Alberto González Amador vivió en el anonimato los primeros compases de su relación con Isabel Díaz Ayuso. Un “técnico sanitario”, según vendió el entorno de la presidenta madrileña a la crónica rosa, que en realidad era un empresario y comisionista que hizo fortuna durante lo peor de la pandemia con las mascarillas. La exclusiva publicada hace un año por elDiario.es reveló que detrás del ‘ciudadano particular’ se escondía ‘Alberto Quirón‘, acusado de defraudar 350.000 euros usando facturas falsas y ahora también de sobornar a un directivo del gigante sanitario Quirón. También que él y la presidenta madrileña viven en un piso y disfrutan de un ático por el que no se sabe cuánto pagan ni a quién. El empresario se enfrenta a un doble proceso judicial mientras su estrategia legal paralela va camino de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado por revelación de secretos.

La primera exclusiva de elDiario.es reveló que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. Porque durante la pandemia había ganado más de dos millones de euros intermediando en operaciones de compraventa de material sanitario, pero había elegido, además, pagar lo menos posible a Hacienda. La investigación ha demostrado que usó un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para imputar gastos inexistentes a su empresa, Maxwell Cremona, y en la práctica redujo drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades.

La denuncia y la apertura de una causa judicial llegaron después de más de un año de exhaustiva investigación por parte de la Agencia Tributaria, donde saltaron las alarmas al ver que la facturación de González Amador se había multiplicado mientras que su factura fiscal, incluso, había descendido con respecto a años anteriores. En la lista de denunciados por la Fiscalía están él, su empresa y también los que supuestamente colaboraron para hacer las facturas falsas. Y en la nómina de trabajos tan facturados como inexistentes hay intentos fallidos de vender vacunas a Costa de Marfil, un presunto testaferro mexicano difícil de localizar e incluso el intento de desgravarse un saxofón. La sota, el caballo y el rey, según la Fiscalía y Hacienda, del fraude fiscal.

Una investigación en la que este periódico ha desvelado que Isabel Díaz Ayuso y su pareja viven en dos pisos: el que compró González Amador en Chamberí después de dar el pelotazo de las comisiones en la pandemia, y el ático de lujo ubicado justo encima. Un ático por el que no se sabe cuánto pagan ni tampoco a quién y que es propiedad de un empresario conectado con Fernando Camino. El directivo de Quirón que propició su pelotazo de la pandemia y a quien sobornó la pareja de Ayuso, según la Fiscalía y las acusaciones populares.

El último movimiento de la Fiscalía ha sido pedir una nueva imputación a la jueza: la de Javier Gómez Fidalgo. El fiscalista que representó a González Amador mientras estaba siendo investigado por Hacienda y que, según el Ministerio Público, realizó afirmaciones “falsas” durante la inspección. También es el administrador de la sociedad propietaria del ático del que disfrutan el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alberto González Amador, tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla

La causa contra González Amador se ha desarrollado a un ritmo extraordinariamente lento en el juzgado de instrucción 19 de Madrid. La magistrada no tomó declaración al empresario hasta su quinto intento, cuando el primer aniversario de la apertura de diligencias estaba a punto de cumplirse. El empresario se acogió a su derecho a no declarar y la instructora, 12 meses después de asumir el caso, ha tocado a rebato y ha puesto en marcha las diligencias habituales en casos de evasión fiscal para llevar el caso a juicio: que comparezcan los peritos que certificaron el fraude para ratificar sus informes.

En origen, ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria ni el propio González Amador tenían muchas dudas sobre cómo iba a terminar este asunto: con una condena. El propio empresario fue dejando pistas a lo largo del proceso. Intentó retirar varias facturas falsas e incluso pagar sus deudas fuera de plazo, pero Hacienda le explicó que nada de eso iba a evitarle la llamada del juzgado. Fue entonces cuando Alberto González Amador y su abogado cogieron el camino más rápido e indoloro: reconocer los hechos, pagar su deuda, evitar la cárcel y zanjar el asunto lejos de los focos.

La pareja de Ayuso hizo su primera oferta de pacto en febrero de 2024. Un mes antes de ser denunciado, ya reconoció los hechos y se ofreció a pagar medio millón y aceptar ocho meses de condena a prisión a cambio de no pisar la cárcel. Su abogado, Carlos Neira, no era ningún desconocido para la Fiscalía y recibió un trato exquisito del Ministerio Público: se le remitió la denuncia por correo electrónico, comentaron en persona el asunto y la Fiscalía de Madrid ni siquiera se dio cuenta de que era la pareja de Ayuso.

No se emitió un comunicado sobre su caso y eso mostró a González Amador la luz al final del túnel: si lo zanjaban todo con un acuerdo ante un juzgado de lo penal, nadie tenía por qué enterarse de nada. Nadie entraría a la cárcel, nadie recurriría, nada trascendería a las bases de datos públicas y todo sería un secreto entre el empresario, el juez, el fisco y la Fiscalía.

La confesión de González Amador

El 12 de marzo de 2024 la estrategia silenciosa de González Amador saltó por los aires después de que elDiario.es revelara el caso. Fue entonces cuando su pareja Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular y altos cargos de la Comunidad de Madrid asumieron la defensa del empresario. Todos mintieron durante semanas, afirmando que todo era una persecución del Estado contra un “ciudadano particular”, que no había cometido ninguna ilegalidad y que, incluso, era Hacienda la que debía dinero al comisionista.

