J.C.B –a quien llamaremos Jacinto– y M.I.C.B –a quien llamaremos Mónica– creían que alquilaban una casa cuando realmente se estaban metiendo en un laberinto. “El chollo” que había encontrado esta pareja resultó ser “una estafa”. Un particular les alquiló en enero un bajo de tres habitaciones por 500 euros al mes. Menos de lo que cuesta en estos momentos una habitación dentro de un piso a compartir en Palma, la ciudad en la que nació ella y donde vive él desde niño. No hay que sacar la calculadora para comprender por qué a Mónica y Jacinto les importó poco mudarse a un pueblo, Sineu. Un alquiler tan bajo les permitía independizarse, llegar a final de mes, criar a su hija en un espacio propio. 

Pero el plan no ha salido, dicen, como esperaban. El edificio en el que se encuentra su nuevo hogar lleva más de diez años en el limbo. Aunque está casi terminado, no tiene cédula de habitabilidad. Nunca se concedió el final de obra. El casero que, según esta pareja, entregó las llaves, no es el dueño de la vivienda. El arrendamiento que se firmó es papel mojado, por tanto.

Jacinto y Mónica guardan ese contrato con otro documento que les quita el sueño: la demanda de desahucio que les enfrentará en el juzgado con los verdaderos dueños, una constructora. El juicio estaba previsto para el 9 de abril, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Inca lo ha pospuesto. Desconocen cuándo se celebrará.

El edificio carece de contador.

La finca en la que viven Mónica, Jacinto, su hija y diez personas más está en las afueras de Sineu.

La historia comienza durante las últimas semanas de 2024. En Camp Redó, un barrio palmesano de clase trabajadora. Jacinto cuenta que entró en un bar del Carrer Cotlliure por el que se dejaba caer de tanto en cuanto, que “un señor que conocía” le habló “de otro señor que alquilaba unos pisos en Sineu por 500 euros, bastante asequible para lo que ves por ahí”, que les puso en contacto y quedaron para conocerse “en ese mismo bar unos días después”, y que el alquiler era tan barato que, en cuanto les enseñó el bajo, se tiraron de cabeza a por él. “Con todo el traslado de la mudanza fue una Navidad muy rara”, dice Jacinto, “pero merecía la pena; en Palma, por mucho que buscáramos, no íbamos a encontrar nada así”. Juntaron 1.500 euros (“Dos meses de fianza más el mes corriente”), los pusieron en la mano del casero y quedaron en verse a principios de febrero para pagar la siguiente renta. 

“El hombre desapareció y no hemos podido localizarlo. El móvil que nos dio está apagado. Los primeros días mandó a un tipo que recogió el material de obra que había dentro de las casas, puso enchufes y se largó. Lo mismo que ha hecho con nosotros lo hizo con las otras tres familias que viven en el edificio. Entramos todos a vivir a la vez. Somos unas doce personas, y hay unos cuantos niños. Nosotros tenemos a una menor a nuestro cargo”, dice Mónica. Quien sí apareció, cuando llevaban pocos días en la casa, fueron las fuerzas del orden: Policía Local y Guardia Civil. A decirles que estaban durmiendo en un lugar sobre el que no tenían ningún derecho. Para Tomeu Mulet Florit, el alcalde del pueblo, son okupas. “Estamos hablando de una gente que está en una propiedad que no es suya. Se tendría que cambiar totalmente la ley y, en diez minutos, ya tendrían que estar fuera”, dijo Mulet a las cámaras de IB3. elDiario.es ha intentado ampliar el punto de vista del alcalde sobre esta historia durante los últimos días, pero no ha atendido a nuestras solicitudes.

El alcalde les tacha de “okupas” y no pueden empadronarse

Sineu no pasa de los cinco mil habitantes, pero en el mapa de Mallorca tiene importancia. Está casi en el centro de la Part Forana, a medio camino entre Inca y Manacor, a media hora larga de Palma en coche y menos de una hora en tren. Dispone de centro de salud, instituto y su mercado, cada jueves, es un acontecimiento que resiste al transcurrir de los siglos. Todos esos motivos pesaron para que Mónica y Jacinto eligieran mudarse allí. Como le ocurre a otros pueblos del Pla mallorquín, Sineu se mueve entre dos mundos: el rural (fincas ganaderas y agrícolas) y el turístico (fincas reconvertidas en hotelitos campestres o segundas residencias). Una sociedad homogénea, lingüística y culturalmente, pero, a la vez, un micromundo donde muchas sensibilidades políticas están representadas. No es un entorno bipartidista. Como también suele ocurrir en otros municipios del Pla mallorquín, las mayorías absolutas son una rareza en Sineu. Hasta que Tomeu Mulet la consiguió hace dos años. 

Hay quien dice que, por su manera de gobernar, vecinos del pueblo que votan a Més x Mallorca o al PSIB en unas generales o autonómicas meten, en cambio, la papeleta del Partido Popular en las elecciones locales. En las de 2023, con la misma participación (del 73%), el PP se llevó el 62% del voto en las municipales y cayó al 44% en las baleares. Lo dicen los números: el alcalde Mulet, que recibió la vara de mando, en 2019, gracias a un pacto con Ciudadanos, inspira confianza. Jacinto y Mónica, sin embargo, no pudieron creerle cuando le escucharon decir en IB3 que el Ajuntament de Sineu “nunca niega la atención de los servicios sociales, sobre todo si hay menores”. La pareja lleva dos meses batallando “por un certificado de vulnerabilidad”: “Nos están poniendo pegas y nos mandan a asuntos sociales de Palma porque estamos empadronados allí. Pero es que se niegan a empadronarnos en Sineu y nos tienen que empadronar. Por ley. Estamos aquí, se tienen que ocupar ellos”.

Los inquilinos aseguran que son víctimas de una estafa y que, a cada familia, el presunto casero le cobró 1.500 euros.

Los vecinos denuncian que sufrieron un intento de sabotaje de los suministros.

Jacinto saca del cajón donde guardaba el contrato, la citación judicial y dos papeles más. Uno tiene fecha de 18 de febrero.

–¿Es el intento de empadronamiento?

–Equilicuá.

Una solicitud denegada: por eso, la hija de Mónica y Jacinto no ha podido matricularse en el colegio que tienen a cinco minutos de casa. Cada mañana, la llevan a Palma en tren. Si no figuran en el padrón, tampoco podrán conseguir, cuentan, “un certificado de vulnerabilidad”. Indispensable para frenar el desahucio. Sí están preparando su defensa, explican, “con un abogado, de oficio” y el asesoramiento de la PAH. Según cuentan, mientras estaban en el Ayuntamiento, “alguien les reventó las tuberías”. “Nos querían dejar sin suministros: eso fue una maldad”. El segundo papel que muestra Jacinto es una denuncia formalizada en el cuartelillo que la Guardia Civil tiene en Sineu. La presentaron contra el hombre que presuntamente les estafó. Dan sus datos (nombre, apellido, DNI), pero, en cambio, Jacinto dice desconocer el nombre del bar en el que se conocieron y donde cerraron el acuerdo.

El contrato de alquiler es sencillísimo. Una página, sin apenas declaraciones ni cláusulas. Un formato predefinido con unos huecos rellenados con tinta de bolígrafo.

–¿No sospechasteis que podía tratarse de una estafa? ¿Por qué firmasteis un contrato así?

–Por desesperación. Era un señor mayor, puso su carné, le dimos un voto de confianza. La realidad es que se ha comido mil quinientos euros de cada uno, hizo la jugada. Por desgracia, hay mucha gente que hace eso.

Responde Mónica. Y dice Jacinto:

–Me pongo en la parte del propietario: yo tampoco querría tener a nadie en mi casa por la cara. Nosotros no queremos vivir aquí de gratis, me gustaría hablar con ellos y con el Ayuntamiento (no ha sido posible de momento) y ver si podríamos conseguir un alquiler social. Hay muchas viviendas vacías; en este pueblo, sin ir más lejos. Teniendo en cuenta cómo está la vida ahora, en vez de dar facilidades y que la gente no tenga que meterse de okupa, lo están poniendo todo peor. En general está subiendo todo, pero el tema de los pisos ha subido una barbaridad. No se puede vivir. La situación es muy triste. En Mallorca, antes, alquilabas un piso, se te acababa el contrato y a la semana ya estabas en otro. Ahora te las ves y te las deseas para encontrar un piso en condiciones. Te piden 5.000 euros para entrar… ¡Son tres nóminas! He llegado a ver una habitación por 700 euros. Y encima no te alquilan si tienes hijos. ¿Qué haces si tienes niños? ¿Te los tragas? Ahora ella está embarazada, viene otro bebé en camino.

–¿De cuánto estás, Mónica?

–De dos meses. [Silencio] Va a llegar un momento en el que los mallorquines se van a tener que ir de la isla. Los únicos que van a poder vivir aquí son los que tengan un puesto de trabajo con un sueldo muy alto, con un nivel para poder permitirse vivir en una casa. Hoy en día, o compartes el alquiler con la familia, como me ha pasado a mí, o lo compartes con amigos, o rentas una habitación. 

Aunque las casas son habitables, las zonas comunes están por rematar.

“No nos iremos por 6.000 euros”

Jacinto y Mónica están en la treintena. Él nació en Sevilla, pero llegó a Mallorca de niño y siempre vivió en el centro de Palma, “cuando los alquileres eran baratísimos”: “Hasta hace unos años, yo pagaba 650 euros por un piso en la segunda línea de El Arenal. Ese precio hoy es impensable”. Ella tiene dos apellidos muy comunes en la isla y se crió “en la Puerta de San Antonio”. Aunque las murallas cayeran hace un siglo, Sant Antoni siempre será la entrada principal, por el este, al casco histórico de Palma, pero el barrio ha cambiado mucho. Antes se ganó fama de marginal. Drogas y prostitución. Hoy es el pasillo que conduce al meollo turístico. La casa en la que se crió Mónica, expropiada por el Ajuntament de Palma para crear una plaza, ahora tendría un valor inmobiliario mucho más alto. Les dieron como indemnización “dos o tres millones [de pesetas] y otro piso, cerca, en Vía Sindicato”. 

Con la familia de ella vivían antes de saltar a Sineu. “Nueve personas en un piso”, explica Mónica. Fueron diez. Su madre, que sufría demencia, murió hace unos meses. Ella dejó de trabajar como limpiadora años atrás para cuidarla. Su padre, que todavía vive, “está muy mayor” y no podía ocuparse de su mujer.  El dinero que tiene Mónica para pasar el mes son los 658 euros del ingreso mínimo vital. Jacinto espera que lo llamen pronto del hotel donde trabaja como cocinero. Es fijo-discontinuo. Una caída en bicicleta lo tuvo de baja gran parte de la temporada pasada.

Vuelve a hablar Mónica:

–Es triste vivir así, la verdad, y deprimente que te pongan tantas pegas para alquilar un piso, y que tengan pisos vacíos y que no hagan esto que te digo yo, que pongan un alquiler asequible para lo que uno haga. Yo no puedo pagarte un alquiler de mil, mil doscientos, mil quinientos, y hasta mil seiscientos, que los he visto. ¿Cómo pago luz, cómo pago agua, cómo llego a final de mes, cómo pago gasolina si tengo que llegar a un trabajo, cómo pagas los gastos imprescindibles, como comprar un medicamento? Estoy luchando por un techo: nada más. No sé si nos ocurrirá, pero ya te lo digo porque sé que ha pasado en otros sitios: si nos ofrecen una cantidad de dinero, cinco, seis mil euros, por marcharnos no nos vamos a ir. ¿Qué haces con ese dinero? No da para vivir ni dos meses.