El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dado un paso radical al desmantelar el Departamento de Educación este jueves, al firmar una orden ejecutiva para deshacer la agencia encargada de la política educativa nacional del país. Con un solo trazo de su pluma, Trump cumple una promesa de campaña que hizo ya en 2016.

¿Qué es el Departamento de Educación?

El Departamento de Educación es una agencia a nivel de gabinete –similar a un ministerio en España– creada por Jimmy Carter en 1979 para supervisar la política educativa nacional y administrar programas de asistencia federal para las escuelas de todo el país.

El departamento maneja un presupuesto de aproximadamente 268.000 millones de dólares y emplea a unos 4.400 trabajadores. Sus principales responsabilidades incluyen la distribución de ayuda financiera federal para la educación, la recopilación de datos sobre las escuelas en EEUU, la identificación de problemas educativos clave y la aplicación de leyes federales que prohíben la discriminación, además de la implementación de legislación educativa aprobada por el Congreso.

Entre sus funciones más importantes está la administración de los programas de ayuda financiera para estudiantes, proporcionando miles de millones en subvenciones, fondos de trabajo-estudio y préstamos a más de 13 millones de estudiantes. La agencia también supervisa programas relacionados con la educación especial, la enseñanza del inglés como segunda lengua y la educación para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Los críticos han cuestionado durante mucho tiempo la necesidad del departamento, argumentando que la educación debería permanecer completamente bajo el control estatal y local. Por otro lado, sus defensores sostienen que desempeña un papel crucial en la protección de la equidad educativa y en el respaldo federal necesario para las escuelas que atienden a poblaciones vulnerables.

¿Puede Trump eliminar legalmente un departamento gubernamental?

Eliminar un departamento entero requeriría la aprobación del Congreso, algo que los conservadores que buscan deshacerse del Departamento de Educación no han logrado en décadas.

Ningún presidente ha conseguido cerrar con éxito una agencia a nivel de gabinete creada por ley. Además, la separación de poderes en la Constitución implica que la autoridad ejecutiva del presidente por sí sola no es suficiente para cerrar la agencia con una simple orden ejecutiva.

La Casa Blanca ha reconocido esta limitación y funcionarios de la administración han confirmado que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para eliminar por completo el departamento.

Por lo tanto, la orden ejecutiva de Trump instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre”, según funcionarios de la administración, trabajando dentro de los poderes del poder ejecutivo. Esto podría incluir la reorganización de ciertas funciones, el nombramiento de líderes alineados con la reducción drástica del departamento y la posible devolución de ciertas competencias a los estados donde la ley federal lo permita.

¿Qué significa este decreto para los estudiantes estadounidenses?

El debilitamiento generalizado del departamento generará una gran incertidumbre para los 50 millones de estudiantes de escuelas públicas en EEUU y sus familias, con impactos que variarán dependiendo de cómo se aplique la orden.

En el corto plazo, la mayoría de los estudiantes probablemente no verán cambios inmediatos en su experiencia educativa diaria, ya que las escuelas operan principalmente bajo control estatal y local, y los presupuestos para el año ya están establecidos. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo podrían ser significativas si los programas federales de educación se modifican o reducen.

Según los expertos, el cierre del departamento pone en mayor riesgo a los estudiantes más vulnerables. Dado que los programas federales apoyan la educación especial, el aprendizaje del inglés y a los estudiantes en situación de desventaja, estos grupos podrían verse más afectados. La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que protege a los estudiantes con discapacidades, es aplicada a nivel federal a través del departamento.

¿Qué pasará con los préstamos estudiantiles?

Existe una gran incertidumbre respecto al sistema de préstamos estudiantiles federales, que actualmente gestiona aproximadamente 1,69 billones de dólares en deuda pendiente para más de 43 millones de estadounidenses.

Si bien la Casa Blanca ha indicado que funciones como la gestión de préstamos estudiantiles continuarán, cualquier interrupción en la distribución de subvenciones, fondos de trabajo-estudio y préstamos podría afectar a más de 19 millones de estudiantes universitarios en EEUU.

Hay dudas sobre qué departamento podría hacerse cargo de estas operaciones. A principios de este mes, Trump sugirió transferir la gestión de los préstamos a alguno de los siguientes organismos: el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio o la Administración de Pequeñas Empresas. El Departamento del Tesoro parece ser la opción más probable.

Los prestatarios que actualmente están pagando sus préstamos probablemente no verán cambios inmediatos en sus requisitos de pago ni en los términos de sus préstamos. Sin embargo, podrían enfrentar incertidumbre sobre a dónde dirigir sus consultas y cómo gestionar sus opciones de pago si las responsabilidades administrativas cambian. Aún no está claro cómo afectará la orden ejecutiva a los nuevos préstamos estudiantiles y al procesamiento de ayuda financiera para futuros estudiantes universitarios.