La confesión de González Amador no se conoció hasta la última hora de la noche del 13 de marzo, casi 24 horas después de que elDiario.es destapara el caso. Los detalles completos no trascendieron hasta tiempo después. Durante todos esos días la presidenta madrileña y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, estuvieron mintiendo a sabiendas: sabiendo que su pareja ya había confesado los hechos ante la Fiscalía y que llevaba más de un año siendo investigado cuando nadie, ni en Hacienda ni en el Ministerio Público, sabían que era pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Comunidad y figura histórica de la comunicación política del PP desde los primeros años de José María Aznar, asumió personalmente la defensa de González Amador –a quien tenía guardado en la agenda como “Alberto Quirón”– haciendo lo que mejor sabe hacer. Rodríguez amenazó a elDiario.es, inventándose que periodistas de este medio habían intentado entrar encapuchados en casa de la presidenta madrileña y, finalmente, difundiendo la madre de todos los bulos: que la Fiscalía le había ofrecido un pacto pero después lo había retirado por órdenes de la cúpula.

Rodríguez remitió esa información a decenas de periodistas en la tarde del 13 de marzo sabiendo que era mentira. Porque un día antes el propio González Amador le había remitido un correo que el fiscal Julián Salto había escrito a su abogado, donde no se ofrecía un pacto ni se daba cerrojazo a las conversaciones. La publicación de esa versión falsa de los hechos, primero parcialmente por El Mundo y después sin matices por parte de otros medios, llevó a la Fiscalía a recabar la información del caso con un comunicado.

Todas las fiscalías implicadas, tanto la General como la de Madrid, concluyeron esa noche que había que desmentir los hechos. Pero la primera apostó por hacerlo rápido y pedir esa misma noche toda la información al fiscal Salto, mientras que la de Madrid apostó por esperar para desmentir el bulo. Al día siguiente se emitió un comunicado con algunos detalles del caso que fueron inmediatamente denunciados por González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras declarar ante el Supremo

El fiscal general, al borde del banquillo

Ese comunicado se transformó en una causa judicial por revelación de secretos que, meses después, ha terminado en el Tribunal Supremo con el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid imputados y a la espera de lo que parece inevitable: que el caso llegue a juicio. Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez han negado con rotundidad haber filtrado detalles a la prensa –como el email con la confesión que fue publicado por varios medios– después de que el juez Ángel Hurtado haya ido variando el objeto de la investigación del comunicado a la filtración y vuelta al comunicado.

Una causa que arrancó con un bulo lanzado desde el teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, uno de cuantos difundió esos días con ayuda de diversos medios de comunicación, y que ha avanzado a un ritmo mucho más rápido que la acusación de fraude fiscal contra González Amador. Todo mientras el empresario y sus abogados presentan demanda tras demanda contra los políticos, periodistas y partidos que se han referido a él como “defraudador confeso”.

Un año en el que, por tanto, Alberto González Amador y su entorno han ganado, sin duda, la batalla del calendario: sus iniciativas judiciales han obtenido resultados mucho antes que su acusación de fraude fiscal. Pero en las últimas semanas el empresario se ha encontrado con un problema que ha vuelto a hacer saltar el tablero con todas sus fichas: una segunda investigación por su relación económica con el gigante sanitario Quirón.

Un presunto soborno

Tal y como ha ido detallando elDiario.es en el último año, González Amador tiene un cliente principal: Quirón Prevención. Y dentro de sus múltiples relaciones comerciales con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, la pareja de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigado por las operaciones comerciales relacionadas con Fernando Camino, uno de sus directivos. Sobre todo si compró una empresa de su mujer muy por encima de su valor real y si lo hizo, como sospechan la Fiscalía y las acusaciones de PSOE y Más Madrid, a modo de soborno.

Después de muchos meses, la causa contra González Amado ha revivido y el empresario se encuentra en una encrucijada. La de decidir si mantiene su pacto con la Fiscalía en la causa por fraude fiscal mientras se expone a una segunda investigación por más delitos, una causa con un alcance imprevisible. Los plazos, mientras tanto, corren a su favor y ha pedido que la investigación primigenia se suspenda.

Isabel Díaz Ayuso y su entorno político han tenido que cambiar el tono de su defensa ante la apertura de una segunda causa que lleva el nombre de uno de los gigantes sanitarios del país y con una relación especialmente estrecha con la Comunidad de Madrid. “Es de los mejores grupos sanitarios de Madrid”, defendió la presidenta en la Asamblea regional. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la apertura de esta pieza separada.

La causa que arrancó con una acusación por fraude fiscal, al cabo de un año, se ha convertido en una hidra de muchas cabezas. Lo que parecía una apuesta segura y discreta de González Amador por el pacto se ha convertido en una doble causa judicial que explora sus relaciones con el grupo Quirón. Los intentos de la Fiscalía por desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez se han convertido en una causa judicial en la que el abogado del empresario ha intentado que varios periodistas revelen sus fuentes. Y dos decenas de políticos, periodistas y partidos esperan turno en los juzgados y tribunales para explicar por qué llamaron defraudador o delincuente confeso a un hombre que había reconocido que “ciertamente” había cometido dos delitos fiscales.

Fuera del juzgado, la exclusiva de elDiario.es ha planteado una serie de preguntas sobre cómo la vida de Isabel Díaz Ayuso se ha cruzado con el fraude fiscal de Alberto González Amador. Dudas sobre quién paga y cuánto paga por el ático del que disfrutan ella y su pareja, a nombre de una sociedad cuyo rastro lleva a un fiscalista conectado, nuevamente, con Fernando Camino.

La denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador ha tardado 365 días en transformarse en dos causas judiciales contra él, otra contra el fiscal general del Estado y decenas de causas penales y civiles abiertas contra los que se han referido a él como un “defraudador confeso”. Un año en el que se ha descubierto que, en realidad, el “técnico sanitario” era un comisionista que ganó millones de euros durante la pandemia y usó facturas falsas y empresa pantalla para, según reconoció él mismo por escrito, pagar a Hacienda lo menos posible.