Han pasado siete años desde el gran ‘boom’ migratorio que en 2018 trajo a miles de menores que migraron de sus países sin la compañía de sus familias y llegaron a España solos. Hoy, muchos de esos niños y niñas ya son adultos y, después de haber dejado atrás la tutela de las administraciones, han tenido que buscarse la vida por su cuenta. 

Ahora, el 89% de los niños que ya son extutelados trabaja, estudia o hace ambas cosas. Eso significa que sólo hay un 10% de ‘ninis’ (es decir, que ni estudia ni trabaja). Pero la cifra que más destaca es que una de cada dos personas combina formación y empleo, el número más alto desde que se tienen registros. Así se muestra en el informe de 2023 de la FEPA, la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, una de las plataformas de referencia en el trabajo con personas extuteladas. 

El número de jóvenes ‘sísí’ (que sí trabajan y sí estudian) ha crecido 13,8 puntos desde hace una década, un aumento que, desde FEPA, atribuyen a la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería en diciembre de 2021. Las enmiendas establecieron un régimen propio para los jóvenes extutelados que antes caían en la irregularidad cuando llegaban a la mayoría de edad y dejaban de estar bajo la ampara de las administraciones. El texto, entre otras cosas, permitía alargar la duración de las autorizaciones de residencia y relajaba los requisitos para conseguir un empleo. 

Los efectos positivos de esta flexibilidad legal se ven, sobre todo, en los datos de 2022, cuando se dobló el número de jóvenes que accedieron al mercado de trabajo. Si bien es cierto que el año posterior, la cifra de los que tienen un empleo ha bajado en tres puntos, se compensa con el aumento de siete puntos de los que compaginan trabajo y estudios. 

“A pesar de los prejuicios racistas, es muy fácil que encuentren un trabajo porque faltan muchos trabajadores. El problema es qué trabajos les dan: mi hijo puede permitirse cobrar 1.000 euros porque vive con su familia, pero estos chavales que están solos necesitan mejores condiciones laborales. Por eso se ponen a estudiar, para poder acceder a puestos más calificados, con recorrido profesional y posibilidades de crecimiento”, asegura Ferran Rodríguez, presidente de la FEPA. 

La mayoría se decanta por el ciclo formativo de grado medio (19,8%), cursos de formación básica o PFI (19,3%) o formación no reglada con certificado de profesionalidad (16,8%). “Su acicate principal es buscar una salida rápida al mercado laboral”, aseguran desde FEPA. Por eso, aún hay pocos que apuesten por el bachillerato (1,8%) o la universidad (2,51%), ya que necesitan empezar a tener ingresos rápidamente para costearse la vida.

Con todo, la cifra de extutelados (de entre 16 y 25 años) que compagina trabajo y estudios es cinco puntos mayor que la de los que están bajo la tutela de sus familias (ya sean de origen migrado o autóctonos). “A los niños que están solos les exigimos un esfuerzo que no pedimos al resto de la sociedad”, asegura Rodríguez, que recuerda que la tasa de emancipación en España supera los 30 años, mientras que los chavales que no tienen familia tienen que empezar a buscarse un techo cuando cumplen los 18. “Son verdaderos héroes y merecen el respeto de toda la sociedad”, sostiene. 

Entre los jóvenes extutelados que tienen un trabajo, el 42% cuenta con un contrato indefinido, cifra que, en el mismo periodo de la encuesta, asciende hasta el 75% entre el total de menores de 25 años en España. También destaca que, estudien o no, tres de cada cuatro extutelados que trabaja lo hace a jornada completa. 

Pocas ayudas públicas

En 2019, Vox empapeló el metro de Madrid con unos polémicos carteles que aseguraban que los mal llamados MENA cobraban 4.700 euros de ayudas al mes, mientras que “tu abuela” recibía sólo 426 euros de pensión. Ese bulo, que fue desmontado sobradamente por aquel entonces, contrasta con la realidad que muestra la encuesta de FEPA: El 81,10% de los jóvenes extutelados reciben ingresos, pero sólo el 17,15% de ellos provienen de ayudas específicas por su situación. 

Estas ayudas no son para todos ni se dan en todos los lugares de España. De hecho, sólo algunas comunidades como la Valenciana, Catalunya, Navarra, o Baleares cuentan con prórrogas asistenciales a las que pueden acogerse quienes hayan estado, al menos, seis meses tutelados por el sistema y les facilitan algunas ayudas para la vivienda o prestaciones hasta los 23 años. El resto, cuando cumplen 18 años, tienen que abandonar el lugar donde, hasta ese momento, habían estado viviendo y se quedan sin ayudas para estudiar ni alimentarse. 

Por eso, desde la FEPA están presionando al Gobierno para que modifique la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia para que el acompañamiento a la emancipación sea un derecho para todas las personas que hayan sido tuteladas. “Sus derechos no están escritos en ningún lado. Las administraciones que tienen prórroga es porque quieren, pero si mañana el gobierno de turno decide quitarlas, podrían hacerlo”, asegura Ferran Rodríguez. 

De hecho, desde esta entidad aseguran que el “verdadero trabajo” con las infancias tuteladas, especialmente con las de aquellos niños migrantes que llegaron solos, empieza cuando son mayores de edad. Es entonces cuando viene la prueba de fuego: encontrar un trabajo y ser capaces de vivir por su cuenta. 

Pero, al contrario de lo que podría parecer, el verdadero reto no es entrar al mercado laboral, sino conseguir un piso. “El racismo lo encontramos en la vivienda”, resume Rodríguez, quien comparte el caso de cuatro chavales, entre los que suman 6.000 euros al mes, y a quienes “no les alquilan porque son negros”, asegura. “El Estado tiene políticas de formación para los jóvenes, pero los problemas de vivienda los deja en manos del mercado”, se lamenta. 

Es por eso que las entidades requieren asistencia habitacional para los jóvenes, especialmente para los extutelados, que no tienen un hogar ni familia con la que vivir mientras se estabilizan y consiguen ahorrar. De hecho, las plataformas lamentan que el Estado no tenga en cuenta, en general, que estos jóvenes carecen de red de apoyo que pueda sostenerles en sus primeros años como adultos. 

Un ejemplo de ello se encuentra en el 0,8% de jóvenes que perciben el Ingreso Mínimo Vital. Teniendo en cuenta que hay casi dos de cada 10 personas extuteladas que no ingresan nada, serían candidatos ideales para esta prestación. El problema es que, para recibirla, debes tener 23 años y estos chavales están desamparados desde los 18.

“Tienen muchas ganas de integrarse, de formarse y de trabajar. Para eso vinieron, pero están totalmente invisibilizados y discriminados. Aunque, a pesar de eso, están saliendo adelante”, reivindican desde la FEPA.