El juzgado de instrucción que investiga el escándalo de la FP que acecha al Gobierno de Ayuso ha tomado declaración este jueves a Alfonso Mateos, investigado y subdirector de FP de la Comunidad de Madrid hasta marzo de 2024. En ese momento, la Consejería de Educación lo cesó fulminantemente apuntándole como responsable principal de un sistema ilegal de construcción: obras millonarias en institutos de secundaria se hicieron pasar por contratos menores para evitar sacarlas a concurso y se dieron a dedo. Para ello, se trocearon facturas en importes inferiores de 40.000 euros, lo cual ha provocado una investigación por posible prevaricación tras una denuncia judicial de Podemos. En la causa están también personados CCOO; Más Madrid y el PSOE, pero la jueza ha impedido a la Comunidad de Madrid ser acusación y parte perjudicada.

Mateos ha confirmado este jueves ante la jueza de instrucción que el sistema de contratación ha sido este “desde siempre”, que se metían como gastos de funcionamiento obras que no eran de funcionamiento y se ha defendido diciendo que las construcciones en centros educativos no eran de su competencia. El excargo de Educación ha señalado que, de hecho, este sistema (que puede constituir un delito) se promovía desde la Consejería, entonces en manos de Enrique Ossorio –hoy presidente de la Asamblea y persona cercana a Isabel Díaz Ayuso– porque desde la Consejería le decían que no querían que los centros tuvieran un presupuesto ordinario demasiado grande, y que por tanto se trabajaba de esta manera, troceando obras, según han relatado fuentes conocedoras del interrogatorio.

En su declaración ante la Fiscalía hace un año, Mateos mantuvo la misma posición y describió con detalle ante el fiscal el procedimiento para construir que está ahora bajo investigación. Un entramado que implica a varios departamentos de la Consejería de Educación, como acreditan otras fuentes consultadas por elDiario.es. De hecho, era el propio consejero quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras cuando se llevaban a cabo construcciones. También reveló en su declaración por el pabellón sanitario de instituto Ciudad Escolar –el primer caso que se conoció y en el que se presupuestaron 2,5 millones de euros sin contrato y a dedo– que cuando llegó al puesto, en 2017, “esta mecánica ya se hacía” y “que no solo se llevaron a cabo este tipo de operaciones con estos centros, sino con muchos otros como por ejemplo IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral, Antonio Machado”. elDiario.es ha acreditado una decena de obras ilegales, pero fuentes educativas calculan que estas pueden ser solo la punta de iceberg.

La actual Consejería, dirigida por Emilio Viciana, fue la que pasó el caso a la Fiscalía, después de que uno de los empresarios que no había cobrado enviara burofaxes y avisara de que iba a sacar el tema a la luz. Además de a Ossorio como anterior consejero, esta investigación compromete también a quien era su mano derecha, Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda de Ayuso y una de las personas clave de su gobierno. elDiario.es ha acreditado obras en casi todas las direcciones territoriales, bajo distintos directores generales e incluso en edificios que no dependían orgánicamente de Mateos.

Además del exsubdirector, este jueves han declarado en el juzgado de instrucción dos directores de centro a los que la consejería de Viciana ha expedientado y ha colocado, junto a Mateos, como sospechosos, aunque son profesores con cargo y no tienen capacidad de gestionar más que el dinero que se les envía desde la propia Consejería, como acreditan fuentes conocedoras. Ambos han señalado que no decidían nada, ni licitaban, que todo “venía de arriba”, que simplemente les llegaban las facturas y órganos superiores les indicaban que había que abonarlas y cómo. elDiario.es acreditó en su día correos en los que los directores preguntaban a Mateos y este les daba las órdenes de cómo pagar y desde qué cuentas.