La jueza que investiga al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ha citado a declarar como testigos a una exdirectiva y a un abogado externo de la compañía. A petición de la Fiscalía, la magistrada quiere que ambos testigos respondan sobre la presunta falta de regularización como empleados de los repartidores que operaban como falsos autónomos.

Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada de Barcelona que mantiene imputado a Pierre ha citado a los dos nuevos testigos del caso el próximo 19 de mayo. La exdirectora asociada en materia laboral de Glovo y el abogado externo son las dos personas que contestaron a los requerimientos de la Inspección de Trabajo sobre la regularización de falsos autónomos y que, según han declarado los inspectores, fueron ignorados en su mayoría.

Este miércoles han comparecido ante la magistrada los responsables de la Inspección de Trabajo que realizaron el informe que se derivó a la Fiscalía y que ha terminado con la imputación de Pierre. Tal y como hicieron sus compañeras hace dos semanas, los inspectores jefe han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La versión de los inspectores de Trabajo es que Glovo no regularizó a los repartidores a los que la Justicia había reconocido como falsos autónomos. Según fuentes jurídicas, uno de los inspectores ha mantenido este miércoles que la compañía “se resistió” a contratar como empleados a los riders, pese a las sentencias judiciales a su favor.

Por el contrario, la defensa de Pierre alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

La defensa de Pierre aduce además que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa de autónomos para cumplirlos. En suma, que no se ha cometido delito alguno. En los últimos meses, además, su nuevo modelo de autónomos ha recibido el espaldarazo de varias sentencias de la Audiencia Nacional, en paralelo a la apertura de la causa penal en Barcelona contra su fundador.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de ‘riders’ anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.