El debate político en España se suele reducir a tal intercambio de juegos de palabras y chistes malos que se resumen en “y tú más” que es fácil desconectar. Pero entre los chascarrillos diarios, de vez en cuando asusta la frivolidad con la que se usan palabras graves en un mundo cada vez más inquietante. 

Parece absurdo siquiera tener que decirlo, pero no, España no se está deslizando hacia una autocracia ni el presidente del Gobierno es un “aspirante a autócrata”, como han repetido en los últimos días el líder del PP y la secretaria general del partido.

Hay infinitas maneras de criticar la gestión, las decisiones y el estilo del presidente y de sus ministros sin recurrir a palabras extremas que muestran una falta de conocimiento y de respeto ante lo que ya está pasando a nuestro alrededor. Desde luego que hay medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez que no ayudan a consolidar los principios democráticos básicos en un momento en que están amenazados. Y es muy criticable el retroceso en ámbitos como la independencia de la radiotelevisión pública y la politización de la justicia, y el desinterés en medidas básicas como la creación de códigos de conducta, investigaciones parlamentarias independientes y el respeto a las instituciones. Pero hablar de autocracia en España no sólo es incorrecto, sino que es una banalidad peligrosa cuando ahora mismo en Europa y en América la autocracia no es ni una ficción ni una reliquia. 

El concepto de autocracia no se toma a la ligera ni es un sujeto de opinión. De hecho, hay índices y estudios globales que se actualizan cada año para medir el respeto o no a las libertades civiles y los órganos que velan por ellas. Por ejemplo, en el WJP Rule of Law Project, España está en el puesto 25 en el ránking de 2024 que lideran los países nórdicos. En Europa, están en mejores puestos Reino Unido y Francia, y en peores, Italia, Portugal o Polonia. A la cola de los europeos, aparecen Grecia, Bulgaria y Hungría, que está en el puesto 73 del mundo y que los expertos como el profesor de Harvard Steven Levitsky llaman “autocracia competitiva”, es decir, un país donde se siguen celebrando elecciones y hay ciertas libertades, pero las reglas del juego están tan limitadas desde el poder y la persecución de rivales políticos y periodistas es tal que en la práctica los ciudadanos apenas tienen margen de elección. 

El informe recién publicado de la Unión de Libertades Civiles para Europa, una red europea con sede en Bruselas que analiza la calidad democrática con índices e informes sobre el terreno, señala a cinco países de la UE con más riesgos de retroceso democrático en este momento: Italia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovaquia por sus “esfuerzos sistemáticos y deliberados para debilitar el Estado de derecho en todas las áreas”. Además, el informe señala que “Hungría pertenece a una categoría propia en la que los estándares democráticos se han degradado hasta tal punto que hoy no podría entrar en la UE”.

En este análisis pormenorizado, España tampoco es que esté para tirar cohetes en calidad democrática. El informe incluye a España en el grupo de países “por el medio”, pero también destaca que el Gobierno no ha hecho caso de los llamamientos de la Comisión Europea para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y que las decisiones clave siguen dependiendo de los partidos políticos “sin transparencia ni criterios objetivos, perpetuando así la influencia política indebida”. También señala que “las actuales políticas para luchar contra la desinformación se concentran a menudo en restringir la libertad de expresión en lugar de abordar la fuente sistémica del problema: las prácticas de desinformación de actores poderosos como los gobiernos, los partidos políticos y los grandes donantes”. En general, España está igual que el año anterior respecto a los criterios examinados, pero ha empeorado en uno: derechos humanos, que incluye la falta de investigación de abusos policiales, el incumplimiento de sentencias europeas y la falta de protección de derechos básicos, como el de la vivienda. 

Hay pues mucho y concreto de lo que quejarse y por lo que criticar al Gobierno central, responsable último, y a los autonómicos por la parte que les toca. Pero no, España no es ni se desliza hacia una autocracia. No es un país donde el Gobierno trate de deportar a un residente por haber participado en manifestaciones ni donde un académico no pueda acudir a una conferencia por haber criticado una política pública de recortes. No es un país donde un millonario no electo despida a miles de personas y cierre agencias públicas saltándose al Parlamento. No es un país donde el Gobierno incumpla las órdenes judiciales por mucho que las critique. No es un país que amenace a los vecinos con invadirlos. Ni uno donde el presidente del Gobierno eche a los periodistas de sus ruedas de prensa por no utilizar sus palabras ni persiga a los bufetes de abogados que han defendido a oponentes. 

Los chascarrillos diarios -no sólo del PP, sin duda también del PSOE- ya son agotadores y sólo contribuyen a aumentar la desconfianza de los ciudadanos en los gobernantes. Pero las acusaciones tan graves con el uso de la palabra autocracia sólo porque tristemente está de actualidad son peligrosas e insultantes para quienes de verdad ya sufren el desmoronamiento de la democracia.