La Justicia ha dado un nuevo varapalo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se niega a facilitar un alquiler social a afectados que fueron desahuciados por Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de 3.000 pisos públicos en 2013 y participada al 97% por Goldman Sachs. 

Ángela (48 años) y sus tres hijos fueron desahuciados en 2016 después de siete años residiendo en una vivienda social en el barrio de Valdecarros. El Gobierno autonómico le adjudicó ese piso con una reducción del alquiler del 95% por su “especial necesidad”. Con el cambio de casero desapareció la bonificación social y ya no pudo hacer frente al alquiler que les reclamaba el fondo. 

Después de que la Justicia anulase la venta de los 3.000 pisos públicos a Encasa Cibeles, Ángela empezó en 2022 un nuevo procedimiento para obtener un nuevo piso público por “sus especiales circunstancias personales y familiares”. El Gobierno de Ayuso rechazó su solicitud, pero un juzgado anuló en septiembre del año pasado la resolución autonómica y determinó el derecho de la afectada a obtener un nuevo alquiler social. “La Administración que recuperó la propiedad de las viviendas transmitidas por un contrato declarado nulo de pleno derecho, ha de responder a la necesidad habitacional de la recurrente que ella misma ha creado”, determinó la magistrada de un juzgado de primera instancia.

Ángela y uno de sus hijos

En este caso, según expuso la sentencia, la Comunidad de Madrid tomó la decisión sin “valorar las circunstancias sociales y económicas” en las que se encontraba la recurrente. Una vez dictado el primer fallo, el Gobierno de Ayuso lo recurrió. El equipo jurídico autonómico aseguró que la administración regional “no está obligada a resolver la situación habitacional” de la demandante. Una afirmación que ha desestimado de nuevo la Justicia en una reciente sentencia emitida el 6 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que destaca que el Ejecutivo autonómico “no valoró las circunstancias concretas de la recurrente, tanto económicas como personales, para conceder o denegar la vivienda solicitada por su especial necesidad”. 

“El desahucio de la recurrente vino motivado por la modificación del precio de la renta que a su vez tuvo lugar por el cambio en el arrendador del inmueble de la entidad pública a una sociedad privada mediante un contrato de venta declarado nulo en sentencia firme”, determinan los magistrados del TSJM. Y añade: “Tales circunstancias debieron ser valoradas antes de la denegación de la solicitud de vivienda que efectuó la administración, que no puede desentenderse ni de los antecedentes jurídicos del supuesto ni de las circunstancias personales y económicas de la recurrente”. 

Esta sentencia también confirma “el derecho de la actora a acceder a una vivienda de la AVS [Agencia de Vivienda Social] en condiciones similares a la situación anterior” a la venta de su casa al fondo norteamericano. Las magistradas justifican esta decisión, señalando que la defensa de Ángela, el abogado César Pinto, acreditó en su solicitud “las condiciones de vulnerabilidad previstas” para la concesión de una nueva vivienda social. Tras perder la bonificación social y ser desahuciada, esta mujer abandonó la Comunidad de Madrid en busca de un piso asequible. Ahora, está a la espera de que la Justicia confirme con una sentencia firme si puede volver a vivir en un piso público.

Con este fallo, Ángela ha conseguido abrir una nueva brecha en el conflicto que tienen centenares de afectados por la venta de 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs. De esta forma, ha logrado que en segunda instancia se confirme el derecho de damnificados por esta decisión del Gobierno de Ignacio González (PP) a una nueva vivienda pública.