez Fidalgo, que representó durante la inspección a la pareja de Ayuso, y que conoce todos los secretos de la trayectoria empresarial de González Amador en los últimos años, incluidos los del periodo de relación con la presidenta madrileña.

Muy cercano a Camino, Gómez Fidalgo administra la sociedad que tiene a su nombre el ático, adicional al piso que González Amador compró tras su fraude fiscal, del que disfrutan Ayuso y su pareja, y del que la presidenta nunca ha dado explicaciones.