El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido que el expresidente Jair Bolsonaro será juzgado por supuestamente orquestar un complot armado para tomar el poder mediante un golpe militar.

La decisión deja al líder de extrema derecha, que gobernó Brasil desde 2019 hasta finales de 2022, ante la eliminación de la política y una posible pena de cárcel de más de 40 años.

El tribunal supremo ha decidido que otros siete aliados cercanos del expresidente también deben ser juzgados por delitos como participación en una organización criminal armada, golpe de Estado e intento violento de abolir la democracia brasileña.

Los otros acusados son los exministros de Defensa de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto y el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; su excomandante de la Marina, el almirante Almir Garnier Santos; su exministro de Seguridad, Anderson Torres; su exjefe de espionaje Alexandre Ramagem; su exministro de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno; y su exasistente, el teniente coronel Mauro Cid, quien, si es condenado, recibirá una sentencia más leve después de llegar a un acuerdo con los fiscales.

Todos ellos están acusados de formar el núcleo de una extensa conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder después de que perdiera por un estrecho margen las elecciones presidenciales de 2022 frente a su rival de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva.

Este miércoles, la mayoría de un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo ha dictaminado que había pruebas suficientes para que todos esos hombres fueran procesados y los declaró oficialmente acusados.

Las acusaciones se refieren a un supuesto plan para dar un golpe de Estado a favor de Bolsonaro en los meses entre las elecciones de octubre de 2022 y los disturbios de extrema derecha que estallaron en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.

Esos ataques, que muchos creen que se inspiraron en el asalto al Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021, fueron supuestamente incitados como parte de un intento desesperado de devolver a Bolsonaro a la presidencia, en contra de la voluntad pública, creando una agitación que justificase una intervención militar.

“Fue una verdadera batalla campal (…) Fue un intento de golpe de Estado extraordinariamente violento”, ha declarado ante el tribunal el juez Alexandre de Moraes, mientras mostraba imágenes de vídeo de los asaltantes bolsonaristas destrozando el Tribunal Supremo y atacando a la policía en la capital.

“Estas imágenes no dejan lugar a dudas sobre la materialidad y la gravedad de los crímenes cometidos”, ha añadido Moraes.

En las semanas y meses anteriores al ataque ultraderechista en Brasilia, se habrían puesto en marcha una serie de maquinaciones para impedir la llegada de Lula al poder. La policía afirma que una de las tramas —conocida como “Puñal Verde y Amarillo”— incluía planes para provocar el caos social y político asesinando a Lula con veneno y matando a tiros al juez del Tribunal Supremo Moraes.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, declaró ante el tribunal que los investigadores policiales habían “descubierto una operación terrorífica para llevar a cabo el golpe, que incluía incluso el asesinato del presidente y el vicepresidente electos, así como el de un ministro del Tribunal Supremo”.

Uno de los planes de asesinato “preveía el uso de explosivos, munición militar y veneno… [y] los operadores sólo no siguieron lo acordado porque no consiguieron cooptar al comandante del ejército”, añadió Gonet, instando a los jueces a juzgar a Bolsonaro y a sus presuntos cómplices.

Bolsonaro rechazó las acusaciones en un extenso comunicado de WhatsApp enviado a sus aliados al comenzar la audiencia el martes, calificando el caso en su contra como “una aberración, como nunca se ha visto antes”. “Me acusan de un crimen que nunca cometí: un supuesto intento de golpe”, afirmó Bolsonaro, insistiendo en que nunca deseó ni sugirió “una ruptura democrática”.

Sin embargo, el expresidente admitió haber discutido con sus colaboradores lo que llamó “alternativas políticas para la nación”.

En el tribunal, los abogados de los acusados también negaron que sus clientes hubieran infringido la ley, aunque muchos se abstuvieron de negar que se hubiera producido un intento de golpe de Estado.

El abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, negó que el expresidente hubiera participado en el levantamiento del 8 de enero o liderado una organización criminal que conspirara para asesinar a Lula y otras altas autoridades.

José Luis Mendes de Oliveira Lima, abogado que representa a Braga Netto, calificó a su cliente de “hombre de reputación intachable” que no era culpable de “ningún tipo de acto delictivo”.

El abogado de Oliveira, Andrew Fernandes Faris, calificó al exministro de Defensa de “hombre muy honorable” y pidió que se desestimaran los cargos contra él.

El abogado de Torres, Eumar Novacki, negó que su cliente formara parte del “macabro drama golpista” y afirmó que la investigación estaba llena de “conclusiones falsas”.

Demóstenes Torres, representante de Santos, también negó que su cliente formara parte de la trama y atacó a los “novelistas de la policía federal” que, según él, habían urdido una narrativa ficticia sobre la supuesta conspiración.

El abogado de Ramagem, Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, afirmó que no tendría sentido que su cliente hubiera intentado destruir la democracia brasileña, ya que él mismo acababa de ser elegido diputado en las elecciones de 2022.

Bernardo Mello Franco, comentarista político del diario O Globo, sostiene que hay pocas posibilidades de que el expresidente evite la cárcel. “Bolsonaro probablemente será condenado, Bolsonaro probablemente será arrestado, o se exiliará, huirá del país … Desde el punto de vista judicial, Bolsonaro está acorralado”.

La mejor oportunidad de Bolsonaro para una “resurrección política” residía en ayudar a elegir a un aliado de derechas en las elecciones presidenciales del próximo año que aceptara indultarle tras tomar el poder. Su hijo diputado, Eduardo Bolsonaro, y su esposa, Michelle Bolsonaro, eran posibles candidatos.

El populista de extrema derecha también apostaba por el apoyo de su aliado exterior más importante, el presidente estadounidense, Donald Trump, en su búsqueda por evitar la cárcel y asegurar su supervivencia política.

“Bolsonaro espera que Trump sea una especie de salvador para él, tanto política como judicialmente. Cree que Trump interferirá de alguna manera en la política brasileña para ayudarle”, dice Mello Franco, aunque sospecha que Trump tiene cosas más importantes que hacer.

“En este momento, creo que Trump parece tener mayores prioridades que Brasil … [y que] los Bolsonaro están prestando más atención a Trump que Trump a Bolsonaro”.