El Gobierno está analizando una posible reforma que garantice el “carácter gratuito y altruista” de la preparación de oposiciones a juez y fiscal para quienes ahora ejercen esta actividad movidos por una “obligación deontológica”, tal y como afirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe sobre la reforma que propone un cambio integral de esas oposiciones. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que preside Félix Bolaños. 

El Gobierno mueve ficha después del informe del órgano de gobierno de los jueces que hizo estas consideraciones ante la voluntad del Ejecutivo de poner en marcha un registro público de jueces que ejercen como preparadores de opositores, así como la obligación de que tengan que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad. 

El informe del CGPJ define la preparación de oposiciones como “una obligación moral/deontológica” y sostiene que, en muchas ocasiones, obedece a “fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos” a pesar de que se trata de un trabajo por el que cobran a cada opositor entre 200 y 300 euros al mes. El dictamen, que fue aprobado por unanimidad este miércoles, afirma que esta actividad es “una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial” y que no siempre tiene “fines mercantilistas”.

Ahora, el Gobierno afirma que está evaluando diferentes mejoras del texto a partir de las recomendaciones del Consejo. Por ejemplo, en el ámbito de la preparación a opositores por parte de jueces en activo, que el informe define como una “obligación” que asumen los jueces de manera “generosa”, el Ejecutivo está analizando una posible reforma que garantice el carácter gratuito y altruista de esta preparación por parte de los que ahora ejercen esta actividad movidos por dicha obligación deontológica. 

En el régimen actual sólo deben pedir esta autorización si esta actividad les ocupa más de 75 horas anuales. Además, nadie vigila a quien no solicita ese permiso. El anteproyecto prevé exigir “en todo caso” la concesión de compatibilidad por parte del CGPJ a los jueces que preparen oposiciones (también a los que imparten charlas o conferencias). E impone al órgano el deber de poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones. 

El Gobierno afirma que está “satisfecho” con el informe aprobado por el CGPJ. Sostienen que “avala el núcleo del anteproyecto” presentado por el Ejecutivo: el blindaje legal de las becas para acceder a los principales cuerpos de la Administración de Justicia, la clarificación de la carrera profesional de jueces y magistrados, la regulación garantista de los principios de selección o el voto telemático para la elección garantista y transparente de las salas de gobierno de los tribunales.

No obstante, el informe también sostiene que otros aspectos generan “dudas” sobre su “falta de idoneidad”. Así, considera “absolutamente general y abstracta” la regulación que está detrás de la pretensión de convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. O cuestiona que no se concrete “qué es lo que se trata de valorar” a través de ese caso práctico que se va introducir en los nuevos exámenes para dejar atrás el actual modelo, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. 

El dictamen también cuestiona dos de las medidas que prevé el anteproyecto para aumentar el número de jueces. Se trata, por un lado, del acceso por el llamado cuarto turno, que permite entrar en la carrera a profesionales de otras especialidades del Derecho a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ considera “discriminatoria” y no “justificada” la voluntad del Gobierno de reconocer a quienes ingresen de este modo a la carrera cinco años de servicios prestados en la categoría de juez en el orden jurisdiccional por el que hubieran accedido.

Por otro lado, el dictamen pone objeciones a la regulación que establece la norma para estabilizar la situación del alrededor de un millar de jueces sustitutos. Según el dictamen, no se da la “situación excepcional” que exige la jurisprudencia constitucional para adoptar esta medida. Además, dice que “no se considera aceptable” que se establezca una compensación económica para los profesionales que “estando en activo” como sustitutos o suplentes “no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración”. 

Según el Gobierno, el informe contiene diversas “recomendaciones de carácter técnico” que el Gobierno va a analizar de forma pormenorizada antes de remitir el anteproyecto al Congreso de los Diputados